La Derecha es vengativa con el juez Sergio Muñoz
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La inmobiliaria Fundamenta, sin razón alguna, considera que el juez Sergio Muñoz la ha perjudicado en la tramitación de un juicio entablado por vecinos de Ñuñoa en contra de su proyecto de 4 torres de 32 pisos c/u en esa comuna y por ello, con una pueril e infundada denuncia de un abogado de apellido Fuentes en la Corte Suprema, se le acusó que habría entregado información privilegiada a su hija Graciel, también jueza, con lo cual se configuraría un «notable abandono de deberes». Se utilizó como justificativo el hecho de que ella quería desistirse de una promesa de compraventa de un par de departamentos de ese cuestionado proyecto. Con esta maniobra, la Derecha justificó su embestida al magistrado presidente de la 3a Sala de la Corte Suprema.
Se debe saber que dicha empresa, muy enojada con Muñoz, contaba con el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018, mal cursado a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. por un director de obras municipales (DOM) subrogante, recordando que durante el período de un año, 30/08/2018–30/08/2019, hubo un congelamiento de ingresos de permisos de edificación en Ñuñoa, pues la autoridad estaba tramitando una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) para, entre otras cosas, proceder a limitar las alturas máximas de las edificaciones a 15 pisos. Este instrumento normativo entró en vigencia el 30/08/2019, con lo cual se demuestra que el aludido permiso de edificación por las 4 torre de 32 pisos se cursó mientras estaba vigente el congelamiento, pero ello fue posible porque, conforme a la regulación nacional, su solicitud ingresó en la DOM con fecha 25/04/18, luego cuando no había restricción urbana.
Por las fechas descritas, en conocimiento que construir torres de más de 30 pisos es muy distinto que construirlas con solo 15 pisos, ello por las ganancias a obtenerse, se entiende claramente el apuro que tuvo el funcionario municipal para otorgar el permiso, sin revisar el Estudio de los Conos de Sombra, relacionado con el volumen teórico del proyecto, estudio que la 3a Sala de la Suprema resolvió que debía ser analizado por la Administración, en este caso por la Seremi Minvu, instancia superior jerárquica de la DOM de Ñuñoa, materia que supuestamente se determinará en los próximos días. Sin embargo, esta decisión de la autoridad central competente, por el prolongado tiempo transcurrido, operando la prescripción, no afectará al negocio trucho de las torres, aunque sí se acreditará el embuste en comento.
Recordamos que hace un par de años, la jefa de gabinete de la alcaldesa Emilia Ríos y un arquitecto de esa municipalidad, nos solicitaron una entrevista para analizar la situación existente, ya que la prensa estaba dando cuenta del conflicto. Nos reunimos los tres en un café de la calle Isidora Goyenechea, Las Condes, y a ambos funcionarios se les explicó que el mencionado «estudio» estaba mal elaborado, sin saber qué acciones correctivas adoptó dicha municipalidad. Es más, el ingeniero civil Rodolfo Acha, miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, también le ha expresado a la Seremi Minvu que ese «estudio» contiene innumerables errores, dando cuenta asimismo que el propio permiso de edificación del año 2018 vulnera diversas disposiciones reglamentarias y legales. Por razones entendibles, estos aspectos asociados a la tramitación del proyecto no son publicados por la prensa de derecha.
Pues bien, la semana pasada la Cámara de Diputados, con los disciplinados votos de los partidos políticos UDI, RN, Evópoli, que conforman Chile Vamos, más Republicanos y Social Cristiano, livianamente suspendió al juez Muñoz de sus funciones jurisdiccionales, al aprobar la misma acusación constitucional que afectó a la jueza Ángela Vivanco, pero por motivos muy diferentes (sic). En efecto, Vivanco mantenía infinidad de amistosos diálogos y tratos non sanctos con el abogado Hermosilla y por ello fue removida de su cargo por parte de la Corte Suprema, a pesar de la interesante defensa hecha por su abogado Cristóbal Osorio. Todos sabemos que se juntaron las 2 acusaciones para asegurarse su aprobación.
Volviendo a la acusación constitucional, se concluyó entonces que, con ese garrafal error de los diputados, se pasó por alto el principio de que las responsabilidades son personales, y ahora la suerte del juez Muñoz será resuelta por el Senado, teniéndose en cuenta que la Derecha, sobre todo la pinochetista, lo considera de izquierda por el contenido de las sentencias en que ha participado.
En nuestra condición de sabedores de las trampas que muchos privados cometen para obtener mayores lucros en las actividades productivas, conociendo además la probidad y el estricto apego a la ley por parte del juez Muñoz, el 10/10/2024 expresamos nuestra posición respecto de este asunto, ver link
https://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/8920-declaracion-sobre-acusaciones-constitucionales
| Declaración sobre acusaciones constitucionales
Con motivo de las acusaciones constitucionales de hoy, quienes suscriben expresan lo siguiente: (Santiago, 09/10/2024). La justicia ambiental y urbanística se caracteriza por la constante asimetría entre las comunidades y las empresas en las disputas judiciales y administrativas. Esta asimetría se p… |
Obviamente en el juez Muñoz, bajo ninguna circunstancia, se configura el grave delito del “notable abandono de deberes” y él es rechazado por ese sector político por sus apegos irrestrictos a los derechos humanos, por ceñirse a la ley, haciendo prevalecer los asuntos ambientales, luego procediendo conforme a la sana política que busca la justicia social. Involucrarlo en la acusación porque una empleada de la inmobiliaria Fundamenta, quien actúa por cuenta de su empleadora, diga que la hija de Muñoz le «habría» manifestado a ella la frasecita que la opinión pública ya conoce, es hasta burlesco pues no está comprobado. Así las cosas, sostenemos que estamos ante una vulgar operación política para así empatar con lo acontecido con la ex jueza Vivanco, a quien se le considera de derecha.
A muchos diputados acusadores, que forman parte del partido Republicano, no les gustó el desenlace conocido respecto de las innumerables cuentas que tenía Pinochet en el Banco Riggs, investigado por el juez Muñoz y por ello son los que lideran, con otros tantos de la UDI, esta pérfida imputación que producirá efecto solamente si al menos 26 senadores la aprueban. Si llegara a primar el sentido común, lo cual es posible, esta acusación constitucional no prosperará y así se confirmará que los senadores son bastante más serios y responsables que los faranduleros diputados.
Ya que estamos hablando de corrupción, si más gente denuncia en la Contraloría o en el Ministerio Público, las malas prácticas que conocen, dejándose en claro que es perder el tiempo recurrir a los municipios, apoyamos con absoluta convicción la nominación anunciada por el gobierno para que Dorothy Pérez sea la titular en ese importante servicio fiscalizador.
Patricio Herman
Felipe Portales says:
Está claro que la derecha tradicional le tiene una particular enemistad al ministro Sergio Muñoz, por su destacada y valiente labor de impartir justicia en connotados casos de violaciones de derechos humanos bajo la dictadura y respecto de Pinochet y el Banco Riggs. Pero, por otro lado, habría que preguntarse si Graciel Muñoz -más allá de lo que denuncia una funcionaria de la empresa inmobiliaria- efectuó, y cuando, dos desestimientos de compromisos de compra de departamentos en el conjunto de Plaza Egaña; y si ello coincidía con los tiempos en que su padre estaba o no en la Sala que veía el gran conflicto que estaba por dilucidar la Corte en la materia. Otro punto es qué tanto sabía Sergio Muñoz acerca del incumplimiento que habría hecho su hija -según se ha denunciado- de estar indebidamente ejerciendo sus labores de jueza telemáticamente desde fuera del país. Y otro punto que podría complicar aún más en términos de imagen todo lo anterior es que Graciel Muñoz -de acuerdo a un reportaje de «The Clinic»- habría adquirido en 15 años de labores judiciales 26 propiedades que sumarían un valor de más de 600 millones de pesos, entre departamentos, estacionamientos y bodegas.; y que -de acuerdo a un reportaje de «Ex Ante»- en varias de las compras de departamentos habrían habido vínculos de diversa naturaleza entre padre e hija.