ONU: En Italia, el decreto-ley de seguridad “va en contra de los derechos humanos”
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Varios expertos de la ONU* han solicitado al gobierno italiano la revocación del decreto adoptado abruptamente el 4 de abril, destinado a aprobar un proyecto de ley sobre seguridad que fue discutido y criticado en el Senado. Este decreto contiene disposiciones que no están alineadas con el derecho internacional sobre derechos humanos.
El 4 de abril de 2025, el Consejo de Ministros, bajo la propuesta de la presidenta Giorgia Meloni, del ministro del Interior Matteo Piantedosi, del ministro de Justicia Carlo Nordio y del ministro de Defensa Guido Crosetto, aprobó un decreto-ley que introduce medidas “urgentes” en materia de seguridad pública, protección del personal en servicio, así como de las víctimas de usura y de la administración penitenciaria.
Expertos independientes de las Naciones Unidas especializados en derechos humanos se han opuesto a esta decisión: “Estamos alarmados por la manera en que el gobierno italiano transformó este proyecto de ley en un decreto de urgencia, rápidamente aprobado por el Consejo de Ministros, evitando así el Parlamento y el escrutinio público”, declararon los expertos.
Presentado como un conjunto de “medidas relativas a la organización, funcionamiento y regulación de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas así como del cuerpo de bomberos”, este proyecto tenía el objetivo de modificar varias disposiciones legislativas, especialmente en el Código Penal.
En diciembre de 2024, los expertos ya habían contactado al gobierno italiano (OL ITA 7.2024), indicando que si el proyecto no era modificado, Italia estaría violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas la protección de la libertad de movimiento, la privacidad, el derecho a un juicio justo y la protección contra detenciones arbitrarias. El gobierno de Giorgia Meloni ignoró deliberadamente esta solicitud.
El decreto incluye medidas relacionadas con la “prevención del terrorismo internacional y los delitos contra la seguridad pública”. Esto implica una represión reforzada contra cualquier individuo considerado como “terrorista” en territorio italiano. Sin embargo, surge una pregunta: ¿cuál sería la definición exacta de “terrorista”?
La ONU está preocupada por las posibles “ambigüedades” en la aplicación de este decreto: “Este texto, ahora transformado en ‘decreto’, incluye definiciones vagas y disposiciones amplias relacionadas con el terrorismo que podrían conducir a aplicaciones arbitrarias”, advirtieron los expertos. “Este decreto también amenaza la libertad de expresión y podría afectar de manera desproporcionada a grupos específicos, como las minorías étnicas o raciales, migrantes y refugiados, aumentando el riesgo de discriminación y violaciones de derechos humanos.”
Criminalización de la disidencia: cuando la libertad de expresión deja de ser un derecho de todos para convertirse en un lujo
El decreto prevé una mayor protección para las fuerzas del orden y los militares en servicio, mientras penaliza severamente a los manifestantes. Estos podrán ser perseguidos penalmente por bloqueos de carreteras, con sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de 15.000 euros. El Código Penal se modifica para incluir sanciones relacionadas con actos de violencia, amenaza o resistencia hacia un agente público, especialmente en caso de obstrucción a la realización de infraestructuras públicas o estratégicas.
Además, el decreto aumenta las penas para estas infracciones: mientras que el proyecto de ley inicial preveía un aumento de un tercio, el decreto eleva esta pena a la mitad. Los términos “infraestructuras públicas” y “estratégicas” ahora incluyen servicios energéticos, transporte, telecomunicaciones u otros servicios públicos esenciales.
El decreto también introduce nuevas medidas ampliando el Código Penal, como la creación del delito de revuelta en cárceles, CPR (centros de detención para migrantes) y hotspots. Toda participación en una revuelta, incluso pasiva, será sancionada, aunque los centros de acogida para migrantes no están incluidos. Los migrantes deberán ahora presentar una identificación para comprar una tarjeta SIM telefónica, en lugar del permiso de residencia.
Los artículos del Código Penal relacionados con la violencia hacia los agentes públicos también se revisan, aumentando las penas en casos de oposición a infraestructuras estratégicas. Además, se extienden las restricciones sobre el cannabis light, prohibiendo diversas actividades comerciales relacionadas con esta planta, salvo para semillas destinadas a usos agrícolas legales. Otras medidas incluyen agravantes para los delitos cometidos en estaciones de tren y metro, y la creación de sanciones severas por ocupación ilegal de inmuebles o estafas a personas mayores.
Según la ONU, estas disposiciones limitan de manera flagrante la posibilidad de que individuos, incluyendo defensores de derechos humanos, se reúnan pacíficamente para protestar. La formulación ambigua del decreto podría conducir a procesos arbitrarios y sanciones desproporcionadas contra aquellos que ejercen sus derechos fundamentales, señalaron los expertos. “Mientras los ciudadanos salen a las calles para protestar contra esta ley, el gobierno italiano debe respetar y proteger el derecho de reunión pacífica, evitando restricciones indebidas, dispersión ilegal y uso injustificado de la fuerza”, concluyeron los expertos.
*Los expertos: Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
¿Quiénes son los expertos de la ONU? Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en materia de derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Colectivamente, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria: no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo. Aunque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) actúa como secretaría para los Procedimientos Especiales, los expertos operan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluido el ACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier opinión o punto de vista expresado es exclusivamente del autor y no refleja necesariamente la posición de la ONU o del ACNUDH.
jaime norambuena says:
Todo muy ordenado y de escasa poca fe.
Tal vez desde Ginebra en la vecina Suiza
sea mas facil conocer este agudo problema
de los italianos.Todo es posible, pero a veces
deja mucha duda……..?