El 18 de septiembre: Historia, conmemoración y su transformación política en Chile

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El 18 de septiembre es, sin duda, una fecha de enorme relevancia en la memoria colectiva de Chile. Año tras año, millones de chilenos celebran lo que se ha convertido en el «Día de la Independencia», una jornada festiva marcada por las tradiciones patrias, los desfiles y las fondas. Aquí en la ciudad de Coquimbo, “La Pampilla” ya es una tradición que congrega a miles de chilenos provenientes de diversas partes del país, especialmente de Santiago. Es posiblemente el único momento en que la capital recuerda a Coquimbo, aunque, una vez pasada la Pampilla, los medios de comunicación parecen olvidarse de la región, volviendo a mostrar interés solo cuando se aproximan las vacaciones de verano.

No obstante, detrás de la algarabía, pocos parecen detenerse a reflexionar sobre el verdadero significado de este día en el contexto histórico. En efecto, el 18 de septiembre de 1810 no fue la declaración formal de la independencia de Chile, sino más bien la reafirmación de la lealtad monárquica hacia el rey Fernando VII, entonces prisionero de Napoleón. Este día marcó la instauración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, pero no constituyó, en términos formales, una ruptura con España.

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que una fecha que originalmente no tuvo una intención independentista haya terminado siendo consagrada como el Día de la Independencia de Chile? ¿Por qué el 18 de septiembre, y no el 12 de febrero de 1818, cuando efectivamente se proclamó la independencia por Bernardo O’Higgins, es el día que ha prevalecido en la memoria nacional? Para responder a estas preguntas es necesario abordar no solo los hechos históricos, sino también las interpretaciones y decisiones políticas que han moldeado el imaginario colectivo del país.

El cabildo abierto celebrado en Santiago el 18 de septiembre de 1810 fue una expresión del conservadurismo de la élite aristocrática santiaguina. Lejos de querer romper con la monarquía española, esta élite, aprovechando la crisis de la Corona, buscó traspasar el control del gobierno colonial desde la burocracia peninsular hacia sus propias manos, pero siempre bajo la soberanía del monarca español. El conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, fue designado presidente de la Junta, en compañía del obispo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate, como vicepresidente, y del consejero de Indias, José Marqués de la Plata, un español peninsular, como miembro de la junta. Esta estructura de poder reflejaba la intención de mantener el control en manos de un pequeño grupo de la aristocracia local, cuidadosamente seleccionada. De hecho, solo 450 vecinos de Santiago participaron en este cabildo, todos ellos parte de la élite.

Es interesante destacar, como señala el historiador Luis Corvalán Marquéz, en su libro “Centenario y Bicentenario. Los textos críticos”, que este evento, lejos de ser un acto independentista, fue más bien una maniobra para preservar el poder en manos de la aristocracia local. En este contexto, la independencia formal de Chile no se produjo hasta varios años después, con la declaración de O’Higgins en 1818 y la posterior victoria en la Batalla de Maipú el 5 de abril del mismo año. Sin embargo, a lo largo de las primeras décadas de vida republicana, el 12 de febrero y el 5 de abril fueron conmemorados junto al 18 de septiembre como fechas patrias.

La historiadora Paulina Peralta, en su libro “Chile tiene fiesta: El origen del 18 de septiembre (1810-1837)”, expone cómo se fue consolidando esta fecha como la celebración principal de la independencia, en detrimento de las otras dos. Según Peralta, una de las razones clave fue la presión económica. Las celebraciones del 5 de abril y del 12 de febrero implicaban un gasto excesivo para las arcas del cabildo de Santiago y de los particulares, lo que llevó a que en 1824 se eliminara el carácter oficial de la festividad del 5 de abril. Luego, en 1837, la autoridad decidió suprimir también las conmemoraciones del 12 de febrero, argumentando, entre otras razones, que coincidían con el auge de las faenas agrícolas, lo que impedía a los hacendados, quienes solían organizar estas festividades, atenderlas adecuadamente.

Este proceso de simplificación de las festividades patrias no se debió únicamente a razones presupuestarias o de conveniencia estacional. Como bien plantea Corvalán Marquéz, detrás de la preeminencia del 18 de septiembre como fecha nacional puede haber factores políticos más profundos. Tras el derrocamiento de O’Higgins en 1823, un nuevo núcleo aristocrático, inicialmente reticente a la independencia, asumió el liderazgo del país. Este bloque, compuesto principalmente por la vieja aristocracia de la zona central, fue hábil en reposicionarse y en apropiarse del discurso republicano. Así, a pesar de no haber sido partidarios de la independencia en un inicio, lograron consolidar su poder en el nuevo orden político. Este enfrentamiento entre la aristocracia y los sectores no aristocráticos, que incluyó a los liberales y los militares, se prolongó hasta la Batalla de Lircay en 1830, que selló la victoria del sector conservador.

En este contexto, es posible que la concentración de las festividades patrias en el 18 de septiembre, en detrimento del 12 de febrero, haya sido también una maniobra de la aristocracia para consolidar su control simbólico sobre el país. La figura de Diego Portales, quien emerge como una figura clave en este proceso, ha sido interpretada por autores como Alberto Edwards como un restaurador del orden colonial, pero sin la presencia de los españoles. Portales, en este sentido, representaba la consolidación de un poder autocrático, donde el presidente de la república asumía un rol similar al de un monarca, pero sin corona. Así, el 18 de septiembre, una fecha originalmente vinculada a la lealtad monárquica, fue apropiada por la élite conservadora para representar la fundación de la nueva república, una república que, en muchos sentidos, preservaba el orden social de la colonia.

Este proceso de apropiación simbólica del 18 de septiembre es una muestra de cómo las élites políticas y económicas pueden moldear la memoria colectiva de una nación para servir a sus propios intereses. A medida que la fecha se fue consolidando como el día principal de las festividades patrias, los contenidos de las antiguas celebraciones del 12 de febrero y el 5 de abril se fueron traspasando imperceptiblemente al 18 de septiembre, hasta el punto en que hoy en día muchos chilenos desconocen el verdadero significado de esta fecha en su contexto histórico.

Quizás, como señala Corvalán, sería necesario que en este 18 de septiembre, más allá de las celebraciones y las tradiciones, se abriera un espacio para la reflexión sobre el verdadero significado de esta fecha. ¿Qué implica que celebremos el 18 de septiembre como el Día de la Independencia, cuando en realidad fue un acto de lealtad monárquica? ¿Qué nos dice esto sobre la manera en que hemos construido nuestra identidad nacional? Y, sobre todo, ¿cómo podemos, desde el presente, resignificar esta fecha para que refleje de manera más precisa los valores democráticos y republicanos que deseamos para el futuro de nuestro país?

Para finalizar esta columna, quisiera señalar que, en los tiempos actuales de nuestro país, sin lugar a dudas, estamos enfrentando una serie de problemas en diversos ámbitos, algunos de ellos bastante graves, como los casos de corrupción que han salido a la luz. Sería interesante que, al menos una parte de la izquierda, representada en este momento por Gabriel Boric y su rol como presidente, hiciera una reflexión profunda en torno a esta nueva conmemoración. Una reflexión ideológica o política sobre la situación actual sería pertinente, ya que considero necesario pensar en nuestra patria y en lo que implica su futuro.

Para una verdadera renovación de las izquierdas —en plural— es indispensable volver a los principios universales que, hoy en día, se han distanciado un poco debido a las políticas de identidad. Retomar lo universal sería valioso, y qué mejor que hacerlo desde la idea de patria, una patria justa que no solo nos permita enfrentar el presente, sino también construir un futuro basado en la unidad, la justicia y el bienestar para todos los chilenos.

En este contexto de fragmentación y polarización política, recuperar el concepto universal de la patria se vuelve esencial. Ahora bien, la gran incógnita es: ¿cuál de todas las izquierdas tomará la iniciativa en este camino?

Fabián Bustamante Olguín. Académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo