Pescadores artesanales emplazan al Senado: “Es la hora de elegir entre el bienestar de las caletas o la corrupción”
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Este martes 15 de abril, el Senado enfrenta una decisión clave que podría marcar un antes y un después en la historia de la pesca chilena. Se trata de la votación del proyecto de ley sobre el nuevo fraccionamiento pesquero, una demanda largamente esperada por el mundo artesanal que ha debido enfrentar años de postergación, maniobras políticas y el constante lobby de la gran industria.
Originalmente parte de la nueva Ley de Pesca impulsada por el Ejecutivo, el fraccionamiento fue separado como un proyecto autónomo luego de que el diputado Sergio Bobadilla (UDI) bloqueara su avance en la Cámara Baja, utilizando recursos reglamentarios para dilatar la discusión. En respuesta, el gobierno le dio discusión inmediata al proyecto, buscando saldar una deuda histórica con el sector artesanal.
Sin embargo, el Senado replicó el mismo patrón. El diputado Gastón Saavedra (PS), sin pertenecer a la Comisión de Pesca, intervino en la tramitación para dejar una reserva de constitucionalidad, mientras que el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Hacienda, demoró su votación pese a la presión de pescadores y organizaciones sociales.
El debate ha girado especialmente en torno a la redistribución del jurel, la merluza común y la jibia. Aunque en la Cámara de Diputados se logró una redistribución favorable al sector artesanal —por ejemplo, elevando su participación en la merluza desde un 40% a un 70%— en el Senado estas mejoras fueron revertidas en parte, generando indignación.
“Esperamos que los senadores lleguen a un acuerdo favorable para la pesca artesanal después de años de estar esperando justicia en la distribución de los recursos pesqueros”, declaró Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal. “Durante su tramitación ha quedado suficientemente claro que el proyecto es constitucional. El fraccionamiento es una decisión administrativa que varía cada año”, añadió, refutando el argumento esgrimido por sectores conservadores para intentar frenar la ley.
Por su parte, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, criticó abiertamente a la derecha. “Ya ha quedado clara la postura de la UDI, que a través de Libertad y Desarrollo publicó una columna en contra de este proyecto. Esperamos que el resto del Congreso se aleje de la industria que tanto daño ha causado por más de una década gracias a la corrupción.”
Desde el norte del país, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, afirmó que “llegó la hora de la verdad. Ahora sabremos quiénes están con la pesca artesanal y quiénes siguen al servicio de la gran industria.”
La indignación creció tras el acuerdo entre el senador Javier Macaya (UDI) y el diputado Bobadilla, quienes aseguraron a la industria pesquera un 57% del fraccionamiento de la merluza, dejando apenas un 3% de aumento para el sector artesanal. “Fuimos testigos de un espectáculo grotesco, con abrazos incluidos, mientras celebraban este acuerdo. Fue una burla, una muestra más de cómo el poder político actúa como empleado del poder económico”, denunció Cortés, quien recordó que ambos pertenecen al mismo partido del único parlamentario chileno encarcelado por corrupción tras recibir sobornos de la industria pesquera.
Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal remarcaron que la votación de este martes tiene un peso histórico: “Es una oportunidad para corregir los abusos instaurados por la Ley Longueira, una ley manchada por la corrupción que otorgó privilegios injustificables a la gran industria”.
“El país está mirando. La pesca artesanal también”, concluyó Cortés, en lo que se perfila como un día clave para el futuro de miles de caletas a lo largo de Chile.
