Estudio de ODECU revela contratos que encarecen la electricidad en Chile
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Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) identificó que los contratos eléctricos firmados antes de 2015 han generado un impacto negativo en las tarifas de electricidad en el país. Según el estudio, estos acuerdos, que aún están vigentes, están indexados al precio de combustibles fósiles, lo que no solo provoca alzas en las cuentas de los consumidores, sino que también impide que se beneficien de una matriz energética más limpia y económica.
Impacto en los hogares chilenos
Entre junio de 2024 y enero de 2025, los consumidores residenciales enfrentaron un alza promedio de $14.600 en sus cuentas mensuales de electricidad, alcanzando un total de $38.000 para un hogar con un consumo de 180 kWh al mes. Este incremento, además de deberse a ajustes postergados durante la pandemia, está directamente relacionado con la permanencia de estos contratos antiguos, que trasladan a los consumidores la volatilidad de los precios internacionales de combustibles como el petróleo y el carbón.
ODECU advirtió que, si bien estos contratos fueron justificados en su momento para garantizar estabilidad en el suministro eléctrico, hoy en día representan un modelo obsoleto que beneficia principalmente a las grandes generadoras.
Ingresos extraordinarios de las generadoras
El informe revela que las cuatro principales empresas generadoras concentran el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas tarifarias. Durante los últimos dos años, estas compañías han registrado ingresos extraordinarios superiores a los US$2.300 millones anuales. Esta situación evidencia una desigualdad estructural, ya que mientras los grandes consumidores, como la industria minera, han renegociado sus contratos para aprovechar la caída en los costos de las energías renovables, los hogares y pequeñas empresas continúan sujetos a un marco contractual desactualizado.
Falta de supervisión y sobrecostos
El estudio también destaca deficiencias en la gestión del sistema eléctrico. Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó al Coordinador Eléctrico Nacional por adjudicar una licitación a una empresa con una oferta más cara, desestimando una opción más económica. Este error generó un sobrecosto de US$43,25 millones para el sistema, lo que expuso la falta de control y supervisión en decisiones clave.
Llamado a la acción y renegociación de contratos
Ante este escenario, ODECU instó a revisar y renegociar los contratos antiguos para alinearlos con las condiciones actuales del mercado energético, caracterizado por una mayor participación de fuentes renovables. Tecnologías como la solar y la eólica no solo son más económicas, sino que también ofrecen estabilidad en los costos a largo plazo. Sin embargo, su impacto en las tarifas sigue siendo limitado debido a la persistencia de contratos vinculados a combustibles fósiles.
El presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, enfatizó la urgencia de esta problemática: «No podemos permitir que los contratos antiguos sigan encareciendo injustamente la electricidad para las familias chilenas. Es inadmisible que mientras nuestra matriz energética avanza hacia fuentes renovables más económicas, los consumidores sigan pagando precios elevados debido a acuerdos obsoletos y una falta de voluntad para renegociarlos».
ODECU también subrayó la necesidad de fortalecer la fiscalización de los actores clave del sistema eléctrico, garantizando que las decisiones beneficien a los consumidores en lugar de perpetuar prácticas perjudiciales. Asimismo, destacó la importancia de educar a los ciudadanos sobre el impacto de los contratos antiguos y los beneficios de la transición energética, para que puedan exigir un sistema más justo y eficiente.
«Es hora de actuar. Los consumidores merecen un sistema eléctrico que refleje los avances tecnológicos y las oportunidades económicas del mercado actual. La renegociación de contratos y la promoción de energías renovables son pasos esenciales para garantizar tarifas justas y sostenibles», concluyó Larenas Riobó.
Finalmente, el informe será enviado a las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), con el objetivo de impulsar reformas necesarias que permitan aliviar la carga económica de los consumidores y modernizar el sector eléctrico chileno.
