Trabajadores estatales protestan por dictamen de Contraloría que cambia procedimiento ante despidos
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 53 segundos
Organizaciones de trabajadores estatales, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Colegio de Profesores, se movilizaron en Santiago para exigir la revocación de un reciente dictamen de la Contraloría General de la República. La medida, liderada por la contralora Dorothy Pérez, modifica el mecanismo por el cual los funcionarios a contrata pueden alegar «confianza legítima» en casos de despido, y ha generado indignación en diversos sectores de trabajadores y críticas desde el Partido Comunista (PC).
El pasado martes, los gremios entregaron una carta en el edificio de la Contraloría, en Teatinos 56, solicitando a la contralora Pérez que reconsidere esta disposición. El cambio, que reemplaza la interpretación instaurada por el excontralor Jorge Bermúdez, elimina el derecho de los trabajadores públicos a reclamar ante la Contraloría por la falta de renovación de contratos extendidos por más de dos años, bajo el principio de «confianza legítima». En lugar de esto, deberán presentar recursos de protección en las cortes de apelaciones.
La ANEF ha calificado la medida como un retroceso en los derechos laborales, señalando que “afecta a cientos de trabajadoras estatales al desvirtuar las conquistas sindicales sobre el concepto legal de confianza legítima.” Según los representantes sindicales, el criterio previo de Bermúdez otorgaba una mínima estabilidad laboral a los trabajadores públicos a contrata, promoviendo la renovación de sus contratos anuales cuando superaban dos años de servicio, y establecía la intervención de la Contraloría en los casos de despido.
Respaldo del Partido Comunista y Críticas a la Precarización Laboral
El Partido Comunista, representado por su presidente, Lautaro Carmona, también mostró su apoyo a las demandas de los trabajadores. En sus declaraciones, Carmona destacó que “esta medida pone en jaque la posibilidad de una básica estabilidad laboral,” afectando la seguridad de los empleados públicos en un contexto de precarización laboral creciente. «Respaldamos y valoramos las iniciativas de los gremios para defender sus derechos y evitar la mayor inseguridad en un sector tan crucial para el país,» afirmó el dirigente.
La Respuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, marcó distancia respecto a la postura del Partido Comunista y subrayó que la administración de Gabriel Boric respeta la autonomía de la Contraloría. «No soy vocera del Partido Comunista, así que sobre las críticas tienen que preguntarle a sus dirigentes,» sostuvo Vallejo en un encuentro en La Moneda. Además, aclaró que la posición del Ejecutivo es de respeto a la independencia del órgano contralor y que no intervendrán en las decisiones que tome al respecto.
La reforma impulsada por Dorothy Pérez ha generado un amplio debate sobre los derechos laborales en el sector público y la vulnerabilidad de los trabajadores a contrata frente a decisiones unilaterales. Los gremios sostienen que la «confianza legítima» en la renovación de contratos es un derecho fundamental para los trabajadores estatales, y advierten que la eliminación de esta garantía podría deteriorar aún más las condiciones de trabajo en la administración pública.
Con el respaldo de las principales organizaciones gremiales y el apoyo de sectores políticos, los funcionarios estatales continúan presionando para revertir la medida, advirtiendo que se mantendrán firmes en la defensa de sus derechos laborales y en la lucha por condiciones de trabajo más estables en el sector público.
