Poder y Política

Cámara de Diputados rechazó la Acusación Constitucional del PREP contra la Ministra Carolina Tohá

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Este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una votación que no logró la mayoría necesaria para su admisibilidad. La oposición no logró consenso. Quienes votaron a favor fueron los sectores más duros y cercanos al Partido Republicano (PREP). Con 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, la Sala decidió no dar lugar a la tramitación del libelo, cerrando así el proceso en la Corporación.

Desarrollo del debate y argumentos

La sesión especial inició sin la apelación a la «cuestión previa» por parte de la ministra Tohá, quien optó por ir directamente al fondo de las acusaciones. El informe de la comisión revisora había recomendado rechazar el libelo, y, en consecuencia, se le dio la palabra al diputado Luis Sánchez (PREP), uno de los acusadores.

Acusaciones presentadas por el Diputado Sánchez

El diputado Sánchez expuso las razones para sostener la acusación, subrayando que en los últimos dos años Chile ha experimentado un incremento alarmante en la violencia homicida y en la inseguridad ciudadana. Mencionó que solo un 36% de la población chilena se siente segura caminando de noche, lo que, según él, refleja la ineficacia de las políticas de seguridad del actual gobierno.

Sánchez también criticó la gestión del control fronterizo y la inmigración ilegal, argumentando que las autoridades han sido incapaces de manejar estas crisis. Asimismo, destacó que la responsabilidad política recae en el gobierno de Gabriel Boric y en la ministra Tohá, y justificó la acusación como un mecanismo necesario para exigir cuentas y enfrentar lo que calificó como una incompetencia manifiesta en el manejo de la seguridad.

Defensa de la Ministra Tohá

En representación de la ministra, el abogado Juan Ignacio Piña argumentó que la acusación carecía de fundamentos concretos y violaba los estándares constitucionales. Según Piña, las acusaciones se basaban en situaciones que no eran directamente atribuibles a Tohá, sino a organismos descentralizados, como el Servicio Nacional de Migraciones.

Piña refutó las afirmaciones de los acusadores, señalando que la responsabilidad política de la ministra no se veía reflejada en los hechos presentados. Asimismo, defendió la gestión de Tohá, mencionando mejoras en la implementación de políticas de seguridad y el apoyo brindado al general Ricardo Yáñez, exdirector de Carabineros. Además, destacó que el gobierno de Boric ha incrementado significativamente el presupuesto en seguridad y ha promulgado nuevas leyes en la materia.

Posturas de los partidos políticos

En el debate, se evidenciaron divisiones marcadas entre los partidos de oposición y los oficialistas. Desde el Partido Republicano, José Carlos Meza criticó la gestión del gobierno en materia de seguridad, mientras que Camila Flores (RN) afirmó que los delitos violentos han alcanzado niveles históricos bajo la administración de Tohá. Por su parte, Cristián Labbé (UDI) responsabilizó directamente a la ministra por las muertes relacionadas con la delincuencia.

En contraste, desde el oficialismo y sus aliados, diputados como Jaime Araya (PPD) y Alejandra Placencia (PC) defendieron a la ministra y calificaron la acusación como una maniobra electoral. Araya argumentó que la acusación tenía fines políticos y carecía de bases sólidas, mientras que Placencia sostuvo que se trataba de una puesta en escena para desviar la atención de los problemas de seguridad.

Cierre del Debate

Finalmente, el rechazo de la acusación constitucional marca un precedente en la política chilena, donde las discusiones sobre seguridad pública y la responsabilidad de las autoridades continúan siendo un tema de alta tensión. La votación en la Cámara de Diputados demuestra la complejidad de encontrar consensos en un contexto donde la crisis de seguridad sigue siendo un punto central del debate nacional.

La decisión de la Cámara cierra el capítulo de esta acusación, pero el debate sobre la gestión de la seguridad en Chile y las responsabilidades del gobierno de Gabriel Boric seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política

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