Carlos Margotta observa graves falencias en la Ley RUF: “No es una buena ley desde el enfoque de los derechos humanos”
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El abogado Carlos Margotta, encargado Internacional de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha entregado una contundente crítica al proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) actualmente en tramitación parlamentaria. Si bien valora que estas normas se regulen por ley, considera que el proyecto adolece de serias deficiencias que desvirtúan su propósito original y abren peligrosas puertas a la impunidad.
“El enfoque ha sido siempre una ley para tener reglas claras y actuar, pero también debe tener un enfoque de derechos humanos y contención. Es decir, debe establecer también cuándo no actuar, establecer límites. Eso se ha ido desdibujando”, señala Margotta.
El jurista destaca como uno de los aspectos más preocupantes la eliminación de principios clave como la proporcionalidad, la rendición de cuentas y la gradualidad en el uso de la fuerza. “Eliminar estos principios es retroceder gravemente en materia de derechos fundamentales”, advierte.
También observa con preocupación que el texto aprobado en el Senado suprime limitaciones concretas que hasta ahora habían sido consideradas esenciales: permitir el uso de armas letales para proteger infraestructura crítica sin considerar el riesgo a la integridad física, permitir la aplicación de fuerza sobre personas ya reducidas e inmovilizadas, y eliminar restricciones explícitas como la prohibición de disparar al rostro o al torso con armas menos letales.
“No hay siquiera distinciones en contextos especiales, como la presencia de niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad”, subraya.
En este contexto, Margotta advierte sobre una grave omisión del proyecto: la presunción de legítima defensa por parte de los agentes del Estado, un mecanismo que recuerda a la criticada “Ley Nain-Retamal” y que, en la práctica, puede garantizar impunidad automática ante el uso indebido de la fuerza.
Asimismo, cuestiona las restricciones impuestas a las propias instituciones para dar de baja o suspender cautelarmente a los agentes que no cumplan con las RUF. En la práctica, esto limita incluso las medidas internas que podrían tomarse ante abusos flagrantes.
“Desde el enfoque de derechos humanos en adelante, no es una buena ley”, concluye Margotta.
Las críticas del abogado coinciden con las advertencias que han hecho otros sectores políticos y sociales sobre el grave retroceso que implicaría aprobar esta normativa sin corregir sus vacíos. Aunque sectores del oficialismo como el Partido Socialista y el PPD han respaldado el proyecto, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista se insiste en que el Gobierno debe vetarlo si se mantiene sin el principio de proporcionalidad y otras garantías mínimas.
Lo que comenzó como un intento por regular con claridad el uso de la fuerza en contextos de orden público, ha terminado siendo un texto que facilita el uso excesivo de la violencia y que pone en riesgo los derechos y la integridad de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.
