
¿Se va o se queda? Denuncian presión indebida de salmonera Cooke Aquaculture en áreas protegidas de la Patagonia
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La presencia de la multinacional canadiense Cooke Aquaculture en la Patagonia chilena vuelve a estar en el centro de la controversia. Diversas organizaciones ciudadanas y ambientales han denunciado presiones indebidas de la empresa sobre autoridades, medios y la opinión pública para mantener sus operaciones en zonas donde la ley prohíbe actividades industriales: las áreas protegidas del sur de Chile.
El conflicto se agudizó el pasado 2 de abril, cuando el abogado de Cooke Chile, David Cademartori, acusó ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que “el Estado de Derecho le ha fallado a la empresa”, al paralizar uno de sus centros de cultivo —Huillines 3— ubicado en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Según Cademartori, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) actuó sin fundamentos técnicos al ordenar la suspensión de la siembra de salmones.
Sin embargo, al día siguiente, el gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, aseguró que la empresa tenía “la voluntad firme y decidida de seguir trabajando en Chile”, confiando en que “finalmente se hará justicia”.
La contradicción entre ambas declaraciones encendió las redes sociales. Desde la campaña ciudadana Áreas Protegidas Sin Salmoneras señalaron en la red social X (ex Twitter):
“¿Se va o se queda en Chile la salmonera extranjera de Canadá, Cooke Aquaculture? Van varios meses de sabrosos capítulos de tu serie favorita #YaNoSomosLesosNah en #Salmonflix”.
Un conflicto ambiental de fondo
La SMA acusa a Cooke de haber excedido el límite de producción autorizado, superando las 125 toneladas permitidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que habría generado riesgos para el ecosistema anaeróbico del fiordo Cupquelán, en la región de Aysén. La empresa lo niega, señalando que los permisos de Subpesca y Sernapesca permiten operar con volúmenes mínimos, no máximos.
El conflicto escaló el 3 de abril, cuando la SMA ordenó —según versiones de la propia empresa— la paralización de dos centros más (Huillines 2 y 3) vía un llamado telefónico entre una abogada del organismo y un ministro del tribunal. Cooke calificó el acto como “abusivo”, mientras su gerente general afirmó que “un simple llamado telefónico tiene un efecto devastador en la sustentabilidad y el empleo”.
Reincidencias y estrategia
Las organizaciones recuerdan que esta no es la primera vez que Cooke recurre a presiones legales y comunicacionales. En 2023, tras un fallo adverso del mismo tribunal, la empresa amenazó con llevar el caso a tribunales internacionales, acusando una “denegación de justicia”.
En esa oportunidad, la SMA había paralizado la siembra de 170 mil salmones en el mismo centro Huillines 3 por superar la cantidad autorizada, afectando un área de alta biodiversidad marina. Entonces, Cooke se declaró “perseguida por imputaciones falsas”, mientras el Centro Ecoceanos replicaba con dureza:
“El comportamiento de Cooke Aquaculture demuestra que sus propietarios canadienses piensan que Chile es un país bananero”.
Fallo pendiente y presión creciente
En estos días, a la espera del fallo definitivo del Tercer Tribunal Ambiental, la tensión crece. Cooke ha solicitado la inhabilidad del ministro suplente Carlos Valdovinos, acusándolo de parcialidad, lo que ha sido interpretado como un nuevo intento de desacreditar a las instituciones ambientales chilenas.
Desde la ciudadanía, la exigencia es clara: que se respete la ley y se retire toda actividad salmonera de las zonas protegidas. Así lo expresó nuevamente la campaña Áreas Protegidas Sin Salmoneras en sus redes sociales:
“Oigan amigos de COOKE: DEJEN DE AGARRARNOS PAL LESEO Y SALGAN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS”.
El resultado del fallo podría tener importantes consecuencias: una eventual salida de la empresa de la región o su adecuación a la normativa vigente. Mientras tanto, el debate sobre el modelo de desarrollo, la protección ambiental y la soberanía territorial sigue abierto en una Patagonia que exige respeto.