Trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial intensifican paro indefinido y advierten con un “apagón judicial”
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Con protestas en las calles, movilizaciones a lo largo del país y la amenaza de un “apagón judicial”, los cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) han decidido endurecer el paro indefinido que mantienen desde hace casi una semana. La paralización, impulsada por la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), busca visibilizar una serie de demandas estructurales que, según denuncian, han sido ignoradas por el Ejecutivo.
Entre los principales motivos del paro se encuentran la falta de infraestructura adecuada, una grave escasez de personal, la sobrecarga laboral, problemas asociados a la salud mental de los funcionarios, el incumplimiento del acuerdo sobre homologación de remuneraciones y la lentitud en la implementación de normas sobre teletrabajo y la jornada de 40 horas.
Según el comunicado difundido por Fenadaj, la movilización podría radicalizarse si el Ministerio de Justicia, encabezado por Jaime Gajardo, no entrega soluciones concretas a las exigencias. En este contexto, los funcionarios han comenzado a manifestarse en sus propias oficinas y a desplegar una campaña mediática de presión, advirtiendo que un “apagón judicial” —que implicaría el cese total de tramitación de causas, atención al público y trabajo en terreno— está dentro de las posibilidades inmediatas.
“Esta movilización responde a una situación insostenible que se arrastra desde hace tiempo. El servicio que prestamos es esencial para la ciudadanía, y sin embargo no está en la agenda del Gobierno. Si no hay avances reales, las medidas se intensificarán”, expresa el comunicado de la Federación.
El presidente de Fenadaj, el abogado Marcelo Inostroza, valoró la alta adhesión que ha tenido el paro, estimada entre un 80 y 90% del total de trabajadores, y advirtió que las conversaciones con el Ministerio solo tendrán sentido si se abordan las demandas con seriedad y compromiso.
“Esto es imposible si no existe una respuesta que se haga cargo de las legítimas demandas de los trabajadores y trabajadoras que representamos”, afirmó. Inostroza también denunció la carga excesiva que enfrentan los funcionarios, citando el caso de abogados de las líneas de infancia que deben tramitar entre 800 y 900 causas, o la insuficiente dotación de profesionales —apenas 32— para atender a los más de 3,5 millones de adultos mayores del país.
A la espera de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo, los trabajadores de las CAJs reiteraron que seguirán movilizados hasta obtener compromisos reales que permitan fortalecer el sistema de asistencia judicial, un servicio que consideran clave para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población.
