Reglas del Uso de la Fuerza: una ley que pavimenta el camino hacia el autoritarismo
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El proyecto de ley sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en tercer trámite en la Cámara de Diputados, avanza sin pausa hacia su promulgación. Su objetivo declarado es responder a la crisis de seguridad, pero sus disposiciones abren peligrosas puertas hacia la impunidad y el autoritarismo. Lejos de limitarse al combate de la delincuencia, esta normativa entrega carta blanca al uso de la fuerza por parte del Estado, debilitando los estándares democráticos y poniendo en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Uno de los aspectos más preocupantes es la reposición del fuero militar para casos en que miembros de las Fuerzas Armadas o del orden sean investigados por abusos cometidos durante tareas de control público. La posibilidad de que tales casos sean derivados a la justicia militar, un ámbito históricamente opaco y corporativo, representa un grave retroceso. Esta medida amenaza con instalar la impunidad como norma.
Otro punto alarmante es el rechazo al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. La Cámara Alta eliminó expresamente la norma que obligaba a que la respuesta de las fuerzas públicas fuese proporcional a la resistencia o agresión enfrentada. También se rechazaron principios claves como la rendición de cuentas y la gradualidad, mientras que se aprobó eliminar prohibiciones específicas sobre el uso de armamento menos letal en zonas vulnerables del cuerpo humano. Se está configurando así un marco legal permisivo, que privilegia la superioridad del aparato represivo por sobre la seguridad de los ciudadanos.
Frente a esta peligrosa deriva, el Partido Comunista y el Frente Amplio han solicitado al Ejecutivo que vete el proyecto si llega a comisión mixta sin restituir el principio de proporcionalidad. “Tiene que haber un uso proporcional y racional de la fuerza, y criterios especiales frente a grupos vulnerables: niños, personas con discapacidad, mujeres”, advirtió el senador Juan Ignacio Latorre (FA).
Partido Socialista y el PPD apoyan la RUF
Pese a ello, desde sectores del oficialismo, como el Partido Socialista y el PPD, se ha escuchado un claro respaldo al proyecto, coincidiendo con la derecha y la extrema derecha en una visión securitaria que deja abiertas las puertas al abuso institucional. Desde el PS, figuras como los senadores Tomás de Rementería y el diputado Marcos Ilabaca han criticado las demandas de veto, acusando al PC y al FA de ceguera frente a la crisis de seguridad. “No se puede avanzar a un veto, sería una muy mala señal que nuestro Gobierno vete un proyecto tan importante”, señaló de Rementería.
La diputada del IND-PPD, Camila Musante, también se alineó con la postura más dura, cuestionando duramente la resistencia del PC y del FA: “¿Qué piensan del criterio de racionalidad que permita una acción rápida y efectiva por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas?”.
La pregunta es otra comparten diversas fuentes. ¿Qué piensa este sector del oficialismo respecto a la historia reciente del país, marcada por el abuso de poder, la represión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos? ¿Qué garantías reales existen hoy de que las fuerzas armadas y policiales no volverán a traspasar los límites?
A la luz de los antecedentes legislativos, la preocupación es más que legítima. En las últimas sesiones del Senado, se aprobó ampliar el concepto de “armamento” para incluir equipamientos definidos vía reglamento, se eliminaron resguardos para personas inmovilizadas, y se desechó la indicación que prohibía apuntar con armas menos letales al rostro o al torso de los manifestantes.
El proyecto no solo entrega poder sin control, sino que desmantela las pocas protecciones existentes para quienes ejercen su legítimo derecho a protestar. Es, en los hechos, una ley que criminaliza la disidencia y protege al brazo armado del Estado incluso cuando vulnera la legalidad.
Diversas organizaciones han comenzado a denunciar este avance autoritario y hacen un llamado a rechazar una legislación que no combate la delincuencia, sino que institucionaliza la violencia estatal. La seguridad de las personas no puede construirse sobre la base del miedo ni del recorte de libertades fundamentales.
Hugo Murialdo says:
¿Qué tiene que ver esta ley con la delincuencia? Esta ley es sólo para prohibir cualquier tipo de manifestación. ¡Contra la delincuencia, absolutamente nada!
Váyanse al carajo, no son más que una cáfila de fascistas y mafiosos.
Serafín Rodríguez says:
De la sartén al fuego y el perraje muy contento mientras en La Moneda se alimentan de criadillas!