Fallo a favor de Dominga desata críticas: organizaciones alertan corrupción y daño ambiental irreversible
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El reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA y ordenó al Comité de Ministros emitir una nueva resolución sobre el proyecto minero portuario Dominga, ha generado una ola de rechazo entre organizaciones ambientales y comunidades locales. La decisión, que pone nuevamente en debate un proyecto calificado como dañino para el medio ambiente, ha sido ampliamente criticada por exceder las facultades del tribunal y poner en riesgo un ecosistema de relevancia mundial.
El dictamen anula la resolución de enero de 2023, que calificó desfavorablemente a Dominga, y obliga al Comité de Ministros a pronunciarse nuevamente en un plazo de 15 días, excluyendo a los ministros que debieron haberse inhabilitado. Sin embargo, organizaciones como Oceana, Alianza Humboldt y Greenpeace han denunciado irregularidades en la sentencia, argumentando que se trata de una interferencia indebida en el proceso administrativo y un incumplimiento de la legislación ambiental chilena.
Críticas al fallo judicial
Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, quien representa a Oceana en este caso, afirmó que el tribunal ha excedido sus atribuciones. “Esta sentencia contiene claras ilegalidades. No aprueban directamente el proyecto, pero en la práctica forzan la voluntad del Comité de Ministros. Es una evidente vulneración de la ley”, señaló Costa, quien además anunció que apelarán ante la Corte Suprema.
Por su parte, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, cuestionó la afirmación del tribunal sobre la falta de probidad de los ministros que rechazaron el proyecto. «Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara sobre los múltiples casos de conflictos de interés y corrupción asociados a Dominga”, indicó.
Impacto ambiental y oposición comunitaria
El proyecto Dominga, que implica la construcción de dos minas a rajo abierto, un mega puerto y una planta desaladora en la Región de Coquimbo, ha sido rechazado repetidamente debido a los graves riesgos que plantea para el ecosistema del Archipiélago de Humboldt. Esta área, reconocida por su biodiversidad única, alberga especies en peligro como la ballena azul y el pingüino de Humboldt, además de ser clave para actividades económicas sostenibles como el turismo y la pesca artesanal.
Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt, expresó la postura de las comunidades locales: “No estamos dispuestos a que se destruya lo que hemos construido. Llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible que depende de la protección de nuestro medio ambiente”.
Greenpeace Chile también reiteró su rechazo al proyecto. “El avance de Dominga representa un grave riesgo para las especies que habitan esta zona, incluyendo santuarios como la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt. Un ecosistema tan frágil no puede ser sacrificado por los intereses de un proyecto de esta envergadura”, declararon.
Un largo historial de controversias
Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, Dominga ha enfrentado rechazos tanto de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como del Comité de Ministros. Las objeciones incluyen insuficiencias en la línea base del proyecto, subestimación de impactos y riesgos para la biodiversidad marina. A pesar de ello, Andes Iron ha persistido en buscar su aprobación mediante recursos judiciales, generando un proceso marcado por denuncias de conflictos de interés y corrupción.
Organizaciones como Modema, parte de Alianza Humboldt, aseguraron que seguirán luchando contra este proyecto. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga. No podemos permitir que se abra la puerta a un proyecto que representa uno de los casos de corrupción más emblemáticos del último tiempo en Chile”, afirmó Carolina Bahamondes, presidenta de la agrupación.
El fallo del tribunal reaviva una controversia que ha dividido al país durante más de una década, pero las organizaciones y comunidades locales reafirmaron su compromiso de proteger el Archipiélago de Humboldt, exigiendo el rechazo definitivo del proyecto.
