Solidaridad con al toma de pobladores de Edén de Lajarilla en Viña del Mar ante inminente desalojo
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La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa de protección 12702-2022, ha ordenado el desalojo este lunes 17 de febrero a las 10:00 am, de más de 80 familias que habitan la Toma Edén de Lajarilla, sector Camino Internacional de Viña del Mar, inmueble de propiedad del empresario José Massú quien el 23 de febrero de 2022 — en medio de la pandemia— permitió la instalación de las familias en un terreno que hasta ese momento era un basurero de escombros de un par de hectáreas. A los primeros en llegar se les cobraron sumas del orden de un millón de pesos, cantidades que fueron recolectadas a título de ventas del sitio.
Contrariando su compromiso con los pobladores y luego de que estos pagaron por instalarse en el lugar y lo limpiaron, con fecha 18 de marzo de 2022, el Sr Massú presentó un recurso de protección denunciado usurpación de su predio por parte de un supuesto sujeto de nombre Patricio Peñaloza Zavala, reclamando la restitución de su parcela. El cinco de julio de 2022 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, por cuanto los hechos sometidos a su conocimiento importaban delitos cuya investigación correspondía al Ministerio Público. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2022 la Corte Suprema —en un fallo inédito— acogió el recurso y ordenó el lanzamiento de los pobladores ordenado para el próximo lunes.
El lanzamiento ordenado constituye una manifiesta violación de DDHH por parte del Estado. La propia Municipalidad de Viña ha informado que carece de los medios para albergar a los pobladores y que el lanzamiento resulta peligroso para las familias que serán lanzadas a la calle. En efecto, se ha tratado a los pobladores, víctimas de un engaño por parte del Sr. Massú, como delincuentes impidiéndoles hacer valer su voz en la causa y desconociendo sus derechos a ocupar el lugar en donde han construido una población en la que viven más de 80 familias, superando las 400 personas dentro de las que se encuentran casi un centenar de niños, decenas de adultos mayores y discapacitados para los cuales su lanzamiento a la calle importa un riesgo inminente para su vida.
Mediante este lanzamiento ordenado se destruirán las casas y centro comunitario que durante tres años y con gran esfuerzo han construido los trabajadores, en su mayoría inmigrantes venezolanos, peruanos y haitianos.
Los pobladores de Lajarilla amenazados hoy de un inminente lanzamiento, al igual que los 10.000 pobladores de la llamada Megatoma de San Antonio, cuyo lanzamiento resulta también inminente, sufren el asedio y la criminalización por parte del Gobierno y del Poder Judicial, de la misma forma que centenares de miles a lo largo del país. Un profundo problema social, que descansa en el déficit habitacional que supera las 900.000 viviendas a escala nacional, es presentado como un simple problema de orden público para quiénes la única solución a los problemas sociales es la represión.
Rechazamos el discurso xenófobo de los medios de comunicación que criminalizan a los pobladores, honestos trabajadores que no hacen más que esforzarse por tener donde vivir y a quienes el sistema les impide acceder a créditos bancarios o apoyo social por parte del Estado.
Llamamos a los trabajadores, a los activistas militantes de la causa popular y a todas las organizaciones que reivindiquen el derecho a la vivienda y a la vida de los pobladores, a solidarizarse con la Toma de Lajarilla y a movilizarse para impedir el criminal desalojo ordenado.
Fuente: Comité de Apoyo a los pobladores de la Toma Lajarilla
