161 organizaciones ecologistas instan al gobierno de Boric a frenar la regresión ambiental
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Un total de 161 organizaciones ecologistas y territoriales de Chile han emitido un enérgico llamado al gobierno del presidente Gabriel Boric para poner fin a lo que denominan un «proceso de regresión ambiental». Estas críticas se centran en diversas iniciativas legislativas y ejecutivas promovidas bajo el argumento de fomentar la inversión, pero que, según las organizaciones, atentan contra los principios de protección ambiental y social del país.
En una carta abierta, respaldada por movimientos sociales, ONGs, agrupaciones locales y comunitarias, se señala que estas políticas contradicen los principios preventivos y precautorios, fundamentales para la preservación de ecosistemas únicos en el territorio nacional. El texto cuestiona directamente la postura del Ejecutivo, autodefinido como “el primer gobierno ecologista de Chile”, y advierte que estas acciones podrían comprometer tanto la biodiversidad como la sostenibilidad económica de las comunidades locales.
Proyectos bajo la lupa
Entre las medidas que han generado mayor controversia, las organizaciones destacan:
- El proyecto de ley de permisos sectoriales, actualmente en segundo trámite en el Senado, que introduce modificaciones al silencio administrativo y a las declaraciones juradas, lo que, según los críticos, debilita los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de normativas ambientales. Asimismo, se alerta sobre la falta de recursos humanos para agilizar los trámites, lo que podría agravar la situación.
- La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que propone reducir a la mitad los plazos de evaluación para proyectos declarados urgentes, poniendo en riesgo la rigurosidad del análisis ambiental.
- La iniciativa de administración del borde costero y concesiones marítimas, que, según la carta, aborda los ecosistemas marinos desde una perspectiva extractivista, simplificando sus funciones y promoviendo su explotación.
Adicionalmente, se menciona la promoción del hidrógeno industrial, denominado «verde», y los proyectos relacionados con la extracción de litio, que ponen en peligro salares y ecosistemas reconocidos internacionalmente. También se critica la falta de medidas para revocar concesiones a la salmonicultura en áreas protegidas, lo que refuerza la preocupación por la pérdida de biodiversidad.
Contexto y exigencias
El documento también denuncia el uso del término «permisología», calificado como un neologismo peyorativo promovido por sectores extractivistas y ahora adoptado por el gobierno. Este término, según las organizaciones, minimiza la importancia de las regulaciones ambientales al presentarlas como meros obstáculos burocráticos.
Finalmente, los firmantes solicitan al gobierno que revise su agenda pro-inversión, rectifique su discurso y rechace las propuestas legislativas de «racionalización regulatoria» que, en su opinión, comprometen los derechos humanos ambientales y la protección de la naturaleza.
“Estas políticas regresivas en términos ambientales y sociales colocan en riesgo no solo los ecosistemas, sino también los derechos de las comunidades que dependen de ellos”, concluyen en la misiva.
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