Pobladoras de la toma el Edén de Lajarillas en Viña del Mar se movilizan para frenar el desalojo
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Como muy bien expresaba un lienzo presente en la manifestación de hoy en Valparaíso: “LAS TOMAS NO SON EL PROBLEMA, SON PARTE DE LA SOLUCIÓN”, las tomas de terreno, a lo largo de la historia, han contribuido de manera significativa a solucionar el problema habitacional en nuestro país.
Muchas poblaciones emblemáticas en el territorio nacional se han constituido y desarrollado a partir de la acción directa de los pobladores y pobladoras, de los trabajadoras y trabajadores sin casa junto a sus familias que, bajo el legítimo derecho a una vivienda digna decidieron asumir de manera directa y autogestionada la solución a esta situación.
Un ejemplo de ello es la población Glorias Navales en Viña del Mar, cuya consolidación y desarrollo se originó en la toma de terrenos Salvador Allende a inicios de los años setenta, pasando a constituirse en la población Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente, durante la dictadura, su nombre original fue cambiado.
Esta emblemática población antes mencionada, se ubica en los sectores cercanos a la toma Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto, cuyos pobladores y pobladoras están llevando adelante una serie de acciones legales, movilizaciones y protestas, luchando decididamente por el derecho a la vivienda y por impedir ser desalojados del lugar donde han formado una comunidad y construido sus hogares con mucho esfuerzo.
El lunes 17 de febrero, a mediodía, las pobladoras y pobladores realizaron una movilización que se inició con una concentración y un punto de prensa en las afueras de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para marchar posteriormente por las calles del puerto y dirigirse primero hasta el SERVIU y luego a la Gobernación de Valparaíso.
Durante el punto de prensa, Carlos, poblador de la toma, manifestó lo siguiente:
“Me dirijo a ustedes como un poblador más de nuestra toma, ya que para nadie es secreto que nuestra máxima organizadora sufrió las represalias de este poderoso monstruo económico al cual nos estamos enfrentando, a tal punto que se tuvo que ir de su casa junto a sus tres hijos producto de esta presión judicial.
Queremos aclarar que esto no es una lucha entre un grupo de chilenos con migrantes que les fueron a quitar y a robar la tierra al privado, no, esto es una lucha de trabajadores, de amas de casa y de abuelos jubilados que dependen de una pensión de doscientos y algo, podemos decir con alguien que nos engañó y está 2 en una presunta estafa”. Nos sorprende cómo se dieron las cosas, cómo se hicieron negocio con los terrenos y nadie dijo nada, nadie hizo nada, ahí es nuestra sospecha del “presunto fraude”.
Nuestros pobladores están aquí, nuestros niños y, sencillamente, nuestra consigna es a las autoridades. En Chile, yo creo que para nadie es un secreto, hasta en la escuela básica ya se manejan las cifras de falta de viviendas, que son alrededor o más allá de 600.000 (seiscientas mil) viviendas a nivel país.
Ahora yo le pregunto a todos ustedes, periodistas, televidentes, radio escuchas, ¿esas 600.000 viviendas que faltan se disminuye llevando a cabo acciones como esta del desalojo?
Nuestros vecinos, nuestros pobladores, con un pedacito de tierra en menos de un año hacen una casa digna y si hablamos de números se quedan sorprendidos con el valor de esas casas, viviendas dignas, cuando sabemos que el gobierno dispone de millones para hacer viviendas de ayuda social y sabemos que esas casas, en su mayoría, no acogen la comodidad ni las necesidades de una familia conformada.
Más allá de lo que podemos decir y de lo que s puede especular, allá lo que tenemos son familias, niños, abuelos. Acá están nuestros niños, cada uno de esas pancartas representa el pensamiento de cada padre de esos niños. Ellos escuchan, nosotros en este caso le preguntamos a ellos que querían escribir en sus pancartas y ahí está reflejado el pensamiento propio de ellos.
El llamado es a las instituciones, aquí no queremos que nadie nos regalé nada, como no nos han regalado ni un tornillo, ni una cercha, ni un cuatro por dos en nuestras casas, todo eso ha sido de nuestro bolsillo. El llamado a las instituciones está muy claro, queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar. Que quede bien claro, no queremos dinero del sector público, no queremos que quiten dinero destinado para otras cosas para ayudarnos a nosotros, sencillamente queremos negociar con el privado, pero para ello necesitamos la ayuda de las entidades.
Nosotros el año pasado pudimos reunirnos con el abogado Del Villar y le llevamos una propuesta. Mandamos a hacer una tasación privada del terreno y le llevamos una propuesta y la tiramos sobre la mesa, de la cual, hasta el momento, no hemos tenido respuesta.
Le dejamos muy claro al señor Massú que esto está llegando a estas alturas y ha tenido todas estas acciones, sencillamente porque él es el único culpable y las instituciones tienen que saberlo, él es el único culpable, porque se hizo un acuerdo verbal donde él manifestó que nos cedía el terreno tomado con la condición de que nosotros a él le garantizáramos que el resto de parcelas, que es como cuatro veces lo que nosotros tomamos, no se la tomaran y nos costó. El primer año fue de mucha lucha con vecinos aledaños porque querían hacerlo. Él delimitó con una pandereta y ahí está la pandereta e inclusive se le ha hecho mantenimiento porque entre sus ranuras se ha caído el hormigón y nosotros lo hemos arreglado.
¿Qué pasa en esta sociedad? Hemos ido a todas las instituciones posibles, para resguardar la seguridad de nuestros niños ante el abandono del ejecutivo, para que si va el desalojo se vea al menos en buenos términos y nuestros ancianos y nuestros niños no sufran sicológicamente por este desalojo. A estas alturas nadie se ha comunicado con nosotros. El 10 fue nuestro penúltimo aviso y del 10 al 15 se comunicaron todas las instituciones para resolver el problema que no han podido resolver en tres años.
Para la fecha del 17 de febrero el tribunal falló el desalojó pero se postergó no porque las instituciones intercedieron, nosotros nos hicimos presentes en esta misma Corte y metimos un Recurso de Protección, en este caso, una habitante que tiene 73 años y está sola, enferma y sin saber qué rumbo va a coger. Entonces, un llamado para las instituciones, que se avoquen. Estamos aquí Edén La Lajarilla, todos los Comité aledaños que formamos alrededor de 15 campamentos en el sector Reñaca Alto.
Nosotros somos una de las poblaciones más sanas en toda la Quinta Región, ahí no se ven casos de robos, no se ven casos de violaciones, no se ven casos de drogas, a tal punto que, al menos en nuestra comunidad Edén Lajarilla está prohibido el consumo de drogas en nuestras calles. Ahí les dejo ese dato para que vean la calidad de vida que nosotros le damos a los niños. Y pregunto ¿eso no es la comunidad ejemplo que se dice que hay que lograr? Nosotros la hemos logrado sin ayuda del gobierno. Pónganse la mano en el corazón y mírenle la cara a estos niños. Nosotros tenemos alrededor de 85 niños. ¿Cuántos niños hay en San Antonio, cuántos niños hay en Quilpué, cuántos niños hay Forestal, cuántos niños hay en Placilla? Solamente piensen en los niños, no piensen n el privado porque él tampoco va a pensar en nosotros. Nuestra consigna, n conjunto con las demás tomas de Reñaca Alto es que queremos negociar con el privado, el llamado a las autoridades es a que sean interlocutores.”
Algunas de las frases escritas en las pancartas por los niños dicen lo siguiente: “Amo mi comunidad”; “Tengo miedo, quiero mi casita”; “Queremos vivir en nuestra casa con papá y mamá”; “No queremos albergue”; “Crecí en esta hermosa comunidad: Edén Lajarilla”; “No quiero otra casa, no me derrumben mi casita”; “Quiero vivir dignamente con mi familia”; “No me quiero ir de mi casa”; “Amo mi comunidad”.
Por otra parte, en este punto de prensa hizo uso de la palabra el abogado Gustavo Burgos, quien, en representación de los pobladores y pobladoras, expresó:
“Soy Gustavo Burgos, abogado de la toma Edén de Lajarilla, esta es una toma que lleva tres años instalada en la zona de Reñaca Alto, próximo al cruce del camino internacional con el camino a Quillota. Es un grupo de cerca de90 familias, son más de 400 pobladores que están viviendo en una propiedad desde febrero del año 2022. A este lugar llegaron invitados por el propietario de esta parcela, que es el señor José Massú Márquez. Con posterioridad a dicha instalación, muchos pobladores, no la totalidad, inclusive efectuaron pagos no menores, superiores al millón de pesos, por la instalación en ese lugar, bajo el compromiso de que los pobladores deberían cuidar otras propiedades que son aledañas a aquella donde está instalada la toma de El Edén de Lajarilla.
No obstante, esta circunstancia y sabiendo de este acuerdo, que fue alcanzado en una Asamblea en que estuvo presente el propio señor Massú, esto no es simplemente un trascendido o un supuesto, sin que fue un acuerdo explícito, él presentó en el mes de marzo del mismo año un Recurso de Protección reclamando la restitución del inmueble que él consideraba, de acuerdo a lo que dice el Recurso, usurpado. Esta acción contraría, evidentemente, aquello que se había acordado con los pobladores e, inicialmente, atenta a su naturaleza, fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien, en Primera Instancia, estimó improcedente la presentación de este Recurso, atento a un hecho material muy concreto: estamos en presencia de la imputación de un delito de usurpación y el conocimiento y resolución sobre esta materia no puede verificarse mediante un Recurso de Protección, sino que mediante las acciones penales respectivas. Eso es lo primero.
Y lo segundo, con lo cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó este Recurso de Protección el año 2022 se debe a que la persona recurrida, un fantasmagórico Patricio Peñaloza Zabala, ya había abandonado el lugar, razón por la cual el Recurso, adicionalmente, carecía de objeto.
Este es el razonamiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, esta resolución fue apelada por el señor Massú y la Excelentísima Corte Suprema, en una Resolución inédita, que no reconoce continuidad en la jurisprudencia nacional, resolvió acoger este Recurso de Protección y ordenar el desalojo de los pobladores.
Esta Resolución, que ya s encuentra ejecutoriada hace mucho más de seis meses, tiene un problema material, que ustedes ya lo habrán advertido con la propia descripción de estos hechos, y es la circunstancia de que se desconoce quiénes son las personas que están afectadas por esta Resolución. La mayor parte de ellos, inclusive, llegaron al lugar con posterioridad a la presentación del Recurso, en consecuencia, no podría provocar efectos este Recurso de Protección respecto de personas que, en primer lugar, no fueron parte del Juicio, no fueron imputadas por el Recurso y tampoco tuvieron, como no lo tuvo nadie de los integrantes de esta toma, la posibilidad de hacer valer sus derechos en el Recurso de Protección. Invito a la prensa a que revise el Rol 212702 del 2022 y puedan corroborar lo que estoy diciendo. No hay ninguna presentación efectuada por los pobladores haciendo valer sus derechos y contando esta gravísima situación a la justicia. Creemos que la Resolución de la Excelentísima Corte Suprema es un error, ellos fueron inducidos a un error, se equivocaron, por cuanto no tuvieron un conocimiento íntegro de esta situación.
Producto de estos hechos es que nosotros hemos resuelto el día de hoy la interposición de dos acciones. La primera de ellas es una acción de naturaleza penal, esta es una Querella por el delito de estafa, que procede en todos aquellos casos en que, mediante engaño, yo obtengo un beneficio pecuniario, y el beneficio pecuniario del señor Massú es indudable, no solo del momento que el lugar en cuestión era un vertedero de escombros, sino porque, además, como resultado de la instalación de esta propiedad, esos inmuebles han adquirido una notoriedad y un valor comercial que probablemente lo beneficie. Se cumplen, en consecuencia, los supuestos necesarios para determinar que estamos en la presencia de un delito de estafa. Puede haber otros delitos conectados, no sabemos realmente quiénes más participaron, hay terceras personas que intervinieron cobrando estos dineros, esto es algo que deberá ser materia de investigación.
Y, en segundo lugar, de una manera cautelar, de manera de suspender el lanzamiento erróneamente ordenado por los tribunales, presentaremos también, con esta fecha, un Recurso de Protección que haga valer estas circunstancias que he indicado y que se traducen en las acciones judiciales que esta comunidad va a hacer presente.
Quiero hacer una observación muy importante. Los medios de comunicación, no estoy aludiendo a los que están acá presente, pero voy a señalar así en términos generales, han tratado esta toma como que fuera un foco de delincuencia, han presentado esto como como que es una toma de extranjeros que ha perjudicado a chilenos, en este caso al señor Massú, han presentado esto fundamentalmente como un acto delictivo que solamente puede ser resuelto en el terreno, que es el discurso oficial, en el terreno que todos los problemas sociales se resuelven mediante el expediente de la represión.
Estamos hablando de un grupo de trabajadores, la Constitución reconoce los derechos de las personas, no a los chilenos, sino que, a las personas, y quienes ocupan esto son personas, son trabajadores, son familias de mucho esfuerzo que han construido viviendas. Invitamos a la prensa que concurra al lugar para ver las características que tiene este poblamiento donde hay una vida comunitaria, donde hay más de 80 menores de edad, hay personas de edad avanzad, discapacitadas, para los cuales no existe ninguna alternativa institucional para resolver el problema de vivienda que en sus propias manos han tomado estos pobladores.
Quiero señalar expresamente que los pobladores han concurrido al Serviu, al Servicio Mejor Niñez, al Servicio de Protección de los adultos mayores, y todas estas instituciones, incluyendo la Municipalidad, la Delegación Presidencial y la Gobernación se han mostrado absolutamente indolentes frente a este problema.
Esto es algo extraordinariamente grave, el valor de la institucionalidad, si esta institucionalidad se pretende reclamar democrática, es precisamente que satisfaga los reclamos democráticos y de naturaleza popular y son aquellos que plantean la toma Edén de Lajarilla. Eso es una cuestión importante por cuanto la Resolución que ha adoptado y que ordena el desalojo, si bien es cierto en la apariencia es una resolución judicial, materialmente es un atentado a los derechos humanos. Qué es lo que significa la orden de lanzamiento, no solamente desalojar a más de ochenta familias y tirarlos a la calle, porque la institucionalidad no se está haciendo cargo de este asunto, no solo eso, sino que además destruir con buldócer las construcciones que durante años y con mucho esfuerzo han realizado los trabajadores que están en esta toma.
El lanzamiento estaba ordenado para el día de hoy, por cuestiones procedimentales simplemente fue postergado y no tenemos fecha nueva del lanzamiento (…) Quiero señalar que este es un problema que se repite por decenas en la misma ciudad, a nivel nacional es de los principales problemas políticos y sociales que hay en el país, hay una insuficiencia de más de 650.000 viviendas, esto es un problema social de primera magnitud y no puede resultar posible que la resolución de un problema tan grave, como aquel que se está planteando, se resuelva a palos, con buldócer y con gas lacrimógeno…”
Luego de este punto de prensa las pobladoras y pobladores, junto a sus familias, marcharon gritando consignas contra el desalojo por las calles céntricas de Valparaíso, portando lienzos y pancartas, al mismo tiempo que repartían volantes a los transeúntes explicando la grave e injusta situación que los aqueja.
En horas de la tarde se dio a conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en donde se fija como nueva fecha para el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública el día 22 de febrero a las 10 de la mañana.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 17 de febrero 2024
lo ramon roman says:
Lo que no se entiende es que ¿cómo pueden estar ocurriendo estas cosas de pobreza en el país, Chile, más desarrollado de Latino América y con los edificios más altos, parecidos a los the Niu Llorq, con una flota de buses electricos privados de transporte más grande de Latino America y con los adelantos de toda clase para que la gente se entretenga y puedan seguir consumiendo?