Cinco años después del Estallido Social, se abre un proceso judicial contra altos mandos policiales: un hito en la lucha por la justicia
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Hoy, cinco años después del Estallido Social en Chile, se ha dado un importante paso en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión policial de 2019. En una audiencia clave, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó la investigación penal contra tres ex altos mandos de Carabineros, quienes son investigados por su presunta participación en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, tras las masivas protestas de octubre de 2019. Durante su mandato, la policía fue responsable de la muerte de dos personas y de causar lesiones graves a miles de manifestantes, incluidas secuelas irreversibles como traumas oculares.
Este proceso, esperado durante más de nueve meses, se centrará en determinar si los ex oficiales, en su calidad de superiores jerárquicos, fueron responsables por no impedir la brutal represión policial. Según el derecho internacional y la legislación chilena, los altos mandos pueden ser responsables por los actos de sus subordinados, especialmente si omitieron la supervisión necesaria para evitar violaciones a los derechos humanos.
Un paso histórico en la búsqueda de justicia
Amnistía Internacional ha seguido de cerca la evolución de este caso. En sus informes, como «Ojos sobre Chile» de 2020 y «Responsabilidad penal por omisión de los mandos» de 2021, la organización ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros durante las protestas, resaltando la importancia de procesar no solo a quienes cometieron actos violentos directamente, sino también a aquellos que, en posiciones de autoridad, permitieron o no evitaron estos abusos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que este proceso judicial marca un precedente: «Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no solo a quien apretó el gatillo, sino también a quien omitió hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían».
Las secuelas del 2019
Desde el inicio del Estallido Social en octubre de 2019, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso indiscriminado de escopetas cargadas con perdigones por parte de Carabineros, lo que dejó a más de 400 personas con traumas oculares severos y a miles de heridos. Actualmente, existen más de 1.100 causas judiciales por apremios ilegítimos relacionados con estas acciones, lo que evidencia la magnitud del daño infligido.
Este proceso judicial no solo busca responsabilizar a los mandos policiales por los abusos cometidos, sino que también pretende sentar un precedente internacional sobre el derecho a protestar y el uso indebido de armas para reprimir manifestaciones pacíficas.
La mirada del mundo sobre Chile
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, destacó la relevancia internacional del proceso: «Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso».
Además, la organización reiteró la importancia de la salida del actual Director General de Carabineros de su cargo, debido a que su permanencia podría poner en riesgo la integridad del proceso judicial y las garantías de no repetición.
El inicio de este proceso judicial es un hito en la lucha por la justicia y el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019. Ahora, Chile tiene la oportunidad histórica de rendir cuentas y avanzar hacia un futuro donde la impunidad no tenga cabida
