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Organizaciones de derechos humanos presentan recurso de protección en favor de Sergio Muñoz

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Este jueves, una nueva acción judicial fue presentada en favor del exmagistrado de la Corte Suprema Sergio Muñoz, en un esfuerzo por revertir su destitución. El recurso de protección, impulsado por 13 agrupaciones de derechos humanos de distintas ciudades del país, fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La acción legal cuestiona la unificación de la acusación constitucional contra Muñoz con la de la también removida jueza Ángela Vivanco.

La controversia comenzó cuando, a principios de octubre, el Congreso decidió admitir y tramitar una acusación constitucional colectiva que incluía a Muñoz y Vivanco. Según informó La Tercera, este hecho fue calificado como una «aberración jurídica» por los abogados de Muñoz, quienes argumentan que los casos son distintos e inconexos. En el caso de Muñoz, la acusación se basaba en dos hechos vinculados a su hija, la jueza Graciel Muñoz: primero, se le acusa de haber adelantado un fallo para evitar una compra inmobiliaria, y segundo, de no alertar sobre la dirección de audiencias por parte de su hija desde fuera de su jurisdicción, específicamente desde Italia.

La semana pasada, la abogada Ana María Watkins presentó un recurso similar, esta vez contra los 99 diputados que rechazaron la «cuestión previa» del libelo acusatorio, lo que permitió que las acusaciones contra Muñoz y Vivanco se fusionaran en un solo proceso. En esta nueva acción, la acusación se dirige contra la diputada Karol Cariola, en su rol como presidenta de la Cámara, por admitir la tramitación de una acusación constitucional que, según los abogados, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

Los defensores de Muñoz, entre ellos los abogados Karinna Fernández, Alberto Espinoza, Boris Paredes y Adil Brkovic, argumentan que la Cámara de Diputados actuó de manera arbitraria e ilegal al no considerar la inconstitucionalidad del libelo. En su recurso, los abogados señalan que los hechos imputados a Muñoz no tienen relación con los de Vivanco, ya que Muñoz no estuvo vinculado con las conversaciones del abogado imputado por corrupción, Luis Hermosilla, que fueron parte del caso de la jueza.




El recurso también hace referencia a estándares internacionales sobre el debido proceso, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece que cualquier violación de los derechos reconocidos por la Convención es ilícita. Los abogados subrayan que la Cámara ignoró estos principios al consolidar las acusaciones, afectando el derecho de defensa de Muñoz.

En última instancia, la acción constitucional busca que la Corte de Apelaciones declare improcedente el libelo acusatorio colectivo y restablezca el imperio del derecho, permitiendo a Muñoz impugnar la decisión que lo destituyó de su cargo.



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