Ministra Vallejo sobre el Caso Hermosilla: “La corrupción de cuello y corbata es la más profunda en nuestra historia reciente
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La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las recientes revelaciones que vinculan al exfiscal Manuel Guerra y al abogado imputado Luis Hermosilla, en el contexto de una investigación en torno al caso Penta. Esta investigación está siendo liderada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien indaga las posibles irregularidades cometidas por Guerra tras la filtración de conversaciones con Hermosilla. Estos chats, que han generado un gran revuelo, no solo mencionan el caso Penta, sino también otros de alto perfil como Dominga, entre otros, dejando en evidencia una red de contactos y posibles conflictos de interés.
Camila Vallejo estructuró sus declaraciones en torno a tres dimensiones: política, judicial y legislativa, con el fin de detallar la magnitud del caso y las acciones que el gobierno está emprendiendo para abordar este complejo panorama de corrupción.
Dimensión Política
En su análisis inicial, la ministra Vallejo calificó el caso como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Chile. “Estamos hablando de una red muy profunda de corrupción de cuello y corbata que ha querido corromper, a través de conflictos de interés o de tráfico de influencias, probablemente, a distintas instituciones del Estado”, afirmó Vallejo. La vocera subrayó que el caso involucra a figuras de gran relevancia pública, quienes, según sus palabras, deben rendir cuentas ante la ciudadanía y la justicia.
La ministra especificó que durante el fin de semana salieron a la luz nombres que ya habían estado asociados a este tipo de escándalos, como el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick. “Son ellos los que tienen que responder y dar las explicaciones a la ciudadanía, además de las explicaciones ante la justicia”, sostuvo Vallejo, subrayando la responsabilidad que estas personas tienen frente a las acusaciones y las expectativas de transparencia por parte de la población.
Dimensión Judicial
En segundo lugar, Vallejo se refirió al avance de la justicia en la investigación. En este sentido, destacó que existe un proceso exhaustivo en curso que está evaluando diversas aristas del caso. “Sabemos que hay una investigación que se está desarrollando muy exhaustiva, que toca distintas aristas, por lo tanto, es la justicia la que va a tener que determinar si es que estos posibles delitos que hemos conocido a través de estos chats se terminan de comprobar… y las penas asociadas a los delitos cometidos”, agregó.
La ministra insistió en que las conversaciones reveladas sugieren posibles actos ilícitos, como la entrega de información sobre causas reservadas. Específicamente, se refirió al caso que involucró al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, como un ejemplo de cómo un fiscal que no tenía relación con la causa compartió información con un abogado externo, lo que podría constituir un delito grave en términos de tráfico de influencias y manejo de información privilegiada.
Dimensión Legislativa
Finalmente, Vallejo abordó la dimensión legislativa del caso, subrayando las acciones que el gobierno está llevando a cabo para prevenir situaciones similares en el futuro. La ministra aseguró que el Ejecutivo está tomando medidas concretas y que, como lo ha señalado el ministro de Justicia, Luis Cordero, pronto se ingresará al Congreso Nacional una reforma al sistema de nombramientos. Esta reforma es parte de un compromiso gubernamental para asegurar que se tomen decisiones basadas en criterios de transparencia y probidad, evitando así la influencia de redes de poder que podrían interferir en el proceso.
Vallejo también se refirió a la agenda de probidad que el Gobierno ha impulsado, la cual incluye la actualización del proyecto de ley del lobby, que busca endurecer las sanciones y penas relacionadas con el tráfico de influencias y los conflictos de interés. “Queremos abordar el fondo del problema y asegurar que las instituciones estén blindadas contra este tipo de prácticas corruptas que socavan la confianza pública”, puntualizó Vallejo.
La ministra concluyó señalando que el Gobierno está comprometido con fortalecer el sistema de justicia y mejorar las normativas para prevenir la corrupción. Este caso, que ha sacudido a la clase política y judicial del país, será una prueba importante para evaluar la capacidad del sistema para sancionar estos delitos y restaurar la confianza en las instituciones.
El caso Hermosilla sigue en desarrollo y la atención pública se mantiene en cómo avanzará la investigación penal, las respuestas de los implicados y las medidas que el Congreso discutirá en las próximas semanas. La ministra Vallejo enfatizó que la transparencia y la probidad son principios innegociables para la administración actual, y que la justicia deberá determinar las responsabilidades en este escándalo que sigue impactando a Chile.
