Diputados del Partido Socialista impulsarán acusación constitucional contra ministra Vivanco y jueces involucrados en Caso Hermosilla
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Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) anunciaron que tomarán medidas para impulsar una acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y otros jueces presuntamente implicados en una red de tráfico de influencias vinculada al abogado Luis Hermosilla. Esta decisión se produce tras la publicación de un reportaje del medio Ciper Chile, el cual reveló conversaciones de WhatsApp entre Hermosilla y Vivanco que apuntan a una manipulación en la designación de salas para dictar fallos judiciales, y muestran la participación de figuras políticas como el exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Según el reportaje, los chats también revelan gestiones para concretar el nombramiento de Vivanco en la Corte Suprema en 2018, así como consultas para influir en la nominación de magistrados como Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa.
Frente a estas revelaciones, Manouchehri afirmó: “La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado Ciper respecto de la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla”.
Por su parte, la diputada Cicardini destacó la gravedad de los antecedentes: “Los antecedentes de Ciper respecto a la ministra Vivanco revelan la profundidad de la corrupción en un poder tan fundamental como el Poder Judicial y ameritan el impulso de una acusación constitucional”.
Ambos parlamentarios del PS ya son querellantes en el caso Hermosilla, que involucra acusaciones de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. En este proceso, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto con Luis Angulo (pareja de Villalobos) y dos funcionarios de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, se encuentran bajo medidas cautelares.
Este nuevo desarrollo en el caso pone nuevamente en la mira la relación entre el mundo judicial y las élites políticas del país, abriendo la posibilidad de una acusación constitucional que podría generar un importante precedente en la lucha contra la corrupción en Chile.
