Reforma de pensiones: el nuevo atentado contra los trabajadores y la democracia
Tiempo de lectura aprox: 12 minutos, 33 segundos
El Gobierno, todos los partidos y bancadas parlamentarias de su coalición y casi toda la oposición, con la honrosa excepción de unas pocas personas integrantes del Parlamento, se han puesto de acuerdo en una reforma, mal llamada “de pensiones”. No busca mejorar pensiones, para duplicar las cuales basta con recuperar las contribuciones a la seguridad social y pagarlas sobre la marcha como hacen todos los países. Esta reforma busca en cambio aumentar su desvío al mercado de capitales. Constituye un atentado contra el pueblo trabajador que agrava en más de una vez y media el abuso ideado por José Piñera e implantado a la fuerza por Pinochet. Agrava asimismo el mayor atentado contra los equilibrios fiscales que se haya cometido jamás.
A cambio de míseros y graduales incrementos en pensiones, que sólo abundan en mezquina letra chica y son íntegramente de cargo fiscal, elevan en los hechos la edad de jubilación de las mujeres en cinco años, y el descuento “previsional” de 13 a 20 por ciento de los salarios imponibles. Todo el incremento de la recaudación, siete mil millones de dólares anuales, se transfiere al mercado de capitales, mismo destino de los catorce mil que descuentan hoy. Para beneficio de gestores financieros y grandes empresarios, especialmente los cuatro grupos que controlan el sistema AFP.
Es asimismo un atentado gravísimo contra el sistema democrático. Una victoria pírrica a costa de agravar el desprestigio que lo tiene sumido en una crisis política nacional, que nadie niega y torna la vida insoportable para todos. Los partidos sin excepción han pasado por sucesivos gobiernos a lo largo de tres décadas y media, y ninguno ha sido capaz de intentar siquiera acabar con este abuso.
Para evitar el peligro de un suicidio fascistoide, el único camino es levantar ahora una alternativa política revolucionaria y democrática, dispuesta a conducir la indignación popular, hoy dirigida contra el sistema democrático, para acabar con los grandes abusos, en primer lugar con el desvío de contribuciones a la seguridad social al ahorro forzoso, que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973. Con la determinación del Presidente Allende.
Y respecto del sistema AFP, por ahora, si no hay reforma habrá retiros.
“Ya no podríamos llamarle al sistema de pensiones chileno el sistema de AFP (sic)”. Tiene razón el Ministro de Hacienda en declararse “satisfecho” y reclamar con esas palabras la coautoría sobre este sistema mal llamado “de pensiones”. Desde luego por su labor directa en la primera, y en la fracasada segunda, de las reformas Bachelet, y por cierto en la actual, donde lleva la guaripola. Sin contar con su destemplada oposición a los retiros 10%, única retribución significativa al pueblo trabajador que se ha impuesto al sistema AFP desde su creación. Es secundado por una legión de tecnócratas de convicciones similares, y algunas figuras políticas cómo la Ministra del Trabajo, que parecen anteponer otras consideraciones a su deber de defender bajo toda circunstancia los intereses del pueblo que les eligió.
Este funcionario, formado en CIEPLAN y el neoliberalismo de «tercera vía», de Blair, Clinton y la Concertación, desde los variados altos cargos públicos por los que ha transitado, ha sido siempre un defensor ardiente, convencido y consecuente, del desvío de las contribuciones previsionales al ahorro forzoso en el «mercado de capitales». En realidad el grueso va a los cuatro grupos pinochetistas que controlan el sistema AFP mediante sus compañías de seguros.
Nunca ha sido un defensor de las AFP sino al revés, es un serio competidor de estas con razón desprestigiadas gestoras. Quizás sea su propósito administrar él mismo, el ahorro forzoso de los millones de personas que conforman el pueblo trabajador de Chile. Quizás comparte el sueño de colegas que se han preguntado “¿te imaginas el poder que nos daría (sic)?”. Tampoco ha dado pie para acusarle de buscar con ello un interés mezquino, cómo no sea quizás lograr en pago por sus servicios, con el aval de la gran “industria” financiera mundial con la que se codea en “Chile Day”, una aún más brillante carrera funcionaria internacional. Desde luego con una merecida pensión definida, confortable y garantizada. Y quizás también ¿por qué no un sillón senatorial?
Lamentablemente, este inteligente y muy informado funcionario, al parecer nunca se ha percatado que el ahorro forzoso es uno de los dos mayores abusos contra el pueblo de Chile, originados el 11 de septiembre de 1973. Junto a la entrega a diez mineras privadas, sin cobro significativo, de tres cuartas partes del cobre nacionalizado por el Presidente Allende, cuya materialización apoyó asimismo desde varios gobiernos concertacionistas. Estos abusos se pueden estimar en el equivalente de un quinto y la mitad, respectivamente, de los ingresos anuales totales del Estado. Son recursos pertenecientes al pueblo de Chile que se traspasan a un puñado de grandes empresarios, por añadidura rentistas. De aprobarse la reforma, el primero subirá a más de un cuarto de los ingresos fiscales.
Más allá de quién lo gestione, el desvío mismo al ahorro forzoso, de las contribuciones a la seguridad social, es un abuso gigantesco contra la abrumadora mayoría que vive principalmente de su salario, y especialmente contra sus mayores a cuyas pensiones se restan. Una buena manera de comprenderlo es aplicarlo a la ínfima minoría que vive principalmente de las ganancias del capital y las rentas de la tierra.
Descuenta forzosamente el 13 por ciento de los salarios imponibles, tasa que subirá a 20 por ciento si se aprueba la reforma en curso. Cómo no lograron ponerse de acuerdo en la repartija del 6 por ciento adicional, pués le cargaron otro punto más a los trabajadores, total, no se dan ni cuenta. Lo así “ahorrado” por cada persona se secuestra de por vida, desde la primera hasta la última cotización, y al jubilarse se le “devuelve” en cuotas de 1/200 avo al mes, a las mujeres menos, hasta su muerte. Y aún después, como ha demostrado un triste incidente reciente. Al jubilarse por renta vitalicia la persona pierde además la propiedad formal del ahorro, la que transfiere de modo bien real a la compañía de seguros. La reforma actual pretendió dejar ésta como única alternativa. Esas condiciones del ahorro mismo son desde ya abusivas y nadie las aceptaría voluntariamente.
El abuso se agrava, sin embargo, si se considera su contenido clasista. En efecto, aunque a cada persona se le restituya íntegramente y con gananciales lo que aportó, el fondo de salarios así ahorrados no se restituye jamás al pueblo trabajador en su conjunto. Sencillamente porque basta para ello que el número de forzosos ahorrantes crezca, como demostró Franco Modigliani y recibió por ello el premio Nóbel.
Si se trata de ahorristas voluntarios es un círculo virtuoso, que permite conformar un sano mercado de capitales, al tiempo que retribuye íntegramente a cada uno de sus voluntarios aportantes. Es el principal mecanismo mediante el cual el empresariado, ahorrando parte del excedente que se apropia, cumple con su deber de financiar íntegramente la reproducción ampliada del aparato productivo. Esa es, precisamente, una de las obligaciones que le impone el contrato social secular que, por otra parte, legitima su apropiación del excedente de la producción social.
En cambio, si es ahorro forzado al pueblo trabajador, conforma un fondo de salarios siempre creciente a disposición de los empresarios, que por lo mismo no se devuelve jamás. Ello constituye una violación flagrante de la primera obligación del empresariado, que puede apropiarse del excedente pero sólo a condición de no tocar los salarios, la parte del producto social que el pueblo trabajador reserva para sí y su familia, incluidos sus viejos. Violar este principio tiene un nombre, se llama super explotación.
El sistema AFP ha confirmado espectacularmente el teorema de Modigliani, a lo largo de cuatro décadas. La “devolución” en míseras cuotas de los “ahorros” del pueblo trabajador, en realidad se ha financiado siempre con una pequeña parte de la creciente recaudación corriente, jamás con el fondo acumulado. Las AFP han destinado menos de un sexto (16%) de lo recaudado, a financiar su mísero aporte “autofinanciado” a las pensiones que paga dicho sistema, que cubre apenas un tercio de las mismas. El Estado subsidia los dos tercios restantes de estas, además de la totalidad de otras tantas pensiones públicas. Casi todas las contribuciones a la seguridad social (84%), se han traspasado así a perpetuidad al sistema financiero. Con la única excepción de los “retiros 10%”, el fondo AFP no ha financiado nunca ni financiará jamás pensión ni beneficio alguno a las personas afiliadas.
En cambio, el funcionario aludido, argumentando contra los retiros 10%, resaltaba alarmado ante el Parlamento que el fondo AFP y las “reservas técnicas” de las compañías de seguros relacionadas con el negocio, financian el grueso de los créditos de empresas (70%) y parte significativa del bancario (10%), así como buena parte del capital bursátil (20%). Ese es precisamente el objetivo de perpetuar y agravar este abuso. Estos son sus verdaderos beneficiarios.
El ahorro forzoso se impone exclusivamente al 99 por ciento de la población que obtiene la mayor parte de sus ingresos del salario, gana menos de 3,2 millones de pesos (84,3UF) y, considerando que cotiza poco más de un mes de cada dos, promedia ingresos imponibles de poco más de 600 mil pesos mensuales. Así lo comprueban los registros AFP de 12 millones de personas no jubiladas, que entran y salen constantemente de 7 millones de empleos formales, donde las AFP les descuentan forzosamente el 13 por ciento del salario imponible.
El uno por ciento de mayores ingresos de la población, en cambio, obtiene la mayor parte de su participación en empresas, y promedian 30 millones de pesos mensuales en moneda de hoy, según un señero estudio de Hacienda. Éste comprueba que el uno por ciento más rico gana 50 veces más que el pueblo trabajador, en promedio. Incluyendo el 0,1 por ciento que gana 300 veces más y el 0,01 por ciento que gana 2.235 veces más, que el promedio del pueblo trabajador.
Ley pareja no es dura, dicen. ¿Qué pasaría si se obliga al uno por ciento de mayores ingresos de las personas a destinar el 13 por ciento de sus ingresos mensuales al ahorro, se le secuestre hasta cumplir la edad de jubilación y ahí se devuelve en cuotas de 1/200 avo al mes hasta su muerte, e incluso después? ¿Qué pasaría si se impone al uno por ciento lo que se viene forzando al 99 por ciento restante?
La recaudación y el consecuente impacto sobre el mercado de capitales sería muy positivo, nada menos que la mitad del que aporta el mismo mecanismo aplicado hoy al 99% que vive de salarios. Pero ¿estarían apoyando estas personas elevar la cotización al ahorro forzoso del 13% al 20%, como se pretende imponer hoy al pueblo trabajador? ¿Pecharían sus todopoderosas organizaciones gremiales, partidos, voceros y medios de comunicación, por imponer esta brutal alza, como hacen ahora?
Para este funcionario, en cambio, el desvío al ahorro forzoso de las contribuciones a la seguridad social, no sólo no le parece un abuso, sino un componente “necesario porque permite evitar los problemas derivados del cambio de la transición demográfica sobre las pensiones (sic)”. Agita de esta forma relamida el fantasma del “envejecimiento”, con que las AFP han venido asustando a la población por cuatro décadas, y para exagerar el cual un funcionario piñerista a cargo del INE, el mismo que arruinó un censo, llegó al extremo de falsificar las proyecciones demográficas ¡asumiendo inmigración cero!
En efecto, el desvío mismo de las contribuciones a la seguridad social, se sostiene en promover la canallada que los jóvenes dejen a sus padres abandonados a su suerte. Estúpida además, porque azuzan que los nietos hagan lo mismo con ellos. Pero ante todo irracional puesto que, quiéralo o no, la generación que trabaja es la única que puede sostener, con parte de lo que produce cotidianamente, a las personas que no pueden trabajar, jóvenes, inválidos y viejos. Si aquellos no lo hacen, estos mueren. Nadie más puede “evitar los problemas derivados del cambio de la transición demográfica sobre las pensiones” que, lejos de ser un problema constituye el mayor logro de la transición a la modernidad: triplicar la expectativa de vida de la población.
Y lo logran por cierto, porque felizmente y al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida, dicha transición multiplica por más de veinte la productividad del trabajo medida en valor, y muchísimas veces más si se mide en bienes y servicios concretos. De este modo, es bien sabido que las sociedades que completaron primero esta transición sostienen al conjunto de su población en forma cada vez más confortable con jornadas laborales cada vez más cortas.
Nuestro funcionario deja caer otro argumento, más sofisticado, para justificar el ahorro forzoso, cuando afirma que “permite que las personas aprovechen el rendimiento de la economía”. Según la prensa, ha declarado que gracias a ello, incrementando el ahorro forzoso pretende lograr futuras pensiones con tasas de reemplazo cercanas al 70 por ciento. El país ha escuchado antes promesas similares. La evidencia brutal del abuso y miseria de jubilados, junto a la concentración de los salarios secuestrados en manos de un grupete de grandes empresarios, en que ha resultado el ahorro forzoso en Chile a lo largo de cuatro décadas, evita entrar por ahora en la refutación de tales afirmaciones.
Lo que más llama la atención es que este funcionario, que ha tenido un rol importante en establecer leyes e incluso promovido disposiciones constitucionales, que obligan a los gobiernos a respetar estrictos “equilibrios fiscales”, pretenda en cambio mantener y agravar brutalmente la principal y más regresiva distorsión del sistema tributario, que origina el que sin duda constituye el mayor desequilibrio fiscal que se haya generado jamás.
Todo el andamiaje de los equilibrios fiscales criollo se ha puesto por estos días en alerta roja ante la propuesta de destinar un punto y medio de cotizaciones adicionales a un préstamo al Estado, supuestamente para pagar un modesto beneficio previsional y principalmente para ahorrar para cubrir su devolución en el futuro.
¡Tremenda novedad! ¡Eso es precisamente lo que han venido haciendo desde 1981, cuando desviaron todas las contribuciones a la seguridad social al mercado de capitales! Mismas que en ese momento, según un conocido estudio de la facultad de economía de la UC, cuna de los Chicago Boys, financiaban todas las pensiones y dejaban un excedente de un tercio en beneficio fiscal.
Ello generó de un año para otro una enorme caída, de más de un quinto, en los ingresos del Estado, que siguió pagando todas las pensiones. ¿Cómo las cubrió el fisco? Pues endeudándose ¡con el fondo AFP! Año tras año, el fisco lo ha continuado haciendo, para cubrir parte del enorme y creciente gasto público en beneficios previsionales. Cómo resultado de ello, y según una presentación del funcionario referido ante el Parlamento, actualmente la deuda acumulada del fisco con el sistema AFP representa ¡dos tercios de su deuda total!
Aparte de prometer pensiones con 70 por ciento de tasa de reemplazo, el creador del sistema prometió aliviar las cuentas fiscales. La realidad es que cuatro décadas y media después, el fisco financia la casi totalidad (87%) del gasto nacional en pensiones, incluyendo subsidios directos que cubren dos tercios (64%) de las que paga el sistema AFP, y otras tantas pensiones públicas. Destina a ello más de un quinto (22%) del presupuesto fiscal, de muy lejos la mayor partida, la que creció un 7 por ciento en los últimos 12 meses.
El sistema AFP financia una parte menor (13%) del gasto nacional en pensiones, destinando a ello sobre la marcha menos de un sexto (16%) de la recaudación de cotizaciones de cada mes, cuyo monto total equivale asimismo a un quinto (19%) de los ingresos totales del fisco.
Casi la totalidad de las contribuciones a la seguridad social (84%) constituye excedente corriente neto a favor del sistema AFP, es decir, la suma de cotizaciones recaudadas más subsidios directos al pago de pensiones del sistema, menos el costo de estas. Tras descontar las onerosas comisiones de los gestores del mismo, dicho flujo de caja neto financia la mayor parte de los requerimientos financieros de las empresas que operan en el país, mientras una buena parte se desvía al exterior —la reforma eleva el tope de inversión en el exterior, antes de 30 a 80 por ciento, a 50 a 80 por ciento, en los nuevos “fondos generacionales” que propone. Otro pago considerable a gestores financieros se descuenta de la rentabilidad de la cuota.
Los principales beneficiarios de este desvío de contribuciones a la seguridad social, al mercado financiero, son las compañías de seguros relacionadas con el negocio, a las cuales se desvían en propiedad plena cada mes y cada año la mitad (47%) de las cotizaciones recaudadas. Más de la mitad de ese enorme flujo de dinero (52%) va a las que pertenecen a cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan de ese modo el sistema AFP y son sus principales beneficiarios. Con la mitad de este inmenso flujo, que incluye ahora buena parte de la PGU, estas compañías pagan la mensualidad de todas las rentas vitalicias, quedando la otra mitad a su entera disposición, aunque deben registrar en sus balances como “reservas técnicas” las que adeudan.
El dinero allí registrado, al igual que el que aparece en el fondo AFP, se presta de inmediato a los beneficiarios de créditos del sistema. Originalmente estos eran un conjunto selecto de instrumentos y acreedores de solvencia más o menos reconocida, entre los cuales por cierto se cuentan empresas pertenecientes a los cuatro grupos mencionados, las que reciben una cuarta parte de las inversiones del sistema AFP en empresas nacionales, según constata Fundación Sol.
El grupo receptor se ha ampliado sucesivamente en años recientes, con entusiasta iniciativa de funcionarios a cargo del sistema, a toda una serie de instrumentos como derivados y otros, y gestores no convencionales. Uno de estos últimos tenía hasta hace poco como director a un exMinistro de Hacienda, hoy alto funcionario del FMI, en cuyo mandato se otorgaron estas autorizaciones. Por cierto, lo reemplazó como director otro destacado miembro de la legión de tecnócratas acá referida.
Las cifras involucradas en este abuso son siderales. El total de cotizaciones salariales transferido al sistema AFP desde 1981 hasta noviembre de 2024, últimos datos publicados por la SP, suma casi 300 mil millones de dólares (293.586 al cambio de ese mes), cifra similar al PIB del año 2024 y equivalente a tres veces la masa salarial de ese año, completa. A ello hay que agregar un total de 75 mil millones de dólares en subsidios fiscales directos al pago de pensiones AFP, que han financiado dos tercios de las mismas, mediante endeudamiento contraído con el sistema AFP que equivale a dos tercios de la deuda fiscal total. Restando a lo anterior el costo total de las pensiones pagadas por este sistema en toda su historia, que suma 123 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo recaudado en cotizaciones, ello arroja un excedente corriente neto de 245 mil millones de dólares de salarios y subsidios transferidos al sistema AFP.
Esa cifra, equivalente a cinco sextos del PIB del año 2024, supera con creces el valor del fondo de pensiones, que a noviembre de ese año alcanzaba los 191 mil millones de dólares. Cubre asimismo la mayor parte de los otros retiros netos del fondo, incluyendo la mayor parte de los “10%”. La cacareada ganancia bruta del fondo, que suma poco más de cien mil millones de dólares, apenas cubre las comisiones y primas netas que se han traspasado a la propiedad de los accionistas de las AFP y las compañías de seguros relacionadas con el negocio, de modo que la ganancia neta del sistema se reduce apenas a 8 por ciento del valor del fondo a fines de noviembre de 2024. La tasa interna de retorno (TIR) de todos los aportes de afiliados y fisco al sistema desde 1981 hasta esa fecha es de apenas 0,33 por ciento anual en promedio, si se calcula en dólares y de 1,90 por ciento en UF. Si se agregan al fondo AFP las “reservas técnicas” y se supone que ambos se recuperan en su totalidad, la TIR sube alrededor de un punto porcentual. Nada del otro mundo.
El excedente corriente neto aportado por personas afiliadas y el fisco al sistema AFP, es decir, la suma de cotizaciones más subsidios menos pensiones pagadas por éste, es asimismo la medida precisa del costo fiscal del mismo. En efecto, sin AFP, el fisco habría recaudado lo mismo y, pagando las mismas pensiones, dicho excedente corriente neto equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, sería de beneficio fiscal. Por otra parte, la deuda fiscal total sería un tercio de la actual.
Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la magnitud acumulada de la regresiva y “atípica transferencia forzosa al sector privado” que detecta el reciente informe de la OCDE en el sistema tributario chileno.
Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la medida de la “responsabilidad fiscal” de la cual con ceño adusto han alardeado tanto el creador del sistema AFP como el funcionario que reclama con razón coautoría sobre el mismo, junto a la legión de expertos que le secundan. Sin considerar que, adicionalmente, unos y otros han registrado estos inmensos desembolsos fiscales “bajo la línea” en su presupuesto, de modo que no se reflejan como deberían en las cuentas fiscales. ¡Irresponsables y por añadidura frescolines!
Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la magnitud del gigantesco subsidio entregado mediante el abuso del ahorro forzoso a la conformación del gran empresariado chileno, a los “Hijos de Pinochet”.
Nada de esto es gratuito. El pueblo trabajador es muy paciente pero a cada tanto pierde la paciencia e irrumpe masivamente en el espacio político, para hacerse respetar. Así lo hizo a lo largo de los años 1980, luchando en todos los terrenos hasta acabar con la dictadura de Pinochet. Así lo viene haciendo nuevamente, en forma desplegada desde el 18-O, para acabar con la desidia de un sistema democrático que ha logrado muchas cosas, pero ni siquiera ha intentado acabar con estos abusos.
La irresponsabilidad de las autoridades del sistema político en su conjunto, de mantener y agravar en más de una vez y media este abuso, en lugar de encabezar la irrupción popular para acabarlo, que para eso fueron elegida, deberán responder por ello ante el pueblo. Y lo harán. La presión popular por terminarlo continuará y se manifestará muy concretamente. Sin duda, por una continuada y creciente presión por retiros de fondos, pero asimismo por la autorización de regreso voluntario al sistema público, que es la manera en que se puso fin a estos esquemas en Europa.
El autor intelectual de este abuso es de triste memoria y al Ministro de Hacienda no le gusta ser asociado con su nombre pero, como dice la biblia, «Al César lo que es del César…».
Manuel Riesco, vicepresidente CENDA
Serafín Rodríguez says:
”Inamible!” habría dicho Baldomero Lillo…
jaime norambuena says:
Siempre lo mismo porque se sabe…
jaime norambuena says:
Se sabe que El Marcurio miente
Felipe Portales says:
Un artículo muy contundente e ilustrativo. Lo que sí llama la atención es el pesar y desilusión que manifiesta Manuel Riesco respecto del Gobierno por esta «reformita». ¡Hace ya mucho tiempo que el actual gobierno ha demostrado ser un total continuador de las políticas de los gobiernos de la Concertación de consolidar -con pequeños ajustes concordados con «la derecha»- el modelo neoliberal heredado de la dictadura! Tan es así que incluso, independiente de no tener mayoría parlamentaria (factor que también fue blandido mañosamente muchas veces por la Concertación, cuando se le exigía el cumplimiento de compromisos en los que ya no creían), Boric -¡contraviniendo incluso compromisos de campaña!- ha adoptado, ¡dentro de sus atribuciones!, medidas en esa dirección: Entre ellas, la adhesión al TPP11; el impulso al tratado con la UE; el acuerdo de darle la mitad del litio a Ponce Lerou hasta 2060; el «perdón» de cerca de mil millones de dólares a la Isapres, respecto del despojo que le hicieron durante años a sus cotizantes; la continuación de las políticas represivas a los mapuches; etc.