Diputado republicano Mauricio Ojeda enfrenta formalización por presunta corrupción en el caso Convenios
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos
Este jueves, el Ministerio Público formalizó al desaforado diputado Mauricio Ojeda, exintegrante del partido Republicanos, en el marco de la investigación conocida como la arista «Manicure» del caso Convenios. Ojeda enfrenta acusaciones por delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, relacionados con el supuesto desvío irregular de fondos públicos.
Las acusaciones
La Fiscalía sostiene que Ojeda favoreció el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc, administradas por los hermanos Ortiz, amigos personales del diputado. Estos recursos estaban destinados a programas de capacitación para mujeres en peluquería y manicure, servicios que, según las investigaciones, nunca se llevaron a cabo.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que los antecedentes recopilados respaldan la acusación contra Ojeda como autor cooperador de los delitos imputados. “Nuestra calificación jurídica es de fraude al Fisco reiterado, consumado, y también un delito de fraude al Fisco en grado de frustrado”, afirmó Garrido. Además, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el diputado desaforado.
La defensa de Ojeda
A su llegada a la audiencia de formalización, Ojeda aseguró sentirse tranquilo y negó haber cometido algún delito. «Estamos confiados en que no hemos hecho absolutamente nada. Complejo debe ser para quienes tienen alguna ‘yaya’ o un grado de maldad. En mi caso eso no existe», declaró.
Contexto del caso
El caso Convenios ha destapado múltiples irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a programas sociales. La arista «Manicure» es una de las más controvertidas, al involucrar un presunto esquema de desvío de recursos en favor de personas cercanas al diputado.
La formalización de Mauricio Ojeda marca un nuevo capítulo en esta investigación, que sigue revelando cómo operaban redes de corrupción al interior de las instituciones encargadas de gestionar fondos destinados al bienestar social.
(Con información del Ministerio Público y fuentes judiciales)
