Proceso contra generales (r) de Carabineros: Fiscalía solicita arraigo nacional
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El proceso judicial contra los generales retirados de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, continúa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Estos altos mandos son investigados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios, cometidos durante la represión de las protestas del estallido social en 2019 en Chile. En la audiencia de formalización, que ha tenido lugar en dos jornadas, el Ministerio Público, junto a los querellantes, presentó las medidas cautelares que se solicitan para los imputados.
La fiscal de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, lidera la acusación y ha solicitado la aplicación del artículo 155, que abarca desde la medida mínima hasta la prisión preventiva. Chong argumentó en sus alegatos que, dadas las condiciones de retiro de los imputados, se considera suficiente imponer el arraigo nacional y la firma quincenal para los tres exgenerales, en lugar de una medida más severa. En su exposición, señaló que la conducta de los acusados y su situación actual no representan un riesgo que pudiera entorpecer la investigación.
Sin embargo, cuatro de los querellantes insistieron en la solicitud de prisión preventiva para los exoficiales, mientras que otro abogado representante solicitó arraigo nacional y arresto domiciliario total. La Fiscalía ha mantenido sus argumentos, indicando que, a pesar de contar con información sobre las vulneraciones que se estaban cometiendo durante las manifestaciones, los altos mandos de Carabineros no actuaron para evitar las violaciones a los derechos humanos.
Suspensión de la formalización y continuidad del proceso
Después de dos jornadas de argumentos, el tribunal decidió suspender la formalización de Yáñez, Rozas y Olate, a la espera de la resolución final sobre las medidas cautelares. La audiencia se ha reanudado hoy para continuar con los procedimientos contra los exgenerales por su responsabilidad en la represión durante el estallido social.
En su acusación, Chong decidió concentrarse en 228 casos específicos de un total de 1,386 reportados inicialmente, en los cuales las víctimas resultaron gravemente heridas por el uso de armas antidisturbios como escopetas y lanzagases. Los daños provocados incluyeron lesiones graves y muertes.
Contexto y reacciones de las víctimas
El estallido social, que se extendió desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, dejó un saldo de alrededor de 30 muertos y miles de heridos, incluidos más de 400 casos de personas con daños oculares severos debido al uso de escopetas antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad.
La vocera de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, María Paz Grandjean, calificó el inicio del proceso penal como un hito importante en la búsqueda de justicia. En declaraciones al programa Radioanálisis de la Universidad de Chile, expresó: “Como agrupación, lo que nosotros deseamos es un real nunca más, que verdaderamente existan las garantías de no repetición, y para que eso suceda, debe haber justicia y reparación”.
Coincidencia con el quinto aniversario del estallido social
El proceso contra los exgenerales coincide con el quinto aniversario de las protestas que estallaron inicialmente por el alza en el precio del pasaje del metro, pero que rápidamente se transformaron en un movimiento nacional en contra de las desigualdades sociales y el modelo neoliberal vigente en Chile. Las demandas de los manifestantes incluyeron la redacción de una nueva constitución para reemplazar la impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). No obstante, dos intentos de cambiar la constitución fueron rechazados en referendos por diversos motivos.
Cinco años después, analistas coinciden en que las causas subyacentes que motivaron las protestas de 2019, como la crisis en el sistema de salud y educación, las bajas pensiones y la inequidad en el acceso a la justicia, siguen vigentes, y el proceso judicial en curso busca dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de las víctimas del estallido social
