Debate por regulación acotada para migrantes empadronados: opiniones divididas entre oposición y gremios empresariales
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La propuesta del Gobierno chileno de implementar una «regulación acotada» para los migrantes que participaron voluntariamente en el proceso de empadronamiento biométrico —una cifra estimada en 182 mil personas— ha generado un intenso debate. Mientras desde la oposición surgen críticas que alertan sobre posibles efectos adversos, los gremios empresariales destacan la importancia de esta medida, particularmente para sectores como la agricultura, destaca Emol.
Críticas desde la oposición: «Un llamado masivo»
Desde el sector opositor, se ha manifestado preocupación respecto a la posible percepción de esta medida como un «perdonazo» o un incentivo para el ingreso de migrantes por pasos no habilitados, con la expectativa de regularizar su situación en el futuro. Este cuestionamiento, sostienen, podría generar un «efecto llamado» que agravaría la presión migratoria en el país. En este contexto, los detractores de la propuesta plantean dudas sobre su viabilidad política y su impacto en la capacidad del Estado para controlar las fronteras.
Gremios empresariales: migración regulada como una necesidad
Por otro lado, representantes del sector empresarial han defendido la «necesidad de una regulación migratoria ordenada que permita responder a las demandas del mercado laboral, especialmente en el ámbito agrícola».
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, destacó que, históricamente, la migración ha sido positiva para Chile, pero subrayó que esta debe estar debidamente regulada. «No hemos podido controlar el ingreso por las fronteras», afirmó, agregando que es fundamental implementar mecanismos que permitan verificar antecedentes y asegurar que los migrantes sean quienes dicen ser en sus países de origen. Para Mewes, este control es clave para garantizar que quienes ingresen estén dispuestos a integrarse laboralmente.
Asimismo, mencionó que sectores como la agricultura enfrentan una alta demanda de trabajadores, lo que hace urgente la regularización de los migrantes ya presentes en el país. «Conversando con la gente del agro, requieren trabajadores agrícolas y necesitan que estén regularizados, y eso muchas veces no pasa», puntualizó.
Agricultura en jaque: la visión del presidente de la SNA
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, fue más enfático al destacar la dependencia de la agricultura chilena respecto a la mano de obra extranjera. Enfatizó que el país no cuenta con suficientes trabajadores nacionales para abordar las necesidades del sector, y alertó sobre las graves consecuencias de no actuar con prontitud.
Walker destacó que en las próximas semanas se exportarán cerca de US$3.500 millones en cerezas, un proceso intensivo que debe completarse en solo ocho semanas. «No hay disponibilidad de trabajadores suficientes», advirtió. Para enfrentar esta realidad, propuso dos vías:
- Visas temporales: Establecer un sistema similar al de Nueva Zelanda, que permite a trabajadores extranjeros, principalmente bolivianos, ingresar temporalmente para las cosechas y luego regresar a su país.
- Regularización interna: Regularizar a los inmigrantes irregulares que ya están en Chile, asegurando que cumplan con requisitos como antecedentes intachables.
Walker concluyó subrayando la importancia de ordenar la situación migratoria para cumplir con los estándares de buenas prácticas agrícolas, los cuales exigen no emplear trabajadores en situación irregular.
Un tema de urgencia nacional
El debate sobre la regulación acotada pone en evidencia la tensión entre las demandas del sector económico y las preocupaciones políticas sobre control migratorio. Mientras los gremios empresariales llaman a tomar medidas inmediatas para responder a las necesidades laborales, los críticos alertan sobre los riesgos de enviar señales que incentiven el ingreso irregular.
El Gobierno, liderado por el subsecretario del Interior Luis Cordero, deberá equilibrar estas posturas para implementar una solución que aborde las necesidades del país sin comprometer la seguridad fronteriza ni generar divisiones políticas adicionales.
