La crisis alimentaria y la restricción al derecho a la protesta en Argentina denunciadas ante la ONU
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En el marco de la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el CETIM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron la grave situación de derechos humanos en Argentina durante el debate sobre situaciones urgentes que requieren la atención de dicho Consejo.
Las dos organizaciones alertaron sobre la profunda crisis alimentaria que se vive en el país provocada por las políticas de ajuste del nuevo gobierno ultraliberal de Javier Milei. También señalaron las graves restricciones al espacio cívico, que se visibilizan en los ataques en redes a cualquier disidencia, en el avance contra el derecho a la protesta y la criminalización de los movimientos sociales y personas que se manifiestan.
Apenas asumió el gobierno, Javier Milei decidió dejar de enviar recursos y alimentos a los comedores comunitarios de todo el país, donde todos los días se alimentaban cientos de miles de personas de sectores vulnerables, la mayoría, niñas y niños. En mayo de 2024 se conoció que el Ministerio de Capital Humano tenía almacenadas 5 mil toneladas de alimentos sin repartir desde diciembre. El ajuste y la interrupción a la distribución de recursos a esos comedores generó una profunda crisis alimentaria. El 20,6% de los hogares presenta signos de inseguridad alimentaria, es decir, carecen de acceso regular a alimentos adecuados. En abril de 2024, el 52% de los hogares tuvo que dejar de comprar algún alimento (11% más que en junio de 2023). La octava encuesta realizada por UNICEF sobre la situación de niños, niñas y adolescentes revela una situación dramática: 7,7 millones de niños y niñas consumen menos carne y lácteos, y al menos un millón se van a dormir sin cenar o se saltean una comida diaria.
La pobreza escaló del 44 al 52% en un año en Argentina. La inflación interanual tomada en julio marcó un aumento del 285% y la acumulada, de enero a agosto de este año, fue de 95%. Ni la jubilación mínima ni el salario mínimo alcanzan para cubrir la canasta básica, es decir que no alcanzan para vivir dignamente y evitar la pobreza. El poder adquisitivo de los salarios cayó un 27,3% desde noviembre. Toda esta situación está impactando particularmente a los derechos económicos sociales y culturales de las clases populares, de las personas y comunidades ya vulnerabilizadas: las y los trabajadores, las comunidades campesinas y rurales, los hogares de los barrios populares, y en particular las mujeres, niñas y niños y personas mayores de edad.
En paralelo a la situación de deterioro de las condiciones de vida, se recorta el derecho a la protesta como mecanismo de reclamo. El gobierno nacional aprobó un protocolo que dispone que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia, y habilitó que las policías repriman, desalojen y detengan a manifestantes sin orden judicial. Este protocolo ha sido criticado por procedimientos especiales de Naciones Unidas y el gobierno desoyó sus recomendaciones.
Desde la entrada en vigor de esa norma, al menos 93 personas fueron detenidas arbitrariamente en todo el país. También se produjeron varias detenciones arbitrarias a personas en situación de calle, lo que representa criminalización de población en extrema vulnerabilidad. En algunos casos, las actas policiales no mostraban indicios de que los detenidos hubieran cometido delitos y, en otros, las gravísimas acusaciones iniciales no pudieron sostenerse por falta de pruebas.
En vista de lo anterior, se acudirá a los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU para presentar, en colaboración con otras organizaciones y en particular con las organizaciones campesinas del país, un informe completo sobre la emergencia alimentaria y las políticas del gobierno, pidiendo al mismo tiempo a dichos mecanismos a que insten al gobierno argentino a respetar sus compromisos en materia de derechos humanos.
La declaración ante la ONU:
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