El horroroso legado de la dictadura
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La crueldad y la perversión no solo para asesinar sino también para hacer desaparecer a un elevado número de compatriotas marcan con sangre del pueblo lo que fue la atroz dictadura que asoló al país y su gente durante 17 años a partir del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973: desde esa fecha – la más negra de la historia ciudadana – Chile nunca más volvió a ser el mismo.
Los detenidos desaparecidos son un reflejo de la tirania militar – empresarial que activada por el imperialismo norteamericano y la oligarquía criolla se levantó inesperadamente, quebrantó todos los principios democráticos y derrocó al gobierno constitucional masacrando a miles de sus partidarios, pisoteando los valores tradicionales de la sociedad chilena e instalándose en el poder valiéndose de la tenencia de las armas y la fuerza bruta.
El golpe de Estado se produjo al cabo de meses de una intensa ofensiva contra el pueblo y su gobierno, con gran profusión de atentados criminales, desabastecimiento provocado intencionalmente y sobre todo mucho odio y encono de los económicamente poderosos porque Chile se encaminaba a tranco firme a una sociedad socialista justa, inclusiva, participativa y solidaria.
Este septiembre se están cumpliendo 51 años de los trágicos acontecimientos en que quedaron inconclusos los sueños de las grandes mayorías populares. Alli perdió la vida el presidente de la República Salvador Allende, cuyo asesinato habian intentado aviones de la Fach que poco antes obedeciendo ordenes superiores habian bombardeado el palacio de La Moneda ante el estupor generalizado.
Los insurrectos no perdonaban que Allende estuviera gobernando para el pueblo y la clase trabajadora. Tampoco que hubiera nacionalizado el cobre, la principal noticia económica de la historia y hasta hoy el sueldo de Chile. Rechazaban la estatización de bancos e industrias, la creación del área de propiedad social y la aceleración del proceso de reforma agraria.
Para el golpismo era inaceptable que la administración allendista estuviera profundizando los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores. Los golpistas observaban con recelo y malestar el respeto gubernamental hacia las garantías individuales y sociales del pueblo, y que se mantuviera plena libertad de conciencia, de prensa y de reunión.
Los que provocaron la muerte de Allende nunca quisieron saber que el mandatario había dispuesto la entrega diaria de medio litro de leche a cada niño chileno. Y agudizaron la odiosa embestida en su contra cuando el presidente determinó la puesta en marcha de Quimantú, la primera editorial del Estado destinada a favorecer la lectura en las familias, lo que nunca antes – ni después – había ocurrido en el país.
Al acudir a la Asamblea General de la ONU el jefe de Estado no fue escuchado por los sectores reaccionarios de civil y de uniforme. Allí el gobernante dijo: «El cambio de la estructura del poder que estamos llevando a cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria de la subordinación a las potencias extranjeras es la culminación de un largo proceso histórico».
La gota que rebalsó el vaso tuvo lugar el martes 4 de septiembre del 73 cuando una impresionante multitud se congregó frente a La Moneda para celebrar el tercer aniversario del triunfo presidencial del abanderado de la Unidad Popular. Esa muchedumbre sin precedentes expresando su apoyo al mandatario socialista hizo que los generales y almirantes insurrectos alineados por el imperio yanqui adelantaran sus planes subversivos.
Aprovechando su presencia en Valparaíso de los buques y marinos norteamericanos de la Operación Unitas, el golpe se asestó el día «11». Había esperado tres años desde que – inmediatamente después de la victoria allendista – el presidente de la empresa El Mercurio, Agustin Eddwards, viajara a Washington para clamar a nombre de la oligarquía a la Casa Blanca su intervención para impedir en Chile un régimen socialista.
La dictadura se prolongó por un tiempo interminable que dejó muerte, sufrimiento, destrucción y profundas heridas en el alma nacional. Sus secuelas todavía permanecen en pie al igual que el modelo de desigualdades llamado neoliberal a través el cual se procedió al desmantelamiento del Estado y la privatización de sus servicios e instituciones, y la impunidad para la mayor parte de los crímenes cometidos.
Durante la sangrienta era pinochetista se perpetraron más de 5 mil homicidios, en lo que fue el comienzo del crimen organizado y de esa cifra hubo más de un millar de detenidos desaparecidos. Al término de la tiranía faltaban exactamente 1.162 personas, hombres y mujeres que pensaban distinto al régimen militar y que pagaron con sus vidas su disidencia democrática.
El drama de los detenidos desaparecidos es el mas doloroso de entre las multiples barbaries desatadas por el capitan general del genocidio contra el pueblo. Nunca se supo si sus cuerpos fueron quemados, dinamitados o lanzados al fondo del mar. En muchos años no se volvió a conocer su paradero o dónde quedaron sus restos, lo que acrecienta la angustia de sus familiares y la pena de todo el país.
Ante la infamia de los altos mandos castrenses – de ayer y de hoy – y de los reclusos de Punta Peuco, que se niegan a colaborar para tratar de encontrar esos restos solo queda intensificar el Plan Nacional de Búsqueda implementado por el actual gobierno y hasta ahora sin resultado alguno. La respuesta a la pregunta «¿Dónde están?» no puede seguir esperando indefinidamente.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
