A un año de la muerte de Franco Vargas: una responsabilidad que recae sobre todo el Ejército
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A un año de la trágica muerte del soldado conscripto Franco Vargas, ocurrida durante una marcha de instrucción en Putre, el Estado intenta –tardíamente– dar señales de justicia. Este domingo, mientras la familia del joven conmemora su irreparable pérdida, la fiscalía se prepara para formalizar a cuatro funcionarios del Ejército, acusados de apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones a decenas de otros conscriptos.
En una ceremonia ecuménica organizada este sábado en el Ministerio de Defensa, encabezada por la ministra Adriana Delpiano y otros altos funcionarios de Gobierno, se reiteró el compromiso de impulsar cambios en el Servicio Militar y de buscar justicia para Franco Vargas. Sin embargo, más allá de las palabras y los gestos oficiales, el hecho es ineludible: el joven de 19 años murió bajo custodia de la institución castrense, en condiciones que reflejan una brutal negligencia y una cultura militar de deshumanización que sigue operando bajo el amparo del Estado.
La muerte de Vargas –cuyas causas, según la autopsia, se relacionan con una miocarditis agravada por el estrés físico, la altura y un cuadro respiratorio no atendido adecuadamente– no es un hecho aislado ni una «desgracia» accidental, como intentaron presentar inicialmente las autoridades castrenses. Es el resultado directo de prácticas de instrucción abusivas, de la falta de protocolos de protección de los jóvenes que cumplen su servicio militar obligatorio y de una lógica institucional que desprecia los derechos y la vida de sus propios soldados.
El Ejército de Chile, institución que arrastra una pesada herencia de violaciones a los derechos humanos y corrupción, vuelve a exhibir su incapacidad para garantizar condiciones mínimas de dignidad y respeto a quienes, muchas veces forzadamente, deben ingresar a sus filas. No basta con formalizar a cuatro funcionarios de rangos medios o bajos. La responsabilidad política, administrativa y moral es de toda la cadena de mando, incluyendo a los altos mandos y a la propia estructura militar, que aún opera con lógicas autoritarias y opacas.
El compromiso anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric de reforzar los cambios en el Servicio Militar y en la doctrina militar es un paso necesario, pero claramente insuficiente. Mientras no exista una reforma profunda y una democratización real de las Fuerzas Armadas, mientras no se establezca un control civil efectivo y riguroso sobre estas instituciones, casos como el de Franco Vargas seguirán repitiéndose.
Hoy, al recordar a Franco Vargas, recordamos también a todos los jóvenes víctimas del abandono y la violencia institucional. Su muerte no puede quedar relegada a una ceremonia ni a promesas de reformas. Es una llamada urgente a repensar el rol, la cultura y el control de las Fuerzas Armadas en Chile.
La justicia que se reclama no es solo para una familia que ha perdido a su hijo. Es una justicia que interpela al país entero.
