Abogada querellante denuncia estrategia de obstaculización en investigación contra General Director de Carabineros
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«Nos parece que es una estrategia destinada a seguir generando obstáculos a la investigación», afirmó Karina Fernández Neira, abogada defensora de derechos humanos y querellante en el caso contra el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco. La declaración se dio a conocer tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Yáñez, quien buscaba declarar ilegal una instrucción emitida por el Ministerio Público.
Fernández Neira explicó que, en abril de 2024, la fiscal Ximena Chong ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) que informara sobre los movimientos migratorios de Yáñez y otros dos generales en retiro, a fin de asegurar el éxito de la investigación que ya ha programado una audiencia de formalización para octubre. La abogada destacó que esta medida «no es intrusiva ni genera ningún obstáculo a la libertad de estas personas, sino que es una relación de información».
En su declaración, Fernández también recordó que el general Yáñez no ha colaborado con la investigación, ya que no se presentó en más de ocho ocasiones en que fue citado a declarar y, en su última citación, optó por guardar silencio. Además, subrayó que el recurso presentado la semana pasada, y que fue rechazado el lunes 2 de septiembre por la Corte de Apelaciones, es parte de una serie de acciones legales previas que Yáñez ha interpuesto para evitar su formalización.
El caso en cuestión gira en torno a la investigación dirigida por el Ministerio Público, que busca determinar la responsabilidad de altos mandos de Carabineros en violaciones a los derechos humanos. La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime de su Octava Sala, integrada por el ministro Hernán Crisosto, la ministra Paola Díaz, y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, determinó que la instrucción cuestionada por la defensa de Yáñez no es ilegal ni arbitraria.
El tribunal concluyó que «no puede atribuirse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la emisión ni acatamiento de la instrucción cuestionada, pues se trata de una medida tendiente al éxito de la investigación que dirige el Ministerio Público». Además, se enfatizó que esta disposición no infringe la libertad personal o ambulatoria del general Yáñez, dado que solo requiere notificar al Ministerio Público sobre cualquier salida o ingreso al país, sin afectar los trámites migratorios normales.
La audiencia de formalización contra Yáñez y los otros generales involucrados está fijada para el 1 de octubre de 2024, donde se espera que enfrenten las acusaciones por las que han sido investigados.
