SMA inicia proceso sancionatorio por infracciones «gravísimas» contra empresa extractora de áridos en el Biobío
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos contra la empresa Transportes Juan Enoc Leiva Sanhueza EIRL, titular del proyecto «Aumento de extracción de áridos, cantera Fundo Palco Chuponal», ubicada en Coronel, Región del Biobío. El procedimiento se inició tras constatar que la empresa ha realizado la extracción de áridos de manera diferente a lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de otros incumplimientos.
Este proyecto, aprobado en 2019, contempla un incremento de la extracción de áridos en una cantera ya existente, proyectando una explotación de hasta 189.414 m³ y ampliando la superficie afectada de 2,1 a 4,1 hectáreas. Sin embargo, la SMA detectó que la empresa ha operado de manera irregular, motivando el proceso sancionador.
El caso se originó en una denuncia ciudadana que señalaba sobreexplotación de la cantera, falta de planes de manejo forestal, y problemas de polución y tráfico de camiones en la Ruta CH-156, cercana al lugar de extracción. Tras varias inspecciones de la SMA y en colaboración con organismos como Sernageomin y la Dirección de Vialidad, se identificaron múltiples irregularidades.
Los cargos formulados incluyen uno clasificado como «gravísimo», tres como «graves» y dos como «leves». La infracción gravísima se refiere a la falta de informes de seguimiento ambiental durante todo el tiempo de operación del proyecto. Los cargos graves están relacionados con la extracción de materiales fuera de los parámetros permitidos, ausencia de sistemas de manejo de aguas lluvias y falta de planes de reconstitución vegetal. Las infracciones leves incluyen el almacenamiento incorrecto de material en áreas no autorizadas y la falta de un sistema de lavado para vehículos de transporte.
Según el jefe regional de la SMA del Biobío, Juan Pablo Granzow, «se han encontrado suficientes antecedentes para iniciar el proceso sancionatorio, ya que el proyecto no ha cumplido con las directrices establecidas en su permiso ambiental».
Las sanciones podrían ser graves: la empresa enfrenta la posibilidad de revocación de su RCA, clausura de sus operaciones y multas que podrían alcanzar hasta las 27.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de 21 mil millones de pesos. La compañía dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días para sus descargos desde la notificación.
