Contra el olvido: Suprema confirma condenas contra exmilitares por el homicidio de catorce dirigentes en 1973
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A casi 52 años del golpe de Estado en Chile, la Corte Suprema ha confirmado las condenas contra exintegrantes del Ejército por su participación en los crímenes perpetrados en el episodio conocido como “Casa de la Cultura de Barrancas”, donde fueron asesinados catorce dirigentes políticos y poblacionales entre septiembre y octubre de 1973.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –presidida por el ministro Leopoldo Llanos e integrada por los ministros suplentes Eliana Quezada, María Carolina Catepillán, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Eduardo Gandulfo– rechazó los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados y ratificó la sentencia dictada en diciembre de 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Crímenes de lesa humanidad
Los exmilitares Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt fueron condenados a 15 años y un día de presidio como autores de los homicidios calificados y consumados de Raúl Moscoso Quiroz, Víctor Barrales González, Sergio de la Barra, Mario Salas Riquelme y José Villavicencio Medel. Además, se les responsabiliza por el homicidio calificado frustrado de Luis Gutiérrez Rivas.
También fue condenado Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi a 15 años y un día por el homicidio calificado de otras siete personas, entre ellas Rafael Madrid Gálvez, Exequiel Contreras Carrasco y Carlos Ibarra Echeverría, además del secuestro calificado y asesinato de Daniel Hernández Orrego y el intento de homicidio de Gastón González Rojas.
En el caso de Donato López Almarza, también condenado en segunda instancia, la Corte Suprema decidió no pronunciarse debido a que se encuentra actualmente en estado de enajenación mental.
Respecto de los acusados Carlos Silva Pérez y Jorge Turres Mery, el tribunal no se pronunció, dado que ambos fallecieron durante la tramitación del proceso.
Justicia tardía, pero efectiva
Para el abogado Francisco Ugás, jefe jurídico del Estudio Caucoto Abogados y querellante en representación de las familias de siete de las víctimas, el fallo constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad: “Es valioso y destacable que nuestra Corte Suprema haya rechazado, por mayoría, las casaciones impetradas por las defensas de los victimarios, validando la decisión de segunda instancia”.
Ugás subrayó que “las condenas definitivas y efectivas de los exagentes Lovera, Reyes y Fernández son expresión del férreo cumplimiento del deber de sanción que tiene el Estado frente a los crímenes de lesa humanidad”. Sin embargo, lamentó que algunos acusados hayan fallecido sin haber sido juzgados completamente, lo que “deja una sensación de una justicia que no fue plena”.
Un operativo de exterminio
Según la investigación judicial dirigida por el ministro Mario Carroza, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un batallón del regimiento de Infantería Montaña N° 3 «Yungay» se instaló en las comunas de Quinta Normal y Barrancas. Bajo el mando del mayor Donato López Almarza, este grupo realizó allanamientos masivos en poblaciones y campamentos. A partir del 1 de octubre, el relevo fue asumido por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército, bajo el mando del capitán Gerardo Ernesto Urrich González (ya fallecido) y del teniente Fernández Berardi.
Durante estos operativos, decenas de personas fueron detenidas, muchas de ellas trasladadas a la Casa de la Cultura de Barrancas, donde fueron torturadas y posteriormente ejecutadas. Algunos cuerpos fueron arrojados en la vía pública o abandonados en el Instituto Médico Legal. Otros fueron hallados años más tarde en el Patio 29 del Cementerio General, emblemático espacio de la memoria que guarda los restos de centenares de detenidos desaparecidos.
Contra el olvido
Este fallo se inscribe en una larga, dolorosa y persistente lucha por la verdad y la justicia en Chile. Aunque tardía y con limitaciones, la resolución representa una señal importante frente a la impunidad, y una advertencia para quienes aún relativizan o justifican los crímenes de la dictadura.
El Clarín recuerda a las víctimas y acompaña a sus familias en este nuevo paso hacia la justicia. En tiempos donde el negacionismo intenta borrar la historia, estos fallos refuerzan una verdad irrenunciable: en Chile se cometieron crímenes de Estado, y sus responsables deben responder ante la justicia, sin privilegios ni olvido.
Felipe Portales says:
Más vale tarde que nunca.
jaime norambuena says:
Y que hacia antes la «justicia» de Chile-?
Eran todos admiradores de PInochet ?
Pero pareciera que ha cambiado algo auque sea tan larga la espera..