El olvidado mundo de la exclusión
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En este país de desigualdades negado impunemente por la dictadura, el olvidado mundo de la exclusión ha saltado otra vez al primer plano: el avance electoral de la derecha lo amenaza, las resoluciones judiciales lo acosan y el oficialismo permanece paralizado, parece ausente y no encuentra el camino para llevar al pueblo a mejorar sus precarias condiciones de vida.
Con el ex subsecretario del Interior ya detenido y formalizado por una situación que es personal e individual, al gobierno no le compete seguir dando explicaciones a quien se las pida y dispone ahora de más tiempo para preocuparse de los desposeídos que no logran salir del fondo del nauseabundo pantano neoliberal.
Hubo quienes pensaron que la generación de recambio en La Moneda se traduciría en transformaciones sustanciales, lo que no ha ocurrido porque la carga que recibieron los gobernantes es muy pesada, las presiones de la derecha persisten para que todo siga igual y en las arcas fiscales – no en las privadas, siempre repletas – no hay dinero para los pobres que se las deben arreglar “en la medida de lo posible”.
Las desigualdades están principalmente en los ingresos y en las oportunidades, pero también en todos los ámbitos de la vida nacional, porque está a la vista que hay ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera clase. Hubo estallidos de júbilo de algunos cuando se conocieron los nombres de los animadores y los primeros artistas confirmados para el Festival de la Canción, pero no es noticia cuando se habla de las penurias que enfrentan los más necesitados.
En Chile las clases populares lo pasan mal porque hay una multitud de compatriotas sin trabajo y sin casa, sin derechos vitales, víctimas del modelo neoliberal. Las consecuencias de las inequidades del modelo no han sido al menos atenuadas al paso de los años ni tampoco por los gobiernos que ofrecían cambios radicales y refundaciones que han quedado en el papel agudizando el abandono de las grandes masas desprotegidas.
Sin oportunidad de poder acceder a un trabajo formal hay en el presente no menos de dos millones de comerciantes ambulantes que deben salir a la vía pública a vender lo que pueden para subsistir. No siempre lo hacen porque enfrentan la furia del comercio establecido y la persecución policial que suele llegar hasta el decomiso de sus mercancías.
A la vez, medio millón de personas deben vivir en casi 1.300 campamentos de tránsito levantados en tomas de terrenos ajenos. Se encuentran allí sin poder evitar el hacinamiento, sin servicios vitales y en deplorables condiciones sanitarias. Se sabe que los campamentos sólo hacen noticia cuando se producen allí desastres como fue el gigantesco incendio que destruyó más de 50 precarias viviendas en el denominado Dignidad, en la comuna de La Florida, a mediados de noviembre.
Los sin trabajo y sin casa son figuras emblemáticas del modelo antipopular impuesto por las armas durante la tiranía militar – empresarial. El modelo fue instalado para favorecer a los dueños del dinero, en cuya agenda no aparece ninguna inversión que signifique beneficiar a las víctimas de la extrema pobreza.
Tras los últimos resultados electorales, la derecha ha subido el tono con que desprecia hacia el comercio callejero al que atribuye delincuencia, drogadicción, narcotráfico y hasta crimen organizado. El nuevo alcalde de Santiago será un ex ministro del gobierno empresarial pasado, quien antes fue carabinero, y que un mes antes de asumir ha acometido contra los ambulantes y anticipado su desalojo, sin precisar si les tiene un empleo, otra ocupación con mayores ingresos ni nada de ello.
En Valparaíso una postulante de un partido de extrema derecha a la gobernación regional ha dicho con ligereza que “debemos dejar atrás el estallido y el octubrismo, porque es la única manera de recobrar la esperanza en la región”. Esto es, pretende que se pase al olvido el histórico estallido social y junto con ello las demandas por una nueva Constitución democrática, como igualmente que queden atrás las aspiraciones populares por una democracia plena, con derechos ciudadanos para todos, igualdad y dignidad.
El poder judicial – objeto hoy de fuertes cuestionamientos – no ayuda mucho. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó una solicitud de la autoridad política para aplazar por un año la orden de desalojo emitida por la Corte Suprema respecto a la mega toma de terrenos en el cerro Centinela de San Antonio, de propiedad de la inmobiliaria “San Antonio”. Si al 30 de noviembre los pobladores no han abandonado el lugar, actuará la fuerza pública.
No se sabe a dónde irán a parar las 10 mil personas que ahora ni siquiera tendrán un techo que las cobije. Pareciera que las actividades ilícitas son las únicas que las estarán esperando porque hasta ahora no se sabe de otras alternativas.
En el gobierno no hay plata para los excluidos, menos aún en estos momentos negativos para la economía nacional. Las cifras oficiales revelan que en octubre pasado la inflación fue de un 1%, la mayor en un año y medio; la actividad económica registró un 0% y el trabajo informal ya alcanza al 28%.
Ante la tibia reacción de La Moneda, que no genera empleos formales ni construye viviendas en número suficiente, las actuales circunstancias no favorecen en nada a los excluidos, los marginados y los defraudados, que van en aumento progresivamente.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
