¿Tribunales al servicio del poder?: el caso Héctor Llaitul y la persistente criminalización del pueblo mapuche
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El reciente fallo del Tribunal de Garantía de Concepción del 24 de abril, que rechazó por tercera vez la solicitud de traslado de Héctor Llaitul al módulo de comuneros mapuche en Temuco, vuelve a poner en evidencia la profunda connivencia entre el sistema judicial chileno y los intereses de los sectores de poder. El líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) permanece así recluido bajo condiciones de aislamiento, en una decisión que desestima abiertamente argumentos fundamentales de su defensa, como su identidad cultural y su arraigo familiar.
La resolución, encabezada por el juez Marcelo Bustos, se escudó en la supuesta «peligrosidad» de Llaitul para justificar su permanencia en un régimen penitenciario destinado a la dispersión y el hostigamiento de presos políticos mapuche. De este modo, la autoridad judicial no solo negó la pertinencia de su traslado, sino que además reafirmó la legitimidad de un modelo carcelario que, lejos de buscar la reinserción o el respeto de los derechos humanos, se ha convertido en un instrumento de persecución étnica y política.
Frente a esta situación, organizaciones mapuche han denunciado la continuidad de políticas racistas y represivas contra el pueblo nación mapuche, señalando que el Poder Judicial chileno actúa sistemáticamente como garante de un orden que niega derechos fundamentales a los pueblos originarios. En una declaración pública, la CAM sostuvo que «ante el constante avance y fortalecimiento de políticas racistas y de persecución en contra del pueblo nación mapuche, ¡Resistencia y control territorial!», exigiendo además el fin de la dispersión carcelaria de los presos políticos mapuche y reivindicando la lucha por el territorio y la autonomía.
La negativa de los tribunales a considerar el traslado de Llaitul no puede leerse de manera aislada. Se inserta en una larga historia de criminalización de las demandas mapuche, donde la judicialización ha sido utilizada para desarticular organizaciones, fragmentar resistencias y deslegitimar el derecho a la autodeterminación. La figura del preso político mapuche, invisibilizada en los grandes medios de comunicación, persiste como testimonio de un conflicto estructural que el Estado chileno se niega a resolver en el plano político, optando en cambio por respuestas judiciales y represivas.
Desde la Operación Huracán hasta la aplicación de la Ley Antiterrorista, pasando por una serie de montajes policiales, el patrón es claro: la justicia chilena no actúa de manera neutral frente al conflicto en el Wallmapu. Por el contrario, responde a una lógica de defensa de los intereses latifundistas, forestales y empresariales que históricamente se han beneficiado del despojo territorial. El caso de Llaitul no es más que la confirmación de esa tendencia.
La obstinación del Tribunal de Garantía de Concepción en mantener su decisión, pese a la contundencia de las razones culturales y familiares presentadas por la defensa, demuestra que el concepto de «peligrosidad» sigue utilizándose como un comodín para negar derechos básicos, descontextualizando la trayectoria política de los líderes mapuche y presentándolos ante la opinión pública como meros delincuentes.
La dispersión carcelaria aplicada contra los comuneros mapuche no solo vulnera el derecho internacional, que exige respetar la identidad cultural de los pueblos originarios privados de libertad, sino que también busca quebrar los vínculos comunitarios y socavar la continuidad de los procesos de resistencia territorial.
En este escenario, el llamado de la CAM a resistir y profundizar el control territorial resuena como una respuesta legítima frente a un Estado que persiste en la vía represiva. El grito «¡Amulepe Taiñ Weichan!» —¡que continúe nuestra lucha!— expresa no solo la voluntad de resistencia del pueblo nación mapuche, sino también la urgencia de avanzar hacia una transformación real que reconozca sus derechos colectivos, su autonomía y su dignidad.
Mientras tanto, en los pasillos de los tribunales, sigue operando un poder judicial que, lejos de ser un espacio de justicia imparcial, se muestra como un engranaje más de un sistema que margina, criminaliza y oprime a quienes luchan por recuperar lo que históricamente les fue arrebatado.
