Querella pide levantar el secreto bancario de Hermosilla, Guerra y Chadwick
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Los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza, quienes previamente fueron querellantes en el caso Penta, presentaron una querella en contra del exfiscal Manuel Guerra. La acción judicial fue interpuesta en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago tras conocerse nuevas conversaciones entre el expersecutor y el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.
La querella solicita acceder a las aplicaciones de mensajería y levantar el secreto bancario de Guerra y Hermosilla para el periodo comprendido entre 2016 y 2024. Además, la petición incluye al exministro Andrés Chadwick, mencionando la necesidad de investigar sus comunicaciones y transacciones bancarias en relación con estos hechos.
Esta medida se produjo luego de que un reporte de The Clinic revelara una serie de chats comprometedores entre Guerra y Hermosilla, en los que se aludía a gestiones relacionadas con Chadwick. Cabe recordar que Hermosilla también estuvo involucrado en gestiones con el exministro del Interior durante este periodo.
Los antecedentes del caso señalan que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, imputados en el caso Penta, fueron condenados a asistir a clases de ética, una decisión que también habría sido influenciada por Guerra según las conversaciones reveladas.
Detalles de la querella
La acción judicial fue impulsada por Horvitz, quien es exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el abogado Mauricio Daza. Ambos apuntan al exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, como autor de delitos que incluyen cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. La querella no solo se dirige contra Guerra, sino también contra Luis Hermosilla, quien es señalado como autor del delito de soborno y cualquier otro ilícito que surja durante la investigación.
El documento presentado por los abogados detalla que la querella se extiende a todas las personas que puedan resultar responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores de los delitos mencionados, argumentando las razones y fundamentos tanto de hecho como de derecho que sostienen la acusación.
Horvitz y Daza acusan que el exfiscal Guerra actuó de manera parcial e incorrecta, violando sus deberes como persecutor penal público. Según ellos, el exfiscal no aplicó la ley de forma objetiva, sino que abusó de sus facultades al emplear indebidamente la figura de la «reformalización» para suprimir hechos que sustentaban imputaciones de cohecho y soborno. Además, señalan que Guerra fue desleal y no transparente con los querellantes, asegurándoles que llevaría el caso a juicio oral mientras gestionaba en paralelo una audiencia de reformalización sin informarles los detalles.
Los abogados también sostienen que Guerra envió, la víspera de la audiencia, un texto de reformalización distinto al que finalmente presentó, vinculando estas acciones con una supuesta colaboración con Andrés Chadwick, quien entonces ocupaba un cargo como decano en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.
Las gestiones de Hermosilla y Chadwick
En relación con Hermosilla, la querella detalla que el abogado aceptó la solicitud de Guerra para conseguirle un trabajo, lo que se concretó en agosto de 2021 tras la renuncia de Guerra al Ministerio Público. El exfiscal fue contratado como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde Chadwick era decano en ese momento. Según los abogados, los chats transcritos en la querella evidencian cómo Hermosilla actuó como intermediario entre Guerra y Chadwick para obtener dicho cargo.
Finalmente, en el documento se señala que Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, es imputado como autor del delito de soborno, en grado consumado, según lo estipulado en el artículo 250 del Código Penal.
Por estas razones, los querellantes solicitan que se individualicen y accedan a las cuentas de mensajería (WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones) y correos electrónicos de Manuel Guerra Fuenzalida, Luis Hermosilla Osorio y Andrés Chadwick Piñera, abarcando el periodo entre 2016 y 2024, con el fin de esclarecer los hechos investigados.
