Indicación sobre test de drogas al Presidente: una medida populista que desvía la atención de las reformas clave
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En el marco de la tramitación del Presupuesto 2025, una indicación presentada por el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, esconde una maniobra política. La propuesta, que fue aprobada con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, incluso con parlamentarios oficialistas que pisarion el palito, exige que el Presidente de la República, los ministros de Estado y subsecretarios se sometan semestralmente a pruebas de detección de drogas. Este requerimiento, según el Gobierno, tiene una clara intención política que desvía la atención de temas centrales, como la reforma de pensiones, el proyecto de reforma fiscal y otros aspectos prioritarios del presupuesto.
La indicación de Coloma se enmarca en el debate sobre las primeras partidas del Presupuesto 2025 (boletín 17142), las cuales incluyen asignaciones para la Presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República. Aunque el presupuesto de la Presidencia se mantendrá sin variaciones respecto al año anterior, se han contemplado aumentos en gastos de personal, compensados por la reducción de transferencias corrientes, y recursos destinados al mantenimiento de los edificios emblemáticos como el Palacio de La Moneda y la Residencia Presidencial Cerro Castillo. Sin embargo, algunos diputados criticaron los fondos asignados para la contratación de personal adicional para actividades presidenciales, lo cual consideran cuestionable en un año electoral.
Posiciones encontradas entre el Gobierno y la oposición
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue uno de los primeros en reaccionar a la indicación de Coloma, expresando reservas sobre la constitucionalidad de la medida. Marcel sostuvo que este tipo de control no guarda relación directa con el presupuesto nacional y podría ser un intento de “espectáculo político” que distrae a la opinión pública de las discusiones esenciales sobre políticas públicas. Por lo tanto, el Gobierno está considerando llevar el asunto al Tribunal Constitucional en caso de que la propuesta avance en su tramitación.
En el mismo sentido, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reafirmó la disposición del Ejecutivo a cumplir con la ley en caso de cambios, pero cuestionó el procedimiento de incluir un tema de esta índole en la Ley de Presupuesto. “Creemos que hay mecanismos más idóneos para legislar estos asuntos que la Ley de Presupuestos”, afirmó Orellana, quien recordó que intentos similares en el pasado no tuvieron éxito.
Apoyo y críticas a la indicación
La indicación de Coloma recibió el respaldo no solo de gran parte de la oposición, sino también de diputados oficialistas, lo que evidencia divisiones en la postura de los parlamentarios sobre este tema. La diputada Ana María Gazmuri, sin embargo, respaldó la reserva de constitucionalidad presentada por el Gobierno, argumentando que la propuesta de Coloma carece de relación directa con las ideas matrices del proyecto presupuestario, en conformidad con lo estipulado en el artículo 69 de la Constitución.
El propio Gobierno de Gabriel Boric ha manifestado disposición a discutir la idea de implementar pruebas de drogas en el Poder Ejecutivo, pero sostiene que el foro para dicha discusión debe ser otro y no la Ley de Presupuesto, que cumple un propósito distinto. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el contexto actual requiere un debate centrado en políticas públicas de mayor impacto, como la reforma de pensiones y el fortalecimiento de los recursos destinados a educación y salud, temas que, según sostienen, son de relevancia crucial para la ciudadanía.
Un trasfondo político y mediático
Analistas políticos han señalado que la propuesta del diputado Coloma tiene un evidente matiz populista, diseñado para instalar en la agenda un tema accesorio que podría desviar la atención de los temas centrales en los que el Ejecutivo ha encontrado resistencia por parte de la derecha. Esta estrategia, afirman, no es nueva en el escenario político y responde a un intento de restar legitimidad a la gestión del actual Gobierno en momentos de alta polarización.
Al final del día, mientras el Presupuesto 2025 sigue un curso atropellado en el Congreso, el debate sobre los controles de drogas a autoridades promete generar nuevas tensiones entre el oficialismo y la oposición, en un contexto en el que los desafíos legislativos y las demandas sociales requieren un enfoque estratégico y de largo plazo. La decisión final sobre esta indicación dependerá, en última instancia, del análisis constitucional y de la capacidad del Congreso para llegar a consensos sobre el contenido y el objetivo del presupuesto nacional.
Serafín Rodríguez says:
Interesante! Con todo, ni una palabra sobre lo ocurrido en la toma de La Victoria y su eventual desalojo, «firme junto al ueblo…» Tal vez un ná’ que ver para el socialismo WOKE!