El informe para revisar el SAE: el autogol de la derecha
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Como se sabe, debido a la presión primero en la cámara y luego en el senado para la aprobación del presupuesto 2025, el gobierno se abrió a incorporar sugerencias y observaciones en la cámara alta y que, en educación, por ejemplo, tuvieron su corolario en iniciativas para fortalecer la figura de los liceos bicentenario o la comisión para revisar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
En un país acostumbrado a generar comisiones cuyas propuestas la mayoría de las veces no llegan a ninguna parte y resultan ser finalmente una buena excusa para capear un problema sin querer llegar nunca a ninguna solución definitiva, a lo que suma, además, un último año de un gobierno acosado por problemas de gestión y de minoría en ambas cámaras.
Lo primero que llama la atención al revisar el texto es el cuoteo político binominal de la comisión donde casi la mitad de ellos, incluida su presidenta Sylvia Eyzaguirre del Centro de Estudios Públicos (CEP) están explícitamente vinculados a universidades o centro de generación de opinión pública abiertamente vinculados a la derecha política. Así son los casos de María Paz Arzola de Libertad y Desarrollo sin ninguna experiencia docente, Mauricio Bravo de la Universidad del Desarrollo, Juan José Llorente de la Fundación Jaime Guzmán, sin ningún vínculo con educación salvo su filiación política y Magdalena Vergara también formada en la Universidad de Los Andes y de ideas socialcristianas conservadoras.
Se extraña por ejemplo que no estuvieran figuras como Andrés Palma exdirector ejecutivo de la reforma en educación implementada por el gobierno de Bachelet II, bajo cuya égida se creo el SAE y con múltiples experiencias como docente y director de tesis en el Magister en Gerencia y Políticas Educativas (MGPP) de la Universidad de Santiago sobre la temática quien por boca propia señaló que lo llamaron pero que no pudo por estar a cargo del departamento de asentamientos precarios del Minvu. Tampoco hubo en la comisión representantes de sostenedores públicos, padres y apoderados, centros de estudiantes y directivos de establecimientos que viven cada día el SAE con la cual dicha comisión adolece de todos los cables a tierra cuyas secuelas han sido malas políticas públicas en educación en los últimos cuarenta años como hemos tenido oportunidad de observarlo en varias ocasiones como la municipalización, la subvención por asistencia, el propio estado subsidiario en el área y últimamente la instalación e implementación de los SLEP que no solo rinden cuenta pública a nadie, sino que, hasta hoy, no evidencian mejoras significativas en resultados de aprendizaje.
El informe genera dudas dado el tiempo en que funcionó dicha comisión para poder proponer las medidas sugeridas que son de largo alcance. Se señala en él que la comisión “se constituyó a fines de diciembre de 2024 y sesionó entre los meses de enero y marzo”, en verano cuando no hay ni estudiantes, ni padres ni apoderados, ni directivos de establecimientos. Se señala que se escuchó a todos ellos en apenas dos meses en verano. Se, indica, además, que hubo sesiones plenarias y audiencias públicas, aunque no se detallan cuántas de ellas hubo ni el universo de participantes, a diferencia de lo que hizo el Mineduc con el Congreso Pedagógico y la consulta sobre propuesta de Nuevas Bases Curriculares.
Las preguntas con que se recogieron opiniones son de una simpleza extrema: ¿Cuál es su evaluación del funcionamiento del SAE?, ¿Usted ha experimentado o tenido noticias de dificultades con el SAE? ¿De ser así podría describirlas? ¿Tiene propuestas concretas de optimización o mejora? Dichas preguntas en el contexto de un espacio público donde los medios predominantes vinculados a los grupos de poder conservador, tal como ocurre entre la distancia entre hechos delictivos y percepción de delincuencia, ya han estigmatizado negativamente al SAE y “la tómbola”.
Se creó, también una plataforma digital que funcionó durante el 10 y 31 de enero y que recibió 60 interacciones, una escuálida cifra en relación con procesos de consulta anteriores implementados, como ya lo señalé, en la cartera.
Uno de los aspectos significativos del texto es que, transversalmente la comisión legítima SAE y solo propone realizarle algunos ajustes. Dicho texto luego de explicitar las bondades del proceso – Sistema central de ingreso, altos niveles de eficiencia en la asignación, transparencia, objetividad y trazabilidad del sistema, eliminación de prácticas excluyentes, acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), satisfacción con el sistema para asignaciones exitosas, capacidad del sistema para generar información para la toma de decisiones – aborda sus aspectos negativos y la madre de todas las batallas: las limitaciones para la selección en liceos de alta exigencia y que está directamente asociado a, supuestamente, su segunda debilidad que sería la “no consideración de rendimiento previo en la asignación” que por cierto, será uno de los puntos de discordia en sus conclusiones dado que un sector político que participó de ella, tiene una visión antropológica donde la jerarquización social es un componente natural de las sociedades.
Se reconoce que, si bien “el SAE requiere perfeccionamiento, la evidencia acumulada no justifica su reemplazo estructural. Por el contrario, existe consenso respecto a su contribución efectiva en garantizar transparencia, eficiencia en la asignación y equidad en el acceso al sistema escolar chileno”.
Si bien de manera unánime se reconocen debilidades y desafíos para el sistema como “limitaciones para la selección de estudiantes con buen desempeño en liceos de alta exigencia académica, rigidez del sistema para atender casos excepcionales, falta de herramientas para atender la correcta inclusión de estudiantes con NEE, ausencia de mecanismos para garantizar la adhesión de los postulantes al PEI de cada establecimiento, brechas de accesibilidad e información en el uso de la plataforma SAE” se explícita que “con todo, una proporción minoritaria de los integrantes de la Mesa Técnica considera que es legítimo que los establecimientos puedan seleccionar a sus estudiantes”. Era que no, dada la composición cuoteada de la misma.
Luego vienen las diez propuestas que se acostumbran en estas comisiones que son un decálogo de cómo no querer implementar medidas que se traduzcan en políticas públicas como lo son el poder seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes a partir de 7° básico, garantizando un mínimo de 40% de estudiantes prioritarios. Respecto de este punto la comisión también evidenció disensos. Además, por mayoría, dicha instancia propuso introducir en el componente de selección el rendimiento previo de los estudiantes, así como establecer requisitos – sobredemanda, desempeño académico destacado a nivel nacional o regional, gratuidad y planes y programas propios – para ser elegible como establecimiento de alta exigencia académica; ampliar los criterios de priorización, aumentar el umbral de estudiantes prioritarios del 15% al 50%, entre otras.
Tal como lo indicó a El Regionalista, Andrés Palma, sería significativo que en un eventual proyecto de ley se incorporarán criterios de rendimiento histórico por curso de cada alumno corregido por grupo socioeconómico así como el componente de territorialidad una vez que los Servicios Locales de Educación ofrezcan la misma calidad que otros establecimientos que reciben financiamiento público, situación que en diez años ya desde su instalación no ha ocurrido y donde se han visto más dificultades que avances.
Es destacable, también que en su página 26, la comisión, salvo uno de sus integrantes cuyo nombre no se explicita, propusiera “dejar sin efecto (y por lo tanto derogar) la suspensión del componente aleatorio” (“la tómbola”) establecido para el 2026 en el artículo 51 de la ley de presupuesto.
Epílogo: la derecha una vez más se pegó un tiro en sus pies.
Portada del informe sobre SAE que evacuó la mesa técnica.
La comisión se estableció fundamentalmente por la petición inicial de miembros de la oposición en ambas cámaras y, en particular, la solicitud de suspender el SAE fue una petición de los diputados UDI Eduardo Cornejo, distrito 16 Colchagua y Cardenal Caro y Sergio Bobadilla, distrito 20, Bío-Bío y que luego fue refrendada en el senado como condición para aprobar el presupuesto 2025 y que quedó en el artículo 51 de la ley de presupuesto de este año. El que dicha comisión validara transversalmente el sistema de admisión y que luego casi por la unanimidad de sus integrantes donde había por lo menos cinco vinculados a su sector recomendara derogar ese artículo de la ley de presupuesto es un golpe duro a una derecha que, más allá de sus errores propios, le ha negado la sal y el agua a la administración Boric.
Por cierto, el SAE no resuelve el tema de fondo de la inequidad económica y social de nuestro país, una de cuyas consecuencias más significativas es el capital cultural de entrada de los niños al sistema escolar, que se expresa en la escuela y que tampoco han resuelto los servicios locales de educación como lo refrendó el propio informe que se evacuó el año pasado y donde se evidencia que siguen teniendo, promedio, diez puntos de distancia en pruebas Simce con relación a los particulares subvencionados. Además, en un contexto de servicios que no le rinden cuenta pública a nadie y sus directores no tienen responsabilidad política, será difícil que en el mediano plazo logren ofertar la misma calidad educativa que el resto y cuya continuidad, tal como están, debiera ser la discusión en serio sobre educación pública y no la de un sistema que solo aminora en parte la desigualdad en el acceso a la educación.
Y dado el historial de comisiones que se levantan en cada gobierno y que nunca llegan a ninguna parte pueda que ésta sea una más que en este caso, no pasará del verano.
Edison Ortiz
José mesina says:
Falta asumir que hagan lo que hagan, nunca un sistema basado en la justicia de acceso, podrá dejar a todos contentos, para bien o para mal, no comulga con los intereses personales. Sobre todo cuando la mayor preocupación de los apoderados ya no es el rendimiento académico del colegio, si no que la seguridad de hijos.
Mauricio Verón says:
Excelente análisis el publicado., Siendo un profesor que está encargado de SAE en su Escuela (desde que se instaló) coincido casi al 100%. Mi lectura sobre este tema – aunque menos informada que la del autor, ya que sólo leí el resumen de las conclusiones de la Comisión Técnica – coinciden en que de nuevo, la derecha «fue por lana y salió trasquilada». Creo que la implementación del SAE fue una muy buena decisión. Si bien «no resuelve la inequidad de cuna» (no le podemos pedir peras al olmo) pero es una muy buena contribución a tener una mejor sociedad.