Colectivos sociales y de derechos humanos critican impunidad y falta de reformas a cinco años de la revuelta social
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A cinco años de la revuelta social de octubre de 2019, diversas organizaciones de derechos humanos en Chile han emitido una declaración pública en la que denuncian la actual ofensiva de fuerzas conservadoras y neofascistas, las cuales promueven políticas regresivas que, según las organizaciones, buscan frenar los avances democráticos y de derechos humanos. En el contexto chileno, esta situación se traduce en la represión de las demandas sociales de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche, así como en la criminalización de las manifestaciones surgidas desde el estallido social de 2019.
Las agrupaciones firmantes destacan que, durante los últimos años, la derecha y ultraderecha política, en colaboración con medios de comunicación afines al poder empresarial, han intentado deslegitimar el estallido social calificándolo como un estallido delictual. Esta narrativa, señalan, busca inhibir la movilización social y la lucha del pueblo chileno por transformaciones profundas que desafíen el sistema heredado de la dictadura y perpetuado por los gobiernos sucesivos.
En su declaración, las organizaciones reivindican la legitimidad de las demandas sociales por cambios estructurales y la creación de una nueva Constitución que permita un ejercicio soberano de los derechos sociales y económicos. También critican la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las protestas, que resultó en homicidios, heridos y casos de violencia política sexual, tortura y persecución penal. Denuncian que las violaciones a los derechos humanos han sido documentadas por organismos como la ACNUDH y Amnistía Internacional, pero solo un mínimo porcentaje de los casos ha resultado en condenas, lo que evidencia una situación de impunidad.
Las organizaciones apuntan también al rol del actual gobierno, acusando al Presidente de no cumplir su promesa de reformar a Carabineros y de respaldar a su director general, Ricardo Yáñez Reveco, a pesar de las imputaciones en su contra. Según la declaración, esta falta de acción perpetúa la revictimización y el abandono del Estado hacia las víctimas.
Las organizaciones llaman a no permitir que se repita la impunidad que marcó los crímenes de la dictadura y advierten sobre la normalización de prácticas represivas. Asimismo, mencionan las preocupaciones expresadas por Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, respecto a la falta de independencia judicial en Chile.
Finalmente, la declaración subraya la importancia de la libertad de expresión y critica a los medios de comunicación masivos por promover una agenda que desinforma y criminaliza la protesta social. Las agrupaciones reiteran la necesidad de continuar luchando por una sociedad justa, democrática y basada en el respeto a los derechos humanos.
Entre las organizaciones que suscriben la declaración se encuentran la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Víctimas de Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y numerosas agrupaciones de trabajadores, académicos y colectivos sociales, nacionales e internacionales.
DECLARACIÓN
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