Diputada Camila Musante plantea reforma al Ministerio Público tras revelaciones de posible influencia sobre el Fiscal Nacional
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La diputada independiente Camila Musante, jefa del comité IND-PPD, planteó la necesidad de impulsar una reforma estructural en el Ministerio Público luego de que surgieran denuncias sobre una reunión entre el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. Según reportes, Valencia habría ofrecido informar sobre diligencias que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera. La parlamentaria destacó que esta situación afecta la transparencia y confianza en la labor de la Fiscalía, especialmente en temas de derechos humanos y grandes casos de corrupción.
Graves denuncias contra el Fiscal Nacional
Musante calificó como “gravísimos” los antecedentes que se han hecho públicos y llamó a Valencia a dar explicaciones al país. “Yo llamaría una vez más al fiscal nacional a que le dé claridad, transparencia y certeza al país”, señaló la diputada. Además, criticó la desvinculación de Ymay Ortiz, quien fuera jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público durante más de 22 años. Musante alertó que la salida de Ortiz podría llevar a la prescripción de más de 500 causas en materia de derechos humanos, calificando este hecho como “un daño tremendo a la justicia y la reparación”.
La diputada también recordó que otros casos recientes han puesto en duda la imparcialidad de la Fiscalía, mencionando la decisión del exfiscal Manuel Guerra de eliminar el cargo de cohecho en el Caso Penta, que involucraba a figuras como Délano y Lavín. “¿Eso es lo que hacen los fiscales en Chile? ¿Toman el teléfono y desvinculan a la encargada de la Unidad de Derechos Humanos para que prescriban más de 500 causas?”, cuestionó Musante, subrayando la falta de transparencia en el actuar de la institución.
Crisis de confianza en el sistema judicial
Musante advirtió que estos episodios contribuyen a una crisis de confianza en torno al Ministerio Público y el sistema de justicia en general. Al ser consultada sobre la permanencia del fiscal Valencia en su cargo, señaló que la Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar al Ministerio Público, lo cual podría derivar en un proceso de remoción ante la Corte Suprema si se consiguen las firmas necesarias. Sin embargo, advirtió que no basta con abordar responsabilidades individuales y recalcó la importancia de promover cambios estructurales.
En relación con su rol personal, Musante mencionó que se ha sumado como querellante en la investigación contra el exfiscal Guerra. “Pero además de identificar las responsabilidades individuales, tenemos que generar cambios estructurales”, sostuvo, enfatizando la necesidad de reformar el sistema de nombramientos para evitar la intervención de intereses externos en la administración de justicia.
Propuesta de reforma al Ministerio Público
Musante argumentó que la necesidad de una reforma integral al Ministerio Público es urgente. “Si no generamos de una vez por todas una reforma –y voy a ir un poco más allá– no solamente en el Poder Judicial, sino que también que comprenda al Ministerio Público, no le estamos dando garantías al país de que quienes están encargados de perseguir los delitos y quienes tienen la justicia en sus manos responden a la ley y no a intereses de terceros”, afirmó la diputada.
Además, recordó que en la Comisión de Constitución del Congreso ya está pendiente una reforma al Poder Judicial, y planteó que se debería considerar una similar para el Ministerio Público. Musante enfatizó que es fundamental blindar a las instituciones judiciales de influencias externas y reiteró que el Congreso tiene la responsabilidad de avanzar en reformas profundas, además de evaluar posibles responsabilidades individuales en los casos actuales.
Un llamado a proteger la imparcialidad de la justicia
Finalmente, la diputada Musante hizo un llamado a los parlamentarios a considerar seriamente la posibilidad de iniciar un proceso de remoción del Fiscal Nacional, aunque aclaró que hasta el momento no ha discutido este tema con otros legisladores. “Nosotros como Cámara tenemos que, por sobre todas las cosas hoy día, empujar las grandes reformas que están pendientes”, recalcó, destacando la urgencia de garantizar que la administración de justicia en Chile esté libre de influencias y responda únicamente al interés público.
