Ley Longueira: transparentan el millonario negocio pesquero que ha protegido a la gran industria
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La reciente discusión legislativa sobre el fraccionamiento pesquero volvió a poner en el centro del debate el legado de la controvertida Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira, en alusión al exministro de Economía de la UDI, Pablo Longueira. Esta normativa, denunciada desde sus orígenes como un traje a la medida de los grandes conglomerados pesqueros, ha otorgado por más de una década —y de forma prácticamente indefinida— el control de los principales recursos marinos a un reducido grupo de empresas.
El nuevo proyecto de ley aprobado en el Senado, que transfiere más de 400 mil toneladas desde el sector industrial al artesanal, fue revelado por la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (ASIPES), Macarena Cepeda, quien reconoció que este cambio representa una pérdida de US$ 133 millones anuales para la gran industria. Una cifra que, para los dirigentes de la pesca artesanal, confirma el millonario beneficio que significó la cuestionada ley.
“Suponemos que debe ser tremendamente doloroso dejar de percibir 133 millones de dólares anuales por 20 años, renovables a perpetuidad, gracias al regalo regulatorio que obtuvieron con la Ley Longueira”, ironizó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal.
Cortés emplazó directamente a la dirigencia industrial a transparentar los ingresos que la gran empresa pesquera ha obtenido desde la promulgación de la ley. “Le pediría a la señora Cepeda que transparente los ingresos anuales que ha recibido la industria por fraccionamiento consagrado en la Ley de Pesca actual. Lo que sí queda claro es que sólo la parte que vuelve al sector artesanal equivale a US$ 133 millones al año”, subrayó.
La crítica también vino desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, a través de su presidenta, Sara Garrido, quien lamentó que el Senado haya retrocedido en la redistribución de la merluza común —especie clave en la dieta popular—, respecto de lo ya aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. “La merluza, la pescada del pueblo, sigue en manos de la industria. Es inaceptable que se mantenga ese control cuando son las mujeres de las caletas, las que filetean, procesan y sostienen esta cadena productiva, quienes más lo necesitan”, denunció.
Desde el mundo artesanal esperan que la Cámara Baja revierta esta situación y restituya el 70% de la cuota de merluza a los pescadores artesanales. Mientras tanto, el debate sobre los privilegios históricos otorgados por la Ley Longueira sigue abierto y revela, con cifras en mano, cuán lucrativa fue esta normativa para la gran industria.
