Apoderados del INBA rechazan criminalización tras explosión que dejó a decenas de estudiantes heridos; Gobierno anuncia querella
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La explosión de un artefacto incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) ha generado una crisis sin precedentes. El siniestro, ocurrido durante la tarde del miércoles, dejó a más de una treintena de estudiantes con quemaduras, cuatro de ellos en estado crítico. El incidente ocurrió cuando los alumnos, aparentemente, manipulaban bombas molotov en el baño del recinto educativo, lo que desató una serie de reacciones de las autoridades y la comunidad escolar.
Los apoderados del INBA emitieron un comunicado expresando su profundo pesar por los hechos. «Lamentamos esta tragedia sin precedentes en nuestro recinto educacional, donde decenas de estudiantes han resultado con quemaduras y cuatro de ellos están en riesgo vital», señalaron. También extendieron su apoyo a las familias de los afectados, instando a la comunidad escolar a unirse en estos momentos de angustia y dolor.
Sin embargo, los apoderados rechazaron cualquier intento de criminalización de los estudiantes involucrados, recordando que muchos de ellos son menores de edad y, como tales, sujetos de derechos según la legislación chilena. «Debemos ser tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de criminalización hacia estos jóvenes», enfatizaron en su declaración.
En su mensaje, los familiares también reflexionaron sobre las causas que llevan a los estudiantes a recurrir a este tipo de actos extremos. «Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado», afirmaron. Asimismo, señalaron que muchos jóvenes enfrentan incertidumbre y frustración por las condiciones de vida y la falta de oportunidades, lo que, según los apoderados, debería ser el foco de análisis. “Manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio”, concluyeron.
Acciones del gobierno y estado de los estudiantes
Mientras tanto, desde el Gobierno, las autoridades han reaccionado rápidamente ante la gravedad del hecho. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, y el director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, informaron sobre el estado de los estudiantes lesionados. De los 35 afectados, 25 siguen hospitalizados, y 16 de ellos presentan diversos grados de gravedad.
Cataldo condenó lo ocurrido y manifestó su preocupación por la inédita situación, señalando que se deben seguir analizando los hechos para tomar las medidas correspondientes. «Lamentamos profundamente lo sucedido y creemos que es una expresión de complejidades que deben ser abordadas no solo desde el Ministerio de Educación, sino desde el sistema y la sociedad en su conjunto», expresó.
Además, tras una reunión del gabinete de seguridad en el Palacio de La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de la explosión. “Las bombas molotov son armas, con un poder destructivo enorme. Lo que pasó hoy es la confirmación definitiva de ello”, afirmó Tohá, quien llamó a la reflexión sobre el uso de estas herramientas en futuras protestas estudiantiles.
La ministra subrayó la importancia de que estos eventos sirvan como lección para que ningún estudiante contemple nuevamente el uso de artefactos peligrosos como forma de protesta. «Esperemos que esto ayude a que nunca más ningún joven piense que el uso de una bomba molotov es una opción, sin importar el motivo de la manifestación», señaló.
Una comunidad dividida entre el dolor y la reflexión
El suceso en el INBA ha dejado a la comunidad educativa y al país en general sumidos en la preocupación y el debate sobre las causas subyacentes que llevan a los jóvenes a adoptar medidas extremas. Mientras el Gobierno busca establecer responsabilidades y garantizar que no se repitan hechos de esta naturaleza, los apoderados del internado insisten en que la solución pasa por abordar las causas estructurales de la frustración juvenil, más que por criminalizar a quienes se ven inmersos en estos actos.
Con un 68% de los chilenos que creen que el país va por el camino equivocado, según el último informe de Ipsos, el desafío que enfrenta el Gobierno es doble: por un lado, asegurar la seguridad en los recintos educativos, y por otro, abordar las inquietudes sociales que han llevado a una creciente sensación de incertidumbre entre los jóvenes
