Luis Hermosilla nuevamente imputado: el caso Parque Capital expone una red de influencias en el segundo gobierno de Piñera
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En menos de un año, el otrora reconocido abogado penalista Luis Hermosilla volvió a enfrentar los tribunales, esta vez en el contexto de una de las aristas del caso Audio, conocida como Parque Capital. Durante la audiencia realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía imputó a Hermosilla por el delito de tráfico de influencias, un episodio que salpica al segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y a altos ejecutivos del Grupo Patio, propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
La acusación del Ministerio Público
El fiscal Felipe Sepúlveda expuso que Hermosilla, quien fue asesor del Ministerio del Interior durante la administración de Piñera, utilizó su posición para gestionar la aprobación del proyecto inmobiliario Parque Capital en la comuna de Lampa. Según la Fiscalía, el abogado operó como intermediario entre los hermanos Jalaff y autoridades del Ministerio de Vivienda, valiéndose de contactos personales y económicos para influir en el proceso de tramitación del proyecto.
Sepúlveda detalló que Hermosilla gestionó reuniones con el exministro de Vivienda, Felipe Ward, y el seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz, presionando directamente para avanzar en las autorizaciones. Además, presentó mensajes de WhatsApp donde el abogado solicitaba información sobre el estado del proyecto y entregaba documentación que facilitara su aprobación.
Por estas gestiones, el Ministerio Público afirmó que Hermosilla recibió una retribución de 45 mil UF, la cual habría sido canalizada mediante una triangulación de fondos desde la cuenta de Factop, empresa involucrada en el caso principal del mismo nombre.
La defensa de Hermosilla
El abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, cuestionó la acusación de tráfico de influencias argumentando que su representado no es funcionario público y, por ende, no puede ser imputado por dicho delito. “Aquí están pasando cosas raras”, señaló, aludiendo a supuestas irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Asimismo, negó categóricamente la existencia de pagos recibidos por Luis Hermosilla en relación con el proyecto Parque Capital, calificando las acusaciones como infundadas. La defensa también adelantó que solicitaría el sobreseimiento de su representado en esta arista del caso.
El trasfondo político y económico
La exposición del fiscal Sepúlveda destacó la relación de amistad y dependencia económica entre Hermosilla y los hermanos Jalaff, quienes habrían facilitado créditos y otorgado una oficina en Alonso de Córdova al abogado. Estas conexiones revelan una red de influencias que se extendió hasta altas esferas del gobierno y el sector privado, con gestiones directas sobre proyectos clave.
El caso Parque Capital no solo pone en entredicho la actuación de Hermosilla, sino que también evidencia cómo intereses privados pueden interferir en la administración pública, afectando la transparencia y la confianza en las instituciones.
Lo que viene
El próximo 13 de enero, Hermosilla enfrentará una nueva audiencia de reformalización, donde la Fiscalía ampliará los cargos en su contra, incluyendo el delito de soborno. Esta instancia, que reunirá a otros 15 imputados del caso Audio y Factop, promete develar más detalles de las operaciones ilícitas en las que presuntamente participó el abogado.
Mientras tanto, Hermosilla permanece en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, medida cautelar que refuerza la gravedad de las acusaciones y el impacto de este caso en el ámbito político y judicial.
El caso Parque Capital se suma a una lista creciente de investigaciones que exponen las conexiones entre la política, el sector privado y las redes de poder en Chile, poniendo en la palestra la necesidad de reformas profundas para garantizar la probidad y la justicia.
