Las condiciones objetivas están dadas, vamos al asalto del Palacio de… Tribunales
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La casta política se ha mostrado muy asombrada por la gran corrupción que se destapó al conocerse las conversaciones telefónicas de su principal protagonista, el abogado Luis Hermosilla, con jueces, empresarios, fiscales, políticos, en fin, representantes de la casta política. Con una hipocresía, cinismo y total desparpajo, gritan a los cuatro vientos: ¡Esto es muy grave, no se puede tolerar en una democracia con un Estado de Derecho!
Primero: El Estado de Chile no es de Derecho, sino de facto, por lo tanto, tampoco es una democracia. Esto lo he demostrado en sendos artículos publicados en Clarín.
Segundo, Luis Hermosilla y sus socios de tropelías, no han hecho más que encontrar y aprovechar el caldo de cultivo para iniciar, con destreza y sin la más mínima moral, su “asalto al Palacio… de Tribunales”. Una vez tomado este Palacio, las demás instituciones del Estado de facto, fallido, inmoral y mafioso, estaban a su disposición, pues los platos estaban servidos.
¿Es necesario recordar que el primer presidente que elegimos los chilenos para reemplazar en el gobierno al general Pinochet, fue designado como candidato en una “elección primaria” dentro del partido Demócrata Cristiano, el acto más corrupto y fraudulento de la historia más o menos reciente del país? Sí, el famoso “Carmengate”.
Y luego, ¡no fue un acto corrupto y fraudulento, el plebiscito convocado por Pinochet (en contubernio con la Concertación), el 30 de julio de 1989, con el propósito de que la ciudadanía votara la aprobación de las 54 reformas a la Constitución de la dictadura, sin que supiéramos en qué consistían estas reformas?
A partir, entonces, de marzo de 1990, todos los gobiernos del tardopinochetismo, no sólo han tenido un origen corrupto y fraudulento, sino todos, absolutamente todos, en menor o mayor medida, han contribuido a crear un Estado corrupto y mafioso. De las corrupciones ya se ha hablado y publicado bastante y, además, sería largo de enumerar; sin embargo, para que el calificativo de mafioso no se quede sólo como un exabrupto del columnista, me voy a permitir reproducir un par de párrafos de un artículo publicado en este medio con el título “De cómo un Estado fallido, ilegal e ilegítimo, deviene en un Estado mafioso”, con fecha 27/10/2016:
“Al mejor estilo de Al Capone, el Estado chileno se las arregla para no cumplir con sus obligaciones a las que está obligado, tanto por las leyes nacionales como internacionales, haciendo uso del cohecho a jueces que pertenecen a un prestigioso estudio de abogados en Inglaterra.
Al caso que me refiero, obviamente, es al dictamen del laudo arbitral sobre la indemnización que debe pagar el Estado de Chile a Víctor Pey, propietario del diario Clarín, y a la Fundación presidente Allende de España, por la confiscación de los bienes por parte de la dictadura cívico-militar luego del golpe de 1973. Los antecedentes se pueden encontrar en este mismo medio en sendos artículos sobre el tema. Los cohechados son nada menos que los miembros del Essex Court Chambers, Sir Frank Berman, QC y V.V. Veeder, QC., es decir, consejeros Legales de la Reina, que es el rango más alto de un abogado en el Reino Unido. Surge aquí la pregunta de rigor: ¿cómo es posible que un Estado pequeño como el de Chile pueda comprarse a unos jueces internacionales de tan alta alcurnia profesional y social? La respuesta no puede ser otra que sí, pues no debemos olvidar que estamos hablando del Reino Unido, que durante el siglo XVI, la reina Isabel I le otorgaba a los piratas el título de Sir (caballero), por los servicios otorgados a la corona inglesa; estos servicios no eran otros que la entrega a la corona de los cargamentos de los tesoros saqueados en puertos de España y de sus colonias”.
El problema, es que lejos de mejorar, la corrupción y los fraudes se han hecho cada vez más comunes y profundos. Tal es así, que la situación actual en el que se encuentra el Estado del tardopinochetismo, ya es muy difícil de remediar. El ejemplo más palpable del deterioro moral, ético, político y social del país, lo representan los socavones de Viña del Mar-Concón. Y mientras tanto, todos mirando p’al cielo, pero los socavones están en el suelo (en la realidad verdadera). Si seguimos en este predicamento, Chile va a caer en el gran socavón, que arrastrará a toda la ciudadanía, especialmente a los más jodidos, con la excepción de la casta política y empresarial, que arrancarán a gozar de sus capitales que ya tienen a buen recaudo en los paraísos fiscales.
Estimado lector, con el objeto de proporcionar más antecedentes sobre lo expuesto más arriba, me permito copiar el artículo “Chile, del golpe de Estado fascista de 1973 al golpe de Estado blando de 1989”, publicado en Clarín con fecha 8 de noviembre de 2017:
Chile: del golpe de Estado fascista de 1973 al golpe de Estado blando de 1989.
Se ha hablado y escrito bastante, por parte de la casta política y de muchos analistas políticos, para explicar que, a partir de marzo de 1990, Chile ha iniciado una transición a la democracia. Sin embargo, lo que realmente se inició en nuestro país a partir de esa fecha, es la consolidación a rajatabla del régimen neoliberal y su afianzamiento, luego del Golpe Blando del 30 de julio de 1989.
La verdadera transición, y no precisamente hacia la democracia, sino a un consenso que permitiera llegar hasta donde estamos el día de hoy, se inició mucho antes. Podríamos establecer abril de 1979, fecha en que se divide el Partido Socialista de Chile, el inicio de la transición política y, especialmente, a partir de los primeros años de la década siguiente, con la “renovación ideológica” de una parte del socialismo. Gracias al financiamiento de los Partidos Socialistas de Europa (de orientación socialdemócrata) a través de una variada gama de ONGs, esta fracción logró, desde una posición de poder dentro del PS, que la unidad se produjera, en 1989, en torno a esa concepción renovada del partido. Esto provocó que muchos antiguos cuadros, renunciaran a la militancia.
Luego del triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, la Concertación se vio en la necesidad de nombrar un candidato para competir en la elección presidencial de 1989, cuyo ganador debía asumir en marzo de 1990. Como era de esperar, la nominación debía recaer en un militante de la Democracia Cristiana. Para tal efecto, se habría de realizar una elección primaria en la que competirían tres precandidatos: Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés Subercaseaux. La elección, llevada a cabo el 27 de noviembre de 1988, dio como ganador a Patricio Aylwin, seguido de Gabriel Valdés y, en tercer lugar, a Eduardo Frei. Sin embargo, hubo acusaciones de serias irregularidades en la elección, pues se conoció que antes del evento, se había manipulado el padrón electoral, incluyendo en él, más de 5.000 personas que no eran militantes. El caso se conoció como Carmengate, por el domicilio de la sede de la Democracia Cristiana en calle Carmen, en pleno centro de Santiago.
Con el “triunfo” de Patricio Aylwin, la transición hacia el consenso con la dictadura y la derecha, seguía viento en popa. Hay que recordar que ya se iniciaba la discusión sobre las reformas que se harían a la Constitución de 1980, para lo cual, tanto la dictadura como la derecha, pedían garantías para que los posibles cambios fueran sólo cosméticos. Para ello, qué duda cabe, nadie mejor que Patricio Aylwin como máximo dirigente de la Concertación. Gabriel Valdés había sido férreo opositor a la dictadura (había sido encarcelado un par de veces) y, por lo tanto, no era del gusto del tirano. Además, quién mejor que don Patricio para encabezar un golpe blando, con vasta experiencia en estas lides.
Al fin, el 30 de julio de 1989, Aylwin ve coronado su anhelo, consolidándose el Golpe de Estado Blando con la aprobación de 54 reformas (consensuadas) a la Constitución espuria, ilegal e ilegítima de 1980 a través del plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar. Es importante recalcar que la campaña de propaganda para aprobar dichas reformas fue estructurada y auspiciada no sólo por la dictadura, sino también, por la Concertación. La ciudadanía no tuvo oportunidad de debatir sobre las reformas, pues fueron conocidas y consensuadas por los que fueron designados para su discusión, al margen de los ciudadanos. Es más, el Decreto con la firma de Augusto Pinochet que convoca al plebiscito, tiene fecha 15 de julio de 1989, es decir, sólo 15 días antes de su realización.
La Concertación basó su campaña para la aprobación de las 54 reformas por parte de la ciudadanía, en que éstas llevarían a hacer de la Constitución de 1980, un texto legal más democrático. Sin embargo, y he aquí por qué digo que ese plebiscito consolidó el Golpe de Estado blando, la mayoría de esas reformas fueron cosméticas y las que realmente importaban, sólo sirvieron para hacer más dificultosa cualquier reforma que se le quisiera introducir con posterioridad, con el Congreso en funcionamiento, debido al aumento de los quórums. Así, la Concertación le ahorró el trabajo a Pinochet que quería dar un autogolpe el mismo día que perdió el plebiscito de 1988.
Gobiernos del tardopinochetismo
Dicho lo anterior, creo que es un despropósito cuando se habla –y reitera- que a partir de marzo de 1990 Chile vive en democracia y viviría una transición hacia su profundización. Asimismo, es un lugar común que se repite constantemente, que la Concertación no podía hacer más en el camino hacia una democracia plena, por temor a un nuevo golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet, que seguía como comandante en jefe del Ejército en forma vitalicia. Esto no deja de ser una justificación para seguir gozando de los beneficios que le otorgaba y le sigue otorgando el modelo neoliberal que tanto le apasiona.
El general Pinochet no contaba ni el con la fuerza militar dentro del propio ejército ni menos de las otras ramas de las fuerzas armadas, ni política dentro de la derecha para una nueva aventura golpista. Hay que recordar que el día del plebiscito de 1988, el general Matthei, el almirante Merino y el general director de carabineros Rodolfo Stange, además de Onofre Jarpa, impidieron que Pinochet sacara las tropas a la calle para desconocer su derrota. Tanto los ejercicios de enlace y el boinazo posteriores y ya en el tardopinochetismo, no fueron más que eso, ya que concernían sólo a un problema que afectaba personalmente al general Pinochet y a su hijo (caso pinocheques). Cuando llamó a Enrique Krauss, en aquel momento vicepresidente de la República (el presidente Aylwin se encontraba de gira en el extranjero), y lo amenazó con tomarse La Moneda, sólo uno de los presidentes de los partidos políticos que habían sido convocados de urgencia a la oficina de Krauss, exclamó: ¡que se la tome!
Por lo demás, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que había sido garante de las conversaciones entre los representantes de la dictadura y de la Concertación para llegar al consenso de las reformas a la Constitución, no habría dado el aval para que el general Pinochet, ni ningún otro militar, se hubiese embarcado en una nueva intentona golpista. Tanto es así, que cuando el tirano se puso un poco chúcaro y no daba su anuencia para avanzar en los acuerdos de marras, el Departamento de Estado, ni corto ni perezoso, le mandó un sutil mensajito envenenándole 4 granos de uva exportada desde Chile, a punto de ser desembarcada en el puerto de Filadelfia.
Siguiendo una tradición.
Cuando se produce el golpe blando, con la aprobación de las 54 reformas a la Constitución de 1980, en el engaño plebiscitado el 30 de julio de 1989, no se hace más que jurar lealtad a la Constitución pinochetista y a la absoluta convicción en el modelo neoliberal, dirigido y auspiciado por un Estado subsidiario, propuesto por los economistas de la flamante dictadura cívico-militar. ¿Pero de qué nos podemos extrañar, si no hemos hecho más que continuar con una tradición que había comenzado hace 179 años? El 18 de septiembre de 1810 (fecha en que conmemoramos nuestra independencia), se convocó a un grupo de notables al cabildo abierto para elegir a la Primera Junta Nacional de Gobierno (asistieron entre 300 y 400 personas); el juramento de los nuevos gobernantes, estaba concebido en estos términos:”¿Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta depositar en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor, conservar y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al supremo Consejero de Regencia como representante de la majestad Real?”.
Y aquí estamos, casi tres décadas después de producido el golpe blando, creyendo que vivimos en democracia y financiando a un Estado que discute proyectos de ley sobre cuestiones que fueron resueltas hace casi 140 años. La educación gratuita fue instaurada por ley en 1879, suscrita por el presidente Aníbal Pinto y Miguel Luis Amunátegui, su ministro de Instrucción Pública. Es decir, la gratuidad de la educación tuvo vigencia durante un siglo, hasta que es derogada por la dictadura cívico-militar.
En síntesis, Chile tiene un Estado en situación de dictadura, por lo tanto, ilegal e ilegítimo, pues quiéranlo o no, seguimos regulados por la Constitución de 1980. Mientras no se cambie a través de una Asamblea Constituyente, lo que se debió haber hecho en vez del golpe blando, una vez terminada la dictadura real, Chile no se habrá constituido en un Estado legal y legítimo. En el peor de los casos, debió insistirse en derogar la Constitución de 1980 y volver a la de 1925 mientras se convocaba a una Asamblea Constituyente. Por lo demás, muchas de las cuestiones que se discuten hoy día, ya estaban prescritas en ese cuerpo legal. Hay que recordar, como lo he explicado en artículos anteriores, que la Carta Magna de 1925 no ha sido derogada por órgano competente alguno. Si no se lograba consenso para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, por último, estudiar las reformas necesarias para actualizarla a la demanda del nuevo milenio: divorcio, reforma judicial, aborto (aunque ya existía el aborto terapéutico), únicas cuestiones que no estaban contempladas en dicho cuerpo legal y que han sido objeto de reformas. Podría seguir con múltiples ejemplos, pero sólo menciono las políticas sobre salud y vivienda social.
Ánimo conciudadanos, casi al terminar la segunda década del siglo XXI, hemos regresado a la segunda década del siglo XX, y todo esto se lo debemos agradecer a la casta política que nos viene gobernando desde 1990, cuyas actuaciones la ha llevado a cometer el prestigioso delito de Lesa Patria. Que las nuevas generaciones se lo demanden, ya que a nosotros sólo nos queda la imagen de una casta corrupta, traidora y capaz de cualquier felonía con tal de lograr sus propósitos y defender sus privilegios.
Hugo Murialdo, periodista, escritor, máster en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política, cursos de post grado en Estudios Latinoamericanos.
Felipe Portales says:
Parece que hay momentos en que la propaganda de quien suscribió el decreto que impidió que Víctor Pey fuera indemnizado por la inicua confiscación de «Clarín» -¡el entonces ministro de Lagos, Claudio Orrego!- aparece entre medio del artículo con propaganda para su candidatura; y otros momentos en que no. ¡Orrego fue decisivo en la decisión que confirmó el despojo de Víctor Pey de la propiedad de «Clarín»; y de la consiguiente consagración del duopolio «El Mercurio-Copesa» desde el año 2000! Y en la anterior elección salió electo gobernador con el apoyo de la derecha (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea le dieron el triunfo); y ahora pretende salir con el apoyo de la izquierda…
Hugo Murialdo says:
Estimado Felipe: el artículo no es sobre el caso Clarín. Sobre el caso he escrito anteriormente, es sobre la situación actual de Chile. Tomo una parte del caso Clarín, sólo para explicar por qué hablo del Estado mafioso. ¿Problemas de comprensión lectora?
Felipe Portales says:
¡Vaya! Aparece una propaganda de Claudio Orrego, quien como ministro de Lagos firmó el decreto por el que ilegal y corruptamente se le dio la indemnización que le correspondía a Víctor Pey, como el confiscado dueño de «Clarín», a señores que no les correspondía en absoluto como lo habían señalado los Tribunales de Justicia que le habían devuelto todas las acciones a Víctor Pey en 1995; y como lo había determinado el propio Consejo de Defensa del Estado en 1975 al desechar completamente la pretensión de aquellos señores (que además pretendían seguir sacando el diario en términos favorables para la dictadura) y estipular que el único dueño era el mismo Pey.
Aditya Rahadian says:
Es muy interesante pensar en las reflexiones de Hugo Murialdo sobre las condiciones objetivas que existen hoy en día. Parece que muchos se sienten atrapados en un sistema legal que parece rígido e inadecuado. Es hora de que nos atrevamos a cuestionar e incluso a desafiar las estructuras existentes, incluido el Palacio de Tribunales. ¿Estamos preparados para este gran paso? Creo que el cambio solo puede ocurrir si nos unimos y luchamos por una mejor justicia. ¡Discutamos más a fondo! Visítenos Telkom University Jakarta