La ingobernabilidad toma sitio
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 23 segundos
Si existe algún consenso hoy en la clase política chilena es sobre la necesidad de hacer una profunda reforma constitucional o, al menos, electoral. Sin embargo, las diferencias en el cómo implementarlo explican que en los últimos años hayan fracasado dos intentos constituyentes: uno protagonizado por el oficialismo y el otro por la derecha opositora, en dos largos y onerosos procesos cuyas propuestas no lograran el apoyo ciudadano requerido.
En ambos casos, el voluntarismo de los partidos políticos impidió llegar a una Carta Fundamental que reemplazara al texto constitucional de 1980 legado por la Dictadura pinochetista que todos los sectores dicen querer reemplazar, pero sin que exista un mínimo común denominador político para lograrlo.
La situación es crítica y, como se coincide, amenaza con la ingobernabilidad. Cuando el gobierno de Gabriel Boric inicia su último año de gestión, parece haber conciencia de que todas sus propuestas refundacionales están siendo abortadas por la mayoría opositora del Congreso Nacional y, hay que reconocerlo, por las diferencias políticas que manifiesta el oficialismo entre los llamados socialistas democráticos y los sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ni siquiera la demandada Reforma Previsional ha logrado hasta ahora plasmarse en una Ley que acabe con el sistema de pensiones en que sus administradoras privadas y transnacionales han consolidado un suculento beneficio a costa de las jubilaciones miserables que pagan a los jubilados. Menos todavía parece viable una Reforma Tributaria que eleve los impuestos a los más ricos, como a las más poderosas empresas. Todo lo cual desahucia también las promesas electorales de la izquierda en el campo de la educación, la construcción de viviendas y, muy especialmente, de la salud. Una situación que se agrava diariamente con los que se suman a los cientos de miles de pacientes que esperan tratamientos y cirugías médicas.
Por el contrario, no sería extraño que el gobierno centroizquierdista termine concediéndole a los principales referentes empresariales una disminución de sus impuestos, lo que no se atrevió a concretar la última administración de Sebastián Piñera. La que ya había enfrentado el Estallido Social del 2019 que, de no mediar la pandemia del Coronavirus, podría haber ocasionado la caída de su gobierno.
En lo que la gestión de Boric ha tenido un relativo éxito es en el fortalecimiento de las policías, en el apoyo opositor que ha logrado para elevar considerablemente los niveles de represión contra el crimen organizado, como en la renovación constante de los estados de excepción sin que prospere un acuerdo entre el Estado y las organizaciones indígenas de la Araucanía que suponga el pleno reconocimiento de sus históricos derechos conculcados a la etnia principal chilena. Como a la posibilidad de que las empresas forestales, mineras y agroindustriales de la zona puedan desarrollarse sin sufrir los embates de la verdadera guerra que se libra en el sur del país.
Pero tampoco resulta grato para los sectores más progresistas el hecho de que sea su gobierno el que haya prolongado la guerra contra las vindicaciones mapuches, incapaz de materializar un acuerdo que establezca una paz definitiva en la macro zona sur del país. Solución que tanto se prometió cuando líderes como Héctor Llaitul eran vitoreados por los sectores progresistas, para culminar ahora en que él y otros dirigentes rebeldes sean perseguidos y condenados como subversivos y terroristas.
Ante tantos problemas puede ser comprensible que el presidente Boric decida ausentarse, emprender tantos viajes al extranjero y, ahora, hasta haya implementado una gira al polo sur del Planeta, considerado nuestro límite soberano austral. Especialmente son los episodios de corrupción que comprometen al conjunto de la política, sumado a la inseguridad nacional, los que están causando mayor decepción popular respecto de nuestro sistema democrático que, en verdad, se vale de la obligatoriedad del voto para disimular su creciente descrédito popular.
Ya se aprecia la dificultad que tendrá incluso la iniciativa de legislar para que nuestra institucionalidad electoral reconozca solo la existencia de aquellos referentes políticos que logren por encima de un cinco por ciento de los sufragios. Umbral electoral que daría por caducadas al menos una veintena de aquellas expresiones que hoy pueblan el Parlamento, y hacen tan dificultoso los acuerdos. Cuando, para colmo, el conjunto de los partidos manifiesta evidentes y públicos desacuerdos internos y no pocos diputados y senadores díscolos se niegan a aceptar las llamadas órdenes de partido.
De esta manera es que también una propuesta vinculada a ésta se propone exonerar de los cargos de representación ciudadana a los que se cambien de tienda política durante el ejercicio de sus cargos.
Pero el realismo indica que no van a ser justamente los parlamentarios actuales los que se inmolen políticamente. Tampoco, por ahora, el propio Gobierno decide patrocinar la iniciativa de algunos parlamentarios, ante la amenaza de los partidos y legisladores de abandonar el pacto gubernamental si se insiste en aprobar estar reformas. Una situación que también prevalece en la derecha opositora, donde varias colectividades realmente poco o nada gravitan como apéndices de Renovación Nacional, la UDI y el partido Republicano.
Entre paréntesis, cabe consignar que algunos analistas piensan que nunca ha estado más seguro el régimen neoliberal y la vigencia del capitalismo en Chile. Cuando los principales actores políticos concuerdan en que el crecimiento económico es, ahora, el imperativo principal y ya se verá después si es con mayor equidad como lo prometiera el extinto mandatario Patricio Aylwin.
De acuerdo a las últimas encuestas, el electorado chileno aparece muy desinteresado en la consecución de estas reformas. Para los chilenos son otros los temas más acuciantes, como las reformas económico sociales referidas, el incremento de la criminalidad y el actual problema de la inmigración masiva. Un tema que es agitado por la derecha política para afectar a La Moneda, aunque las patronales no vean con desagrado la llegada de “mano de obra más barata”. Sobre todo en un país en que el crecimiento demográfico está estancado y ya se aprecia el envejecimiento de nuestra población.
Ciertamente que la ingobernabilidad toma sitio en la política chilena.
Juan Pablo Cárdenas S.
