Chiapas, la guerra civil llama a la puerta
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El poblado zapatista “6 de Octubre”, integrante del hoy Caracol IX Jerusalén, se fundó formalmente ese día y mes de 1997, con las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Desde entonces, sus habitantes las han trabajado pacíficamente para bien de la comunidad.
Sin embargo, ahora habitantes de Nueva Palestina, junto a integrantes del crimen organizado, con el apoyo de la autoridades del municipio de Ocosingo y del gobierno de Chiapas, pretenden desalojarlos violentamente.
Desde junio de este año, desconocidos portando armas de distintos calibres y con uniformes de color negro recorrieron el poblado, amenazaron a sus habitantes y tomaron fotos. Días después, a dos bases de apoyo zapatistas que salieron a jornalear les advirtieron que tenían que irse de la comunidad o los iban a sacar por “la mala”. Un dron ha sobrevolado el pueblo. El 23 de septiembre, los atacantes levantaron chozas en el pueblo y se dedican a intimidar a los simpatizantes rebeldes.
Las autoridades comunales de Nueva Palestina aseguran contar con el apoyo de los jefes municipales de Ocosingo, provenientes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –el síndico Martín Martínez, conocido por las malas amistades con las que se junta, es originario de esa comunidad–. También con el del gobierno chiapaneco, en manos de Morena. Sin pelos en la lengua, aseguran que les van a dar a los agresores los papeles que acreditan la propiedad de las tierras despojadas. Por si fuera poco, afirman que el crimen organizado, con el beneplácito oficial, dio la instrucción de expulsar de esas tierras a las bases de apoyo zapatistas. La presencia del CJNG en la región es cada vez mayor.
Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal integran la comunidad lacandona. Formada a partir del decreto presidencial de 1972, que dotó de 614 mil 321 hectáreas del Desierto de la Soledad a 66 jefes de familia lacandones, se ha convertido, en terreno de operación y disputa del narco. Aunque históricamente los bienes comunales estuvieron en manos de los lacandones, en la última elección la asamblea escogió a un chol como presidente del comisariado. Sin embargo, a principios de 2024 éste fue desconocido por las autoridades agrarias federales. De manera que, hasta la fecha, el comisariado está descabezado.
Se trata de una región que es la última frontera en territorio mexicano antes de llegar a Guatemala. Hacia el norte, colinda con comunidades en resistencia, como el poblado zapatista “6 de Octubre”.
Algunos lacandones (incluyendo autoridades) se han asociado al crimen organizado. En su territorio descienden avionetas cargadas con cocaína (https://shorturl.at/yHOv). En Frontera Corozal y en Nueva Palestina algunos comuneros, una minoría muy adinerada, son “polleros” y venden alcohol (actividad vinculada a la explotación sexual de centroamericanas migrantes). Están armados. Han acaparado tierras mediante préstamos leoninos y controlan indirectamente programas sociales como Sembrando Vida, rentando hectáreas de “su” tierra a campesinos que carecen de ella, para que participen del programa y las trabajen.
Para exorcizar el fantasma de la masacre de Viejo Velasco en 2006, las autoridades comunales impulsaron entre 2008 y noviembre de 2022 un proceso técnico y político para determinar un nuevo polígono de Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Se lograron acuerdos con 52 comunidades y vecinos colindantes. Eje de esta negociación es el Plan de Vida para el Manejo Biocultural de la selva. Como parte de la negociación, se llegó a un acuerdo con el poblado “6 de Octubre”, uno de lo seis polígonos internos a Bienes Comunales.
Hasta noviembre de 2022 todo parecía estar listo para el nuevo decreto. Sin embargo, las autoridades de Lacanjá Chansayab interpusieron un recurso legal, alegando que ellos son los únicos beneficiarios del decreto de 1971 y que los tseltales, tsotsiles y choles son invasores del territorio. Esto frenó todo. Se filtró entonces una grabación en la que la entonces diputada Patricia Armendáriz regañaba a gritos a las autoridades de Lacanjá. Les exigía presentar un plan de desarrollo –que contrarrestara la propuesta comunitaria del Plan de Vida– para que junto con ella, vinculada a la Fundación NaBolom, pudieran recibir financiamientos de agencias internacionales. En el audio, la empresaria confiesa que financió personalmente al abogado que interpuso la demanda legal que frenó el proceso que definiría el Nuevo Polígono de Bienes Comunales (https://shorturl.at/rWjhU, minuto 1:09).
En febrero de 2023 nombraron autoridades comunales en Frontera Corozal, desconociendo al comisariado comprometido con el proceso agrario y el Plan de Vida. En diciembre de 2023, cambiaron a las autoridades comunitarias en Nueva Palestina, poniendo un comisariado con nula capacidad de gestión y experiencia. Fue así como, el pasado 30 de agosto, los comuneros de Nueva Palestina ligados al PVEM, al tráfico de indocumentados y cercanos al crimen organizado, acordaron agredir al predio zapatista “6 de Octubre”, acompañados por desconocidos con armas de alto calibre.
Chiapas es un polvorín. Secuestros, asesinatos, amenazas de muerte y bloqueos se extienden por todo el territorio. Apenas el pasado 30 de septiembre, un comando armado incendió la presidencia municipal de Benemérito de las Américas. En las regiones Sierra y Frontera los combates entre cárteles se suceden sin interrupción, mientras miles de pobladores se encuentran desplazados. El 9 de octubre, en Ixhuatán se produjo un fuerte enfrentamiento armado, con un saldo de al menos dos muertos. Pobladores tomaron el chalán Rizo de Oro exigiendo la presentación con vida de cuatro pescadores desaparecidos. Migrantes fueron baleados por el Ejército en Villa de Comaltitlán. La agresión en contra del poblado zapatista “6 de Octubre” es un parteaguas en esta escalada de violencia. El Caracol de Jerusalén era una de las sedes contempladas para la celebración de los encuentros de resistencia y rebeldía zapatista.
No es exageración, en Chiapas la guerra civil llama a la puerta.
Luis Hernández Navarro
X: @lhan55
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