Servicios públicos no pueden seguir en manos privadas
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La necesidad de que el Estado de Chile comience a participar de manera predominante en el control y administración de servicios públicos vitales para la población que en el pasado fueron entregados total y exclusivamente a grandes empresas privadas, ha quedado en evidencia en las últimas semanas.
Hoy el aparato estatal se limita a observar a la distancia la explotación de tales servicios con la consiguiente acumulación de ganancias y utilidades para sus eventuales controladores, los que a menudo son sorprendidos en graves deficiencias e inaceptables abusos que invariablemente afectan a las clases populares.
Los grupos económicos favorecidos con lo que para ellos constituye solo un negocio más tienen como único norte el acrecentamiento de sus fortunas y patrimonios, sin tomar en cuenta ni considerar al público usuario que en el modelo vigente no tiene a quién ni dónde reclamar con la certeza de que va a ser escuchado porque el mercado dispone de sus propias leyes en las que no aparece el bienestar de quienes carecen de grandes recursos.
Es lo que ha ocurrido con la energía eléctrica y el transporte colectivo de pasajeros, que han ocasionado severos problemas a la gente desprotegida a través del suministro largamente interrumpido e injustificadas variaciones tarifarias que la ciudadanía ha expresado claramente que no está en condiciones de seguir soportando.
La entrega de esos servicios fundamentales al sector privado se produjo otrora, en tiempos en que la dictadura le declaró la guerra al pueblo, desmanteló al Estado y le arrebató sus funciones reguladoras. Ello fue reafirmado más tarde por los distintos gobiernos de la entonces vigente Concertación, los que terminaron por privatizar lo poco que quedaba.
Sin embargo el presente es 2024, las condiciones han cambiado, los que hicieron de Chile un país privatizado fueron expulsados del poder o en la actualidad permanecen en un papel secundario que ni siquiera les fue otorgado por el pueblo. Es tiempo de que empiecen a concretarse los cambios estructurales por los cuales votaron las mayorías en los últimos comicios presidenciales, uno de los cuales es la estatización de las prestaciones indispensables que se requieren.
Si el Estado logra recuperar su rol rector y recobrar las facultades y atribuciones que le corresponden, y que se ejercen en favor de todos, las clases populares contarán con un apoyo que hoy no encuentran en ninguna parte. Los privilegios para los dueños del dinero no pueden ser eternos.
Por de pronto no puede aceptarse los prolongados apagones de gran parte de agosto como consecuencia de un temporal de lluvia y viento que duró solo un día, el primero de ese mes. La falta de suministro llegó a afectar en determinado momento a medio millón de hogares en la zona centro sur y alteró la normalidad de la vida de mucha gente. En medio de la oscuridad miles de vecinos protestaron indignados y hasta colocaron barricadas en las calles sin luz.
Lo peor fue la muerte de tres personas, adultos mayores de distintas comunas del Área Metropolitana, que eran enfermos electrodependientes y cuyos débiles organismos no soportaron un corte de energía tan extenso. Responsable de lo sucedido fue la transnacional Enel, con sede en Italia pero con lucrativos negocios en Chile, que no prestó la ayuda solicitada en forma oportuna y luego se limitó únicamente a entregar sus condolencias a las familias de las víctimas.
El gobierno anunció sanciones contra Enel, multas y hasta la suspensión de la concesión, nada de lo cual se ha producido. Mientras las cuentas de la luz vuelven a subir en octubre, Enel mantiene su indolencia y la investigación pertinente avanza con la lentitud de los trámites burocráticos. Paralelamente la ciudadanía clama por un cambio radical que asegure el servicio eficiente que se requiere.
Por otra parte,, las tarifas del transporte interprovincial de pasajeros volvieron a subir en forma desmedida durante la extensa celebración de las fiestas patrias, tal como sucede en cada fin de semana largo. Ello dejó sin viajar a muchas personas que disponiendo de tiempo no contaban con el dinero suficiente para pagar lo que se estaba cobrando.
En algunos casos el alza injustificada de los pasajes para dirigirse de Santiago, Valparaíso o Viña del Mar a ciudades del norte o sur, llegó al 50%, 60% y hasta un 80%. Ello no se compadece con el ingreso promedio de los chilenos ni con la situación de menoscabo en que se desenvuelven sectores mayoritarios de la población.
No se sabe que los adinerados propietarios de las flotas de buses tengan licencia para abusar, lo que es una característica del mercado desregulado que nadie fiscaliza. Los reclamos del público no llegan a ninguna parte y estas alzas a cuenta de nada no aparecen consignadas en las cifras oficiales del IPC.
Salta a la vista que hay servicios esenciales que deben pasar a manos del Estado, que es de todos y no solo de grupos privilegiados por la acumulación de dinero. Lo está exigiendo la ciudadanía cansada de los reiterados abusos que le ocasiona la total privatización del país, que se mantiene intocable, hasta ahora.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
Felipe Portales says:
Pero, desgraciadamente, mientras gobiernen las dos derechas (la tradicional o la actual «centro-izquierda») seguirán…