Derecha en el Congreso bloquea presupuesto clave para el gasto social y la educación pública
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos
En medio del debate por el Presupuesto 2025, se ha intensificado la polémica sobre el financiamiento para áreas críticas del gasto social, en especial la educación pública. Organizaciones del sector educativo y sociales han acusado a los sectores de derecha en el Congreso de obstaculizar los recursos necesarios para atender las crecientes demandas sociales, exacerbando una crisis estructural que afecta a las comunidades más vulnerables del país.
Educación pública en estado crítico
El rechazo reciente en la Cámara de Diputados a los recursos destinados a los Servicios Locales de Educación (SLEP) es señalado como un ejemplo del bloqueo sistemático hacia el gasto social. La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Pública (FENTRAEP), junto con otras asociaciones, ha calificado esta situación como una «señal de alerta» que refleja el abandono de la educación pública y la falta de voluntad política para atender sus urgencias.
La crisis de infraestructura, la precariedad pedagógica y la dependencia del sistema educativo en un modelo de financiamiento basado en vouchers han profundizado la desigualdad frente a la educación privada. Más de 17 billones de pesos presupuestados para la cartera de educación en 2025 parecen beneficiar a grandes grupos económicos y no a las comunidades escolares que enfrentan carencias básicas.
Exigencias de las comunidades educativas
Diversas agrupaciones han presentado una serie de propuestas para garantizar un presupuesto digno, que incluyen:
- La presentación de un nuevo sistema de financiamiento basal que respalde estratégicamente los proyectos educativos de las comunidades.
- Declarar la educación en estado de catástrofe y destinar el 2% constitucional para enfrentar la crisis.
- Levantar restricciones presupuestarias que afectan a servicios locales específicos, como el SLEP Valparaíso.
- Autorizar el uso de fondos retenidos y crear ítems específicos para apoyar a docentes y asistentes de la educación.
Sin estas medidas mínimas, las organizaciones han instado a los senadores a rechazar el presupuesto, calificándolo como «indigno» y desconectado de las verdaderas demandas de las comunidades educativas.
El trasfondo político
La disputa por el presupuesto refleja tensiones más amplias entre la derecha política y los sectores progresistas, particularmente en torno a la asignación de recursos para atender necesidades sociales urgentes. Críticos señalan que el bloqueo a estos fondos no solo afecta a la educación, sino también a otras áreas fundamentales del gasto social, como la salud y la vivienda, que requieren una inversión sostenida para enfrentar la creciente desigualdad.
Un llamado a la acción
La FENTRAEP y otras agrupaciones han llamado a las comunidades educativas y a la ciudadanía a mantenerse alertas y movilizadas, exigiendo un presupuesto que refleje un compromiso real con las necesidades del país. «Por un presupuesto digno para la educación pública», concluyen en su declaración, reiterando que la lucha por garantizar derechos fundamentales como la educación no puede postergarse más.
Este debate, además de evidenciar la profunda brecha entre las prioridades de la clase política y las demandas ciudadanas, marca un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de desarrollo y bienestar social que Chile aspira a construir
