El senador Rodrigo Galilea no asume su responsabilidad   

Se ha cumplido exactamente un año, agosto de 2023, desde que se inundaron cientos de casas de alto precio, mal emplazadas en una zona inundable de la ciudad de Curicó y con motivo de ello el canal Chilevisión, con el periodista Julio César Rodríguez como conductor, nos invitó con otras personas, para que entregáramos nuestra opinión al respecto. Otros medios digitales también nos solicitaron que nos refiriéramos al asunto. El proyecto inmobiliario es conocido como Parque Zapallar y la tragedia se produjo porque, tanto los agentes públicos como el actor privado, conscientemente vulneraron la normativa preventiva contenida en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Quien desaprensivamente construyó, pensando solo en las ganancias a recibir, es la empresa familiar de Rodrigo Galilea.

Este instrumento local habla de riesgo de inundación por posible desborde del estero Gaiquillo y pasó, lo que tarde o temprano tenía que pasar, para desgracia de las todas familias que compraron al contado o con créditos hipotecarios esos inmuebles. La totalidad de las autoridades regionales y comunales tenían la obligación de saber que el terreno comprado por Galilea, suponemos que en un precio muy reducido justamente por la afectación en comento, no era apropiado para construir viviendas, pero creyendo aquellas que las fuerzas de la naturaleza no iban a impactar ese sector, miraron para el lado porque se trataba de un buen negocio para el actual presidente del partido político Renovación Nacional.

En este episodio el influyente y arrogante sector privado no reclamó en contra de la «permisología», sencillamente porque no hubo burocracia en la tramitación del permiso y la Contraloría Regional del Maule dio a conocer una serie de ilegalidades cometidas por la desobediente empresa del parlamentario, señalando que el proyecto se llama Conjunto Residencial Parque Zapallar en Curicó, confirmando que se trataba de más de 400 viviendas.

El principal culpable fue el chanta funcionario público, de nombre Carlos Figueroa, quien ejercía el cargo de Director de Obras Municipales (DOM) sujeto que, sin ponderar lo que hacía, como un perrito faldero, para congraciarse con el solicitante, otorgó el permiso de edificación a la empresa Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, persona jurídica que también sabía que era de alto riesgo construir en ese sector. Naturalmente Figueroa, por otros motivos, antes de la fatalidad, había sido destituido de la función municipal de ejercía.

Debido a que la empresa que embaucó a los compradores de las casas se ha desentendido de su responsabilidad, ellos interpusieron una demanda en los tribunales, la que, a la luz de los indiscutibles hechos, aunque tarde, tendrá que favorecer a los desventurados vecinos, los que con las indemnizaciones de rigor, tendrán que rehacer sus vidas. Asimismo hemos sabido que este luctuoso caso de corrupción inmobiliaria ha sido tratado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, sin conocerse el resultado de la investigación que hicieron los parlamentarios.

Por lo relatado, queda en evidencia que Galilea carece de los atributos mínimos necesarios para desempeñarse en el ámbito de los proyectos inmobiliarios y por ello, en nuestra opinión, lo mejor para él, es que siga desempeñándose como político, actividad bien remunerada que no requiere ser especialista en nada, no obstante le da sumo protagonismo y visibilidad a quienes la ejercen.