Corte Suprema aumenta indemnización a familiares de adolescentes secuestrados y ejecutados en 1973
En un reciente fallo, la Corte Suprema decidió acoger un recurso de casación y aumentar las indemnizaciones que el Estado chileno deberá pagar a los familiares de dos adolescentes que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en septiembre de 1973. Los jóvenes, Héctor Enrique Hernández Garcés y Francisco Eugenio Viera Ovalle, fueron secuestrados y ejecutados por agentes estatales en la comuna de San Bernardo, en el contexto de la dictadura militar.
El fallo, emitido de manera unánime por la Segunda Sala del máximo tribunal, revocó la sentencia dictada previamente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había reducido las indemnizaciones basándose en reparaciones anteriores otorgadas a las víctimas por las comisiones de verdad y reconciliación. Los jueces Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo concluyeron que la reducción de los montos indemnizatorios carecía de una fundamentación adecuada y contradicción en los razonamientos.
En detalle, la Corte Suprema estableció que la sentencia de segunda instancia no explicó de manera razonable los criterios utilizados para rebajar las indemnizaciones, lo que constituyó un vicio que llevó a la anulación de dicha decisión. En consecuencia, se resolvió mantener la demanda civil original, ordenando al Estado pagar $100.000.000 a la madre de Héctor Hernández Garcés y $50.000.000 a cada uno de sus hermanos, así como a la hermana de Francisco Eugenio Viera Ovalle.
Los hechos se remontan a septiembre de 1973, cuando Hernández Garcés, de 17 años, fue detenido ilegalmente por soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado al campo de prisioneros en el cerro Chena, donde fue sometido a malos tratos y posteriormente ejecutado. De manera similar, Francisco Eugenio Viera Ovalle, estudiante de la Universidad Técnica del Estado y militante de la Juventud Socialista, fue detenido y ejecutado en las mismas circunstancias.
Este fallo refuerza la importancia de la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, y destaca el reconocimiento de las víctimas y sus familiares en la búsqueda de reparación y verdad.
