Persistente odio contra el pueblo
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La ciudadanía ha confirmado por enésima vez lo que es evidente: la derecha pinochetista persiste inalterable en el odio irracional que hubo en la dictadura contra el pueblo, lo que quedó a la vista al cumplirse este 18 de octubre 5 años del estallido social que marcó un antes y un después en la sociedad chilena.
Los millones de hombres y mujeres pobres y menos pobres que protagonizaron esa rebelión popular tienen la certeza hoy que no cuentan con el apoyo de la casta política tradicional, sino que por el contrario esta no los considera, no los toma en cuenta, no escucha sus demandas y mantiene al país y su gente estancados y sin poder salir del maloliente pantano neoliberal.
Por ello nada ha cambiado un ápice en este Chile a la deriva regido por una Constitución militar antidemocrática y un modelo socioeconómico de profundas desigualdades que sigue imponiendo el poder del dinero. El Estado continúa siendo sobrepasado por el mercado abusivo y se prolonga el despojo de los derechos sociales de la ciudadanía.
El mundo conservador encabezado por la derecha que se opone a los cambios pero que incluye además a sectores de centro y a la llamada centroizquierda que gobernó por muchos años con un maquillaje que fue un fiasco para la población, ha reinterpretado el estallido tratando de presentarlo como si hubiera sido solo un episodio de violencia callejera.
Lo que se produjo en realidad fue la más potente, masiva y significativa expresión popular en lo que va del siglo XXI. Las muchedumbres de postergados, frustrados, olvidados y sin oportunidad de nada salieron de un prolongado letargo, despertaron y repletaron las calles y avenidas de ciudades de todo el país en demanda de igualdad, dignidad y derechos a partir de una Carta Magna ciudadana en lugar del bando militar de 1980.
No lo ha querido ver así la oligarquía todopoderosa y el gran empresariado enriquecido tras el desmantelamiento del Estado impuesto por el golpismo. También están allí los políticos retardatarios que se mueven a su servicio, en un intento por mantener los privilegios de la clase dorada que ostenta la concentración económica de la que emanan las actuales irritantes desigualdades.
La coalición derechista, maltrecha y superada por la presencia en las calles de las multitudes desposeídas, hasta ahora no ha conseguido sobreponerse al aluvión de voluntades populares que la dejó sin aire. Su única reacción ha sido intentar ensuciar y descalificar las protestas de los pobres e insistir en que lo ocurrido fue un “estallido delincuencial” que ha sido toda su respuesta.
A la luz de los hechos la casta patronal y los políticos que la sirven se solazan al considerar que ser pobre es lo mismo que ser delincuente, y los meten a todos en un mismo saco. La minoría por la acumulación de dinero no solo desprecia a la gente desposeída, la desconoce y le atribuye lo que no es, y cree que su único camino la conduce directamente a la cárcel para que no reclame ni moleste.
En el quinto aniversario del estallido social el pinochetismo solapado pretende que el gobierno deje sin efecto los escasos indultos y pensiones de gracia que se otorgaron a las víctimas de la feroz represión que hubo contra quienes se manifestaban en las calles. La embestida de agentes del Estado (Carabineros y Ejército) dispuesta por el régimen empresarial de Piñera dejó 30 muertos y centenares de heridos y mutilados, entre ellos dos personas con ceguera total y más de 420 con un ojo menos. No hubo bajas entre el personal uniformado: allí nadie murió ni quedó con traumatismo ocular, tampoco nadie sufrió una brutal pateadura que lo dejara hemipléjico ni tampoco fue empujado al río.
Los afanes antipopulares de la derecha le hacen plantear que «La Moneda “revise la continuidad de funcionarios que expresaron apoyo a la violencia o personas que están ahora representando al oficialismo en cargos de elección popular. Esto es la derecha no asume que no es gobierno, se confunde y no hace alusión alguna a quienes fueron funcionarios de la dictadura, cómplices de los crímenes organizados y actualmente ocupan cargos políticos o parlamentarios que les permite esta precaria democracia.
Aquellos que quieren reducir la rebelión popular al vandalismo y saqueos por parte de una minoría olvidada carecen de autoridad: son los mismos que nunca han tenido una palabra de condena para los 17 años de barbarie dictatorial, a partir del ataque por tierra y aire contra La Moneda intentando asesinar al presidente de la República. Mientras la sede de gobierno caía envuelta en llamas, los pilotos de la Fach que la bombardearon desaparecían rápidamente.
También la impunidad ha encubierto los múltiples delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados durante el estallido social. Según denuncia el INDH existe un escaso avance en los casos judiciales y sólo un mínimo porcentaje de los procesos, no más allá de un 3%, ha llegado a una condena como reflejo de las dificultades para obtener justicia en estos hechos.
Al menos la justicia formalizó en fecha reciente y al cabo de 5 años a tres generales pinochetistas que encabezaban el alto mando de Carabineros en 2019. Yáñez, Rozas y Olate son los inescrupulosos individuos que como medidas cautelares fueron objeto de sanciones muy pequeñas, como firma quincenal y arraigo nacional.
Salvo el hecho de poner sus necesidades sobre la mesa hasta ahora el pueblo no ha ganado nada. Sus demandas sociales no han sido escuchadas por la autoridad política y no se descarta que las protestas callejeras masivas postergadas por el momento, vuelvan a producirse en el mediano o corto plazo.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
