Tenso debate en la Comisión de Pesca sobre el proyecto que modifica la Ley Longueira
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El lunes 23 de septiembre, la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados y Diputadas fue escenario de un intenso debate en torno al proyecto de ley que propone un nuevo fraccionamiento en la distribución de cuotas pesqueras, lo que implicaría modificar la Ley Longueira. La sesión estuvo marcada por declaraciones cruzadas entre los diversos sectores involucrados, desde la industria pesquera hasta los representantes de la pesca artesanal.
En la sesión participaron Julio Salas, subsecretario de Pesca; Macarena Cepeda, presidenta de ASIPES (Asociación de Industriales Pesqueros); dirigentes de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, que agrupa a CONDEPP, CORANOR, Mujeres por la Pesca y CONFEPACH; así como Juan Montenegro, representante de los trabajadores de la industria de FETRAPES.
Desde el sector industrial, Macarena Cepeda se limitó a leer una carta en la que expuso los puntos de la industria pesquera respecto al nuevo fraccionamiento. Cepeda afirmó que modificar las cuotas pesqueras afecta un derecho de propiedad que, según ella, fue otorgado por la ley vigente, lo que haría inconstitucional la propuesta. “Lo que más nos motivaba de venir era poder hacer frente a una serie de frases hechas y algunos slogans que habitualmente escuchamos en esta comisión”, señaló, refiriéndose a las críticas de que la Ley Longueira habría favorecido a la industria en detrimento de los pescadores artesanales. A su juicio, el fraccionamiento fue producto de un acuerdo entre los actores involucrados y no impuesto por el Congreso.
En respuesta, Hernán Cortés, vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y presidente de CONDEPP, fue contundente al rechazar ese argumento. “No estamos dispuestos a aceptar un acuerdo como la Mesa Pesquera que generó Longueira, en el que se acordó el actual fraccionamiento entre cuatro paredes”, afirmó Cortés, criticando la falta de mejoras para la pesca artesanal en ese acuerdo. Además, calificó de inaceptable que la industria amenace con recurrir a la inconstitucionalidad del proyecto, recordando que la actual Ley de Pesca fue tramitada bajo cohecho y fraude, siendo calificada como «corrupta» por la justicia chilena.
Cortés también enfatizó la importancia de un fraccionamiento más favorable para la pesca artesanal, sugiriendo que un porcentaje de hasta 99% de la sardina para este sector podría generar un aumento significativo en el empleo, dado que la pesca artesanal emplea cinco veces más personas por tonelada que la industria.
Por su parte, la Red de Mujeres de la Pesca Artesanal, representada por su presidenta Sara Garrido, también vocera de la Alianza, solicitó que el nuevo fraccionamiento incluya cuotas específicas para las charqueadoras y encarnadoras, subrayando la necesidad de proteger el rol fundamental que desempeñan estas trabajadoras en el sector.
La tensión aumentó cuando Pascual Aguilera, presidente de CORANOR y también vocero de la Alianza, manifestó su decepción tras escuchar las exposiciones de SONAPESCA y ASIPES, señalando que “el ánimo conciliador ya no es el mismo”, en referencia a la actitud de la industria.
El subsecretario Julio Salas, en tanto, desestimó los argumentos sobre la inconstitucionalidad del proyecto, recordando que el Parlamento ya había votado la nulidad de la Ley de Pesca en sesiones anteriores. Salas también destacó que la discusión sobre la constitucionalidad ya se abordó cuando se aprobó la Ley Corta bajo el mandato del expresidente Piñera, que estableció licitaciones que modificaban los porcentajes de las cuotas pesqueras. Además, subrayó que, año tras año, se aprueba un proyecto de remanente que ajusta las cuotas de pesca artesanal sin generar controversias sobre el fraccionamiento.
Finalmente, Juan Montenegro, presidente de FETRAPES, celebró la decisión de la autoridad de abordar el complejo panorama dejado por el proyecto original. Desde la perspectiva laboral, Montenegro sostuvo que el nuevo fraccionamiento no debería tener un impacto social negativo en el sector pelágico, ya que en las plantas no se diferencia si la pesca proviene de la industria o del sector artesanal.
La discusión del proyecto de ley sigue en curso, y mientras las posturas entre los diferentes actores se endurecen, queda por ver cómo se resolverán las tensiones en torno a una normativa clave para el futuro del sector pesquero chileno.
