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Senado aprobó la destitución del juez Sergio Muñoz sobre acusaciones infundadas proporcionadas por inmobiliaria Fundamenta

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La reciente destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, aprobada por el Senado, ha desatado un fuerte cuestionamiento público debido a las denuncias de que las acusaciones en su contra habrían sido promovidas por la inmobiliaria Fundamenta con el propósito de desviar la atención de irregularidades en uno de sus proyectos en Ñuñoa.

Un permiso en entredicho y una estrategia legal cuestionable

El caso tiene como trasfondo un permiso de edificación otorgado el 12 de octubre de 2018 para la construcción de cuatro torres de 32 pisos cada una en Ñuñoa. Este permiso, sustentado en un estudio de conos de sombra presuntamente mal elaborado, habría violado el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna, que establece una altura máxima de 15 pisos. Según las denuncias, de haberse fiscalizado correctamente en su momento, dicho permiso habría sido invalidado.

En un intento por desviar la atención de estas irregularidades, Fundamenta presentó dos denuncias contra el juez Muñoz, acusándolo de entregar información privilegiada a su hija. Estas acusaciones, carentes de pruebas, fueron utilizadas como base para el juicio político que derivó en su destitución, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.

Denuncias de corrupción y exigencias de justicia

Rodolfo Acha, del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, y Patricio Herman, de la fundación Defendamos la Ciudad, entregaron el 7 de noviembre un documento a Carolina Casanova, Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), denunciando que la destitución de Muñoz es un acto de corrupción orquestado para proteger intereses privados.

Ambos activistas hicieron un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado para revertir la remoción del juez y emplazaron a las autoridades municipales de Ñuñoa, tanto a la alcaldesa en funciones, Emilia Ríos, como al alcalde electo, Sebastián Sichel, a pronunciarse sobre el caso.

Un escándalo que trasciende a la política regional

En medio de las próximas elecciones para gobernador de la región metropolitana de Santiago, los candidatos Claudio Orrego y Francisco Orrego, conocidos por su defensa de la transparencia, han sido instados a fijar postura respecto a este caso, que pone en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas.

La aprobación de la destitución del juez Sergio Muñoz por parte del Senado, sustentada en acusaciones infundadas, no solo plantea serias dudas sobre los procedimientos políticos, sino que también evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización y la probidad en la toma de decisiones institucionales.

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