¿Vivir juntos como Iguales?
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Horizontes normativos para un desarrollo con equidad y justicia
En un contexto donde la desigualdad y la exclusión parecen haberse naturalizado en nuestra vida social, el profesor Pablo Salvat nos invita a pensar y cuestionar los fundamentos éticos y normativos de nuestras sociedades. En este profundo y necesario ensayo, “Horizontes normativos para un desarrollo con equidad y justicia”, se abre un espacio para reflexionar críticamente sobre las promesas incumplidas del modelo neoliberal y la urgencia de imaginar colectivamente una sociedad distinta, más justa y solidaria.
Con una mirada lúcida y comprometida, Salvat propone repensar el desarrollo desde un nuevo ethos político y ético, que no se conforme con ajustes técnicos, sino que apueste por principios de justicia social, reconocimiento mutuo y responsabilidad intergeneracional. Una lectura imprescindible para quienes creen que otro futuro es posible y que vale la pena construirlo desde el pensamiento, el diálogo y la acción
¿Tiene porvenir la equidad, la igualdad y la justicia entre nosotros? ¿De qué depende la respuesta que podamos dar?
Resulta fácil hablar acerca de la equidad, la justicia o la igualdad. Se trata de palabras traídas y llevadas por los ciudadanos , actores e instituciones de la sociedad. Se las refiere, a veces, para intentar justificar determinadas políticas. Pero, al mismo tiempo, se lo hace sin ir más lejos, es decir, dando por sobreentendido lo que ellas significan, a lo que ellas refieren, o, a las exigencias de su operacionalización.
No obstante, al mismo tiempo que se habla, sus exigencias de operacionalización parecen caer en oídos sordos. Las decisiones y prioridades de gobiernos, conglomerados empresariales y medios de comunicación se orientan más bien en otra dirección: la que señala la racionalidad predominante del sistema, la cual se inspira en una ideología del progreso y del crecimiento cuasi-míticos. Esta racionalidad que inspira un modelo capitalista de organización del mercado y la economía, es la que mide la pertinencia de sus logros conforme a parámetros de provecho, eficiencia o rentabilidad de sus propios agentes. Pero se produce un extraño fenómeno. El bloque que gobierna esta ideología del progreso parece no experimentar la necesidad de proporcionar una justificación ético normativa a su proyecto, por cuanto la naturalización que se pretende, especialmente de la economía y de la tecnocracia, coloca a estas dimensiones de la vida en sociedad más allá del bien y del mal, de lo justo o lo injusto. Si se progresa bajo una carta de navegación proporcionada por saberes de la tecnociencia ¿cómo se explica entonces el malestar ya visible en la subjetividad de nuestras sociedades civiles, no obstante la simultánea apariencia de un adormecimiento que parece dominarlas en medio de la vorágine del consumo y de la conversión de la persona-ciudadano nada más que en elector-consumidor? La naturalización de los fenómenos sociales parece convertir a la interrogante ética en un lugar vacío. Sin embargo, el hiato entre la marcha triunfal y fría de los subsistemas autonomizados y el malestar de la población, reinstala la pregunta por la dimensión normativa del problema, la inquietud por la equidad, la igualdad y la justicia. La dificultad para encontrar respuestas de aceptación universal a estas interrogantes ético-políticas, no es razón suficiente para descartar estas interrogantes y la pertinencia y necesidad de una deliberación en común en relación a ellas.
Poderosa crisis de convivencia
Se ha pretendido que dejando funcionar al mercado globalizado en alianza con la tecnociencia los resultados positivos llegarían muy rápidos para solucionar los problemas sociales más urgentes. No solo eso. Sino que ha pretendido negar cualquier posibilidad de alternativa. Sin embargo una serie de datos confirman los efectos negativos tanto en lo referente al mundo social como en relación a la naturaleza y medio ambiente. Sin embargo, la hegemonía de un neoliberalismo escéptico expandido en el tejido social parece no querer abordar esa contradicción y aventurarse a imaginar una sociedad otra.Veamos algunas cifras: desde 1995 el 1% ha estado acaparando cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. Conjuntamente, 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21.300 personas (lo que equivale a una persona cada cuatro segundos). Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres (Oxfam, Informe 2022). Es decir, bajo esta globalización desregulada y financiarizada la concentración de poder se ha extendido a cada vez menos manos, afectando la fisonomía y funciones del Estado así como generando una poderosa crisis de convivencia a todo nivel. .
Una desigualdad e injusticia bifronte
Si se examina nuestra región latinoamericana, a pesar de su heterogeneidad, subsiste un rasgo transversal y permanente de nuestras relaciones sociales: podemos afirmar que la desigualdad es un rasgo distintivo de nuestras estructuras institucionales, sociales, culturales y políticas desde su origen mismo, provocando que buena parte de nuestra población haya debido vivir, bajo esa desigualdad, en condiciones críticamente deficitarias en lo que concierne a su acceso no sólo a los recursos materiales y los medios de subsistencia, sino también en lo referido a capacidades, libertades y estima social. La nuestra es una desigualdad e injusticia bifronte: refiere a la adecuada distribución de recursos y bienes sociales, como a la dimensión del reconocimiento social. Nuestra hipótesis es que ninguna política social o modelo de desarrollo rendirá los frutos esperados si no se enfrenta esta herencia histórica de modo radical, es decir, interrogando la misma lógica de nuestro subdesarrollo. No obstante, en medio de este paisaje de negación de las interrogantes normativas bajo la pretendida suficiencia de las ciencias de la economía, la administración y la tecnocracia, bajo la supuesta reconciliación entre lo real y lo racional, bajo la supuesta muerte de las ideologías y de la deliberación política, vuelven a emerger en nuestras sociedades viejas reclamaciones sustantivas en contra de este tipo de política y de modernizaciones, de la aplicación dogmática del capitalismo de mercado desregulado.
Crecientemente nos percatamos que la discusión centrada en sólo factores macroeconómicos o de estabilidad institucional es insuficiente. Los propios “cuellos de botella” del modelo, la crisis de la política, y las nuevas exigencias que brotan de una diversa sociedad civil, introducen la necesidad de interrogar el horizonte mismo de la sociedad que hemos ido plasmando. Dicho en otros términos: la equidad, la igualdad o la justicia, no tendrán futuro si no cuestionamos la creciente naturalización del modelo económico y sus resultados. Luchar contra el reino de lo fáctico puesto como ineluctable, es de la mayor importancia si queremos recuperar la dirección en común de los asuntos comunes. Para esto las interrogantes de estas cuestiones referidas al modelo económico y sus consecuencias, no pueden venir solamente del mundo de los técnicos y especialistas. Los problemas de desigualdad y sus consecuencias en la lucha por el reconocimiento social, no se refieren solamente a temas de mejor aplicación de instrumentos, de cantidad de recursos, o de más probidad en su uso, sino también y muy fundamentalmente de las visiones de trasfondo, del horizonte interpretativo de naturaleza ético/social implícito o no desde el que ellas se construyen y aplican.
Esto nos lleva –estimados lectores y lectoras- al punto central de nuestro interés. La hipótesis provisoria que deseamos plantear afirma que un importante ingrediente de una respuesta para contrarrestar en lo que sea posible la marcha, en apariencia inevitable, del actual estado de cosas, pasa por la invención colectiva de un giro ético-político para abordar el fenómeno complejo de las desigualdades, dicho de otra forma, por el debate y diseño de un nuevo ideario normativo público para la consideración de la pobreza, las exclusiones o las nuevas formas de degradación de la vida en común. Se trata de la invención de un giro que no sólo incorpora la pregunta por los medios o el cálculo utilitarista , sino que propone incluir desde el inicio un debate sobre las finalidades y medios valorativos que legitiman opciones político/técnicas y a la vez, promueven un nuevo ethos. Sin embargo, esto no es evidente. Es fácil hablar de valores y normas, pero es difícil legitimarlos y ponerlos en acción. Una de las mayores dificultades que enfrentan las sociedades y la humanidad hoy, es justamente el desfase entre la potencia de las capacidades de la tecnociencia , por un lado, y, al mismo tiempo, el subdesarrollo de las capacidades ético/morales de ciudadanos e instituciones para orientar las posibilidades actuales en función de una humanización de la vida en común.
El logro de una sociedad más justa está ligado también a la construcción de un ethos de justicia que incorpore la estructura motivacional en la vida diaria de ciudadanos y ciudadanas. Modificar las orientaciones de la política democrática y del no-desarrollo imperante supone abrir un debate en torno a qué sociedad queremos, qué tipo de instituciones sociales nos importa levantar, cuáles queremos que sean sus valores y normas directrices. Esto puede hacerse desde la pregunta por el tipo de sociedad que estamos construyendo y qué es lo que represente una sociedad más justa, equitativa o igualitaria.
Una política igualitarista fuerte
Una convivencia democrática como marco general supone, para tener viabilidad, una teoría igualitarista de la justicia. No cualquier teoría de la justicia o idea de sociedad justa se aviene con estos propósitos. Al menos no aquellas de tipo “propietaristas” (anarcoliberales), a las cuales no interesa mucho el foro democrático y limitan su idea de equidad a un producto de negociaciones o contratos de propiedad. Las apelaciones a la justicia social la consideran un equivalente de “unicornios azules” o sinsentidos. Por su parte, una política orientada sólo a la igualdad de oportunidades (acceso a mercados, promoción de capacidades individuales), tiene problemas por cuanto no toma suficientemente en cuenta las condiciones de asimetría en relación a la distribución inicial de bienes sociales fundamentales (ingresos, derechos y libertades, estima social), que marca nuestra historia hasta el día de hoy. Tenemos que avanzar en torno a la necesidad de levantar unos mínimos normativos en lo social que, tomando en cuenta nuestro pasado, puedan reorientar la marcha de las instituciones sociales y políticas en base a ciertos idearios en el marco de sociedades plurales y diferenciadas. En lo que a nosotros concierne nos interesa una política igualitarista fuerte. Para ello, proponemos trabajar en torno a los siguientes principios normativos orientadores: a. Estima y reconocimiento social en igualdad de condiciones para todos (basado en dignidad de cada cual en tanto sujeto de derechos e interlocutor válido); b. principio de justicia social, orientado a una radicalización del principio de diferencia rawlsiano: se deben combatir todas las desigualdades en relación al poder, la propiedad y la estima social que no mejoren las condiciones de los más perjudicados, excluidos o necesitados de la sociedad; c. principio de una ética de la responsabilidad, que considera las generaciones no nacidas aún y la sustentabilidad del modelo de desarrollo.
